En portada: El defensor comunitario Edgar Martín, durante una visita de verificación en la cima del cerro La Llovizna. El sitio de alta biodiversidad ha sido afectado por la operación y expansión de un banco de materiales pétreos. Foto: Natalia Martín Belmont
Esta es la primera entrega que reconstruye la operación irregular del banco de materiales pétreos Don Eustaquio. La segunda parte abordará, desde un análisis cartográfico, cómo se ha expandido el proyecto extractivo y la amenaza que representa para áreas destinadas a la conservación.
Preocupado por las afectaciones contra los ecosistemas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Edgar Martín es uno de los habitantes de la comunidad Binnizá de Unión Hidalgo que realiza recorridos a través de los territorios impactados por la operación irregular de bancos de materiales pétreos.
El 29 de abril de 2022, Martín y otros defensores comunitarios recorrieron el cerro La Llovizna. Además de ser un cerro sagrado para su comunidad, es un espacio natural biodiverso que alberga nacederos de agua, una ciénega y vegetación propia de la selva baja caducifolia, ecosistema presente en el sureste mexicano y, actualmente, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), uno de los más amenazados del país debido al cambio de uso de suelo para dar paso a actividades humanas.
Entre las rocas del cerro, ubicado en las colindancias de la agencia La Ventosa y el territorio de Unión Hidalgo, los defensores encontraron cables, sacos vacíos y restos de otros materiales que relacionaron con una detonación ocurrida días antes como constata un acta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según el documento Acta de supervisión de consumo de explosivos, consultado por el equipo de este reportaje, algunos días antes de que Martín recorriera el cerro, el 11 de abril del 2022, fueron realizadas 184 perforaciones de 3.2 metros de profundidad en las que se instalaron y consumieron 850 kg de explosivos con el objetivo de extraer material pétreo como parte de las actividades del banco Don Eustaquio, localizado en el Cerro La Llovizna.
El acta elaborada por funcionarios del ejército mexicano señala que la totalidad del explosivo trasladado por la empresa Equipos y Explosivos del Noreste, ubicada en Yautepec, Morelos, fue consumida durante la voladura. Las actas de embarque y los itinerarios de entrega registran como receptor al empresario Leonardo Triay Cisneros y confirman que tuvo como destino final el banco de materiales Don Eustaquio, operado por el mismo personaje. Personal militar intervino en la supervisión del embarque, el traslado y consumo de explosivos.
Mientras señala restos de un detonador que reposan sobre una mesa de su hogar, Edgar Martín denuncia que, pese a que los explosivos utilizados en abril del 2022 contaban con autorización y acompañamiento de la Sedena, su uso había sido expresamente prohibido por la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad de Oaxaca (Semaedeso).
Autoridades y sus responsabilidades
En el caso del banco Don Eustaquio, como en todos los bancos de materiales en México, intervienen distintas autoridades con diferentes competencias para su regulación. Mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autoriza el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), por su parte la autoridad local, en este caso, Semaedeso, evalua y autoriza el impacto ambiental derivado de la extracción de materiales pétreos. Por su parte, la Sedena regula la supervisión y uso de explosivos, pero su autorización no sustituye el permiso emitido por las autoridades ambientales para su implementación como método de extracción.
En agosto de 2020, la Gaceta Ecológica de la Semaedeso publicó el ingreso del proyecto “Aprovechamiento de materiales pétreos en una superficie de 1.65 hectáreas, banco El Eustaquio”, promovido por Leonardo Triay Cisneros, bajo el expediente 2.S/DCCDS/DIRA/083/2020, donde se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para su evaluación.
Dicha solicitud planteaba extraer, durante un periodo de tres años, 39 mil 874.86 metros cúbicos de hematita, mineral compuesto de óxido férrico y la fuente más importante de hierro en el mundo. La hematita es el mineral primario para la producción de hierro metálico, pero sus usos son variados: pigmentación, aditivo cerámico, además de ser utilizado en las industrias de hidrocarburos y de construcción en la fabricación de cemento.
La evaluación de la Semaedeso concluyó con la resolución en materia de impacto ambiental 113/2020. Mediante el oficio SEAMEDESO/SP/SCCRNB/DCCDS/DIRA/1864/2020, emitido en diciembre del 2020, se autorizó el proyecto con carácter de condicionado.
La autoridad ambiental de Oaxaca refiere que la ubicación del banco de extracción se encuentra en una “zona de alta conservación biológica”, por lo que su operación puede afectar el movimiento de la fauna silvestre que se relaciona entre los ecosistemas presentes en el Istmo de Tehuantepec. Pese a la posible afectación al medio ambiente se emitió la autorización condicionada. Una de las condicionantes es que, “para el aprovechamiento del material pétreo no se utilizará explosivos (…)”, determinó la resolución.
