En portada: Antimonumento por periodistas asesinados es instalado en Paseo de la Reforma, ciudad de México. Mayo, 2026.
América Latina y el Caribe continúan entre las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos. En 2025, la violencia letal, la criminalización judicial, la estigmatización pública y la censura digital fueron expresiones de una arquitectura regional de silenciamiento. La censura ya no sólo se materializa como prohibición directa, ahora encuentra formas de manifestación nuevas y refinadas.
Estas fueron algunas de las conclusiones presentadas por la organización Artículo 19 en el informe anual “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, que trae un análisis sobre el estado de la libertad de expresión, acceso a la información y la violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. “Si bien cada país construye silencio a su manera, la tendencia regional es clara: una lógica compartida desde el aparato estatal y los poderes fácticos para deslegitimar la crítica y convertir la información en una amenaza que debe eliminarse”, sostuvo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
En México, Guatemala y Honduras, la violencia alcanzó su expresión más extrema: la desaparición y el asesinato. En 2025, México registró una desaparición y siete asesinatos de periodistas, encabezando nuevamente la lista regional. Guatemala documentó una desaparición y tres asesinatos, mientras que Honduras registró dos asesinatos y al menos un caso documentado de tortura contra un periodista comunitario. En conjunto, sólo en estos tres países fueron asesinados 12 periodistas en un año.
La organización documentó 451 agresiones contra la prensa en México, 90 en Guatemala, 77 en Honduras y 55 en El Salvador. El indicador dominante en todos los países fue el ambiente hostil, que en México concentró 199 casos (44%), en Guatemala 44 (49%), en Honduras 28 (36%) y en El Salvador 50, sumando más de 90% de los registrados.
La hostilidad se traduce en amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, discursos oficiales y en desplazamiento forzado. En El Salvador, al menos 44 periodistas se vieron obligados a salir del país en 2025, es decir, entre tres y cuatro al mes.
Otro patrón estructural es el abuso del poder público. En México se documentaron 151 casos (33.48%), en Honduras 34 (44.16%), en Guatemala 20 (22.47%) y en El Salvador cinco casos, todos cometidos por el Estado.
En Honduras, dos de cada tres agresiones fueron perpetradas por autoridades. En México, más de 50% de las agresiones fueron del Estado en sus distintos niveles. En Guatemala, 60% de los casos de abuso de poder consistió en bloqueos informativos en tribunales y ministerios públicos. En El Salvador, el 100% de las agresiones documentadas provino de estructuras estatales. “El poder que debería garantizar la libertad de expresión se consolida como el principal factor de riesgo para su ejercicio”, sostiene la organización en el informe.
La violencia física directa sigue presente en la región. En México hubo 53 ataques físicos, en Guatemala, nueve, y en Honduras, diez, muchos de éstos durante coberturas de protestas, operativos de seguridad o investigaciones sobre corrupción y crimen organizado. En Guatemala, 44% de las agresiones físicas ocurrieron en protestas sociales. En Honduras, una de cada cuatro agresiones documentadas se dio en un contexto electoral. En México, la violencia sobre el terreno continúa afectando las coberturas periodísticas sobre seguridad pública, corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En paralelo, la censura digital y las restricciones en línea emergen como un componente estratégico. Guatemala tuvo el porcentaje más alto de restricciones digitales (12 casos, 13.48% del total), incluyendo intervenciones de cuentas y campañas coordinadas de netcenters; México registró 30 casos de restricciones en línea o vigilancia; Honduras, al menos un caso.
En Cuba, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa documentó 1,285 violaciones a la libertad de prensa. “En este sentido, los patrones de violencia contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos en la isla se recrudecen debido a la presión externa y las políticas de bloqueo cada vez más agresivas de Estados Unidos”, afirma, basada en documentaciones realizadas en los últimos siete años.
En Nicaragua, “la censura se consolidó como un modelo estructural de control total del espacio público”. Documentan que, desde 2018, y con mayor intensidad en 2025, el régimen de Ortega-Murillo ha expulsado al periodismo independiente del territorio nacional mediante cierres forzados, confiscaciones y persecución penal, obligando a decenas de periodistas a exiliarse para preservar su libertad y su vida. En 2025, se mantuvieron las amenazas, la vigilancia, los interrogatorios, la confiscación de equipos y los procesos judiciales arbitrarios con acusaciones ambiguas como “traición a la patria” o “difusión de noticias falsas”, reforzados por la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que obliga a los medios a registrarse ante el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) bajo la amenaza de sanción o de bloqueo.
La organización pudo constatar que lo que conecta estas situaciones no es una ideología específica, sino una lógica compartida que radica en la concentración de poder, la permisividad a poderes fácticos para agredir - sobre todo al crimen organizado-, la deslegitimación de la crítica y la utilización del aparato estatal, sea penal, administrativo, fiscal o digital, para inhibir el escrutinio público.
Transparencia en México
En México, la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en noviembre de 2024, fue, según analiza Artículo 19, un punto de quiebre en las garantías del derecho a saber. El traslado de sus funciones a Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y dependiente del Ejecutivo, reconfiguró el sistema, la vigilancia del poder dejó de estar en manos de un contrapeso autónomo para quedar, en los hechos, bajo la órbita del propio poder que debe ser escrutado.
Denuncia que el nuevo diseño expandió las causales de reserva y abrió zonas grises —por ejemplo, la noción de “paz social” como motivo de reserva— que amplían la discrecionalidad para negar información. Artículo 19 documentó un patrón creciente de “incompetencias” injustificadas, respuestas desactualizadas y pérdida de la trazabilidad documental después del traspaso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Además, la impugnación de las respuestas ofrecidas por el Estado se vuelve más difícil y costosa. Con la reforma, la ciudadanía debe agotar los recursos administrativos resueltos por “autoridades garantes” integradas en