Además, la autoridad ambiental estableció que el promovente debía limitarse a la extracción de material pétreo piedra caliza, es decir, no autorizó la explotación de hematita.
En respuesta a solicitud de información, en mayo del 2026, la Secretaría de Economía confirmó que la hematita es un mineral derivado de yacimientos de hierro, por lo cual requiere una concesión minera para su extracción. A la fecha de esa respuesta, no existía ninguna solicitud de parte del proyecto Don Eustaquio en la dependencia.
La autorización de la Semaedeso contemplaba el aprovechamiento de 39,874.86 m3 de material pétreo sobre una superficie de 1.65 hectáreas. Mientras la solicitud requería un periodo de tres años para las labores, la autoridad local autorizó la extracción sólo por un periodo de 12 meses, el cual cubría de diciembre del 2020 a diciembre del 2021.
Debido a que la voladura con explosivos sucedió cuatro meses después de vencido ese periodo, en abril del 2022, Edgar Martín presentó una denuncia por uso indebido de explosivos ante la Fiscalía General de la República.
Aunado a dicha irregularidad, el defensor también sostiene que la detonación ocurrió meses después de que el volumen autorizado para su extracción ya había sido rebasado. Acorde al defensor comunitario, que ha integrado evidencia documental mediante una demanda de amparo para detener la actividad en el cerro La Llovizna, el 23 de diciembre de 2021 la Semaedeso ya había acumulado cuatro reportes bimestrales que registraban la extracción de 39 mil 970 metros cúbicos de materiales, cantidad que rebasaba el volumen autorizado para el proyecto.
Edgar Martín identifica la investigación penal con el número de carpeta FED/OAX/MR/0001599/2022, radicada ante la fiscalía federal en el municipio de Matías Romero, la cual señala a Leonardo Triay Cisneros como la persona investigada por el uso indebido de explosivos en el banco de materiales.
“Antes de una semana [de presentar la denuncia] la fiscalía le dio carpetazo, pero impugné ante un juez de control porque no había cumplido con la característica de investigación exhaustiva”, denunció Martín. Según su testimonio, el juez ordenó reabrir la investigación y permitió la colaboración de la comunidad [para recabar evidencia]; pero meses después, la fiscalía volvió a archivarla bajo el argumento de que no había una persona indiciada”, a pesar de que sí está identificado el titular del banco de materiales pétreos. Una segunda impugnación derivó, acorde al defensor, en una nueva orden para continuar con las indagatorias.
La batalla penal por el uso indebido de explosivos aún se mantiene en desarrollo, a pesar de un tercer intento de la FGR por cerrar la carpeta de investigación durante 2025. Según Edgar Martín, a través de la emisión de una queja, en 2026, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le respondió sobre la continuación del proceso penal.
Actualmente se aproxima la etapa de investigación. Por ello, el defensor se encuentra preparando la exhibición de pruebas que consolidan la acusación contra Leonardo Triay Cisneros, el empresario que dinamitó el cerro La Llovizna.
Una revalidación “inusual”
Mientras la denuncia era promovida por el defensor Binnizá, la autoridad ambiental de Oaxaca recibió una solicitud para modificar los permisos para la explotación del banco. Tras las detonaciones en el cerro La Llovizna, en abril del 2022, Edgar Martín solicitó a la Semaedeso el expediente del banco Don Eustaquio. Para ello presentó escritos entre mayo y junio del 2022 y reiteró la petición en agosto, ante la falta de respuesta institucional.
A la par que el defensor buscaba acceder al expediente, Leonardo Triay Cisneros solicitó a la Semaedeso, el 13 de septiembre del 2022, una modificación y revalidación de la autorización con el propósito de continuar con la extracción de material pétreo, cuando, según evidencia de la demanda de amparo de Martín, la autorización original ya había vencido en diciembre del 2021 y el volumen autorizado ya había sido extraído.
El 21 de octubre de 2022, la autoridad local resolvió modificar y revalidar por un año la resolución estatal 113/2020. Por medio del oficio SEMAEDESO/SP/SCCRNB/DCCDS/DIRA/1573/2022 emitió una “Modificación y revalidación condicionada en materia de impacto ambiental a favor del C. Ing. Leonardo Triay Cisneros, provemente del proyecto ‘Aprovechamiento de materiales pétreos en el Banco Eustaquio’”.
Por su parte, Edgar Martín asevera, mediante su demanda de amparo, que dicha resolución incluyo atribuciones mayores al agregar un patio de maniobras de 0.28 hectáreas en el vaso de La Ciénega, una zona inundable con palmeras que ofrece refugio y alimento para anfibios, reptiles y aves locales y migratorias, que sería afectada por las actividades extractivas.
La modificación y revalidación emitida por Semaedeso amplió el área de extracción en 3.0153 hectáreas, además de identificar el material a ser extraído como roca tipo hematita. Aún más, incorpora el uso de explosivos como posible método de extracción de material en el banco Don Eustaquio, aunque condicionada a la presentación de los permisos correspondientes emitidos por la Sedena.
La resolución ubica el proyecto dentro de la Unidad de Gestión Ambiental 001 del POERTEO (Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio de Estado de Oaxaca), cuya política ambiental es de “Aprovechamiento sustentable” en sectores agrícola, acuícola y ganadería, y en donde la minería aparece como un sector de uso condicionado.
Entre los criterios de regulación ecológica que la resolución ordena considerar se enlista como condicionante que, en caso del uso de los explosivos “deberá presentar los permisos actualizados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, debido a que los permisos con que contaba el promovente tenían vigencia durante 2022. También exige cumplir con medidas para evitar que el material producto de las voladuras invada áreas fuera de los polígonos autorizados, por el posible daño a la flora y fauna.
Por tanto, la resolución contempla y regula el uso de explosivos como método de extracción, así como establece requisitos para su eventual utilización. Pero ello aun no explica por qué se permitió la voladura de abril del 2022. La resolución de modificación fue emitida seis meses después de las detonaciones documentadas por la Sedena, sin explicar bajo qué autorización ambiental se realizó aquella detonación.
“No puedes revalidar si ya sacaste y extrajiste el volumen autorizado”, denuncia Martín. “La otra razón es que no cumpliste con las condicionantes: usaste explosivos cuando no estaba autorizado. Y solamente puedes iniciar el trámite de revalidación antes de que venza en la autorización”, sostiene el defensor.
El artículo 62 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Oaxaca, citado en la demanda de Martín, establece que la revalidación debía solicitarse durante los quince días hábiles previos al vencimiento de una resolución. El defensor, por tanto, sostiene que la petición de septiembre del 2022 fue presentada nueve meses después de concluido el plazo de doce meses que atribuye a la autorización original.
La Semaedeso, un año y 10 días después de la modificación extemporánea, el 31 de octubre de 2023, informó al promovente que, debido a que se había extraído el volumen autorizado, habían quedado extinguidos los efectos de la resolución 113/2020 y de su revalidación. “No omito señalar que esta Secretaría, sólo dará el seguimiento del expediente
2S.2/DCCDS/DIRA/083/2020 para el cumplimiento de las medidas ambientales pendientes de cumplimiento y no para efectos de continuar con la extracción de material pétreo”, indica el fragmento de la notificación de Semaedeso incorporada en la demanda de amparo presentada por Edgar Martín.
Denuncia por daños ambientales
Sumado a ello, el 4 de noviembre de 2022, Martín presentó una queja y denuncia ambiental ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) por el uso de explosivos en La Llovizna. Esta denuncia se sumó a una previa emitida ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el defensor comunitario quien argumentó el incumplimiento de las medidas de mitigación, y, con ello, un daño irreversible al humedal conocido como La Ciénega.
Para el 17 de febrero de 2023, la Propaeo clausuró la extracción de material pétreo en el cerro argumentando que el promovente “carecía de sustento legal”. Sin embargo, ocho meses después, Edgar Martín registró maquinaria y flujo de camiones en el banco Don Eustaquio. El 17 de octubre de 2023 registró tres máquinas de oruga, góndolas y camiones de volteo, los cuales, relata, descendían del cerro a un ritmo aproximado de 20 unidades por hora.
Frente a la continuación de la extracción, el 23 de octubre del 2023 el defensor inició una huelga de hambre frente a Ciudad Administrativa, en la capital de Oaxaca. Al día siguiente suspendió la protesta tras una reunión con autoridades estatales y la firma de una minuta en que se comprometían en atender la explotación en el cerro La Llovizna.
Como no hubo acciones para atender la problemática, el 18 de noviembre de 2025, Edgar Martín presentó el amparo indirecto 666/2025 contra la Semaedeso en la cual reclama la omisión continuada de la autoridad ambiental para implementar mecanismos de reparación, restauración y garantías de no repetición por las afectaciones atribuidas a la explotación del banco Don Eustaquio.
Un día después, el 19 de noviembre, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca abrió el incidente de suspensión 666/2025-VI-A y concedió parcialmente la suspensión provisional respecto de las acciones de restauración no cumplidas por la autoridad ambiental.
En 2026, el amparo interpuesto por Martín se sobreseyó, pero el defensor impugnó la resolución. Un Tribunal Colegiado admitió el recurso, por lo que la demanda de amparo sigue su curso, protegiendo con ello al cerro La Llovizna frente a la expansión de la extracción de materiales pétreos.
“La Semabieso tenía la obligación de [exigir al promovente para] restaurar el cerro y no lo ha hecho. Eso es lo que el juez está intentando implementar”, detalla Martín quien se mantiene a la expectativa de la resolución de las autoridades.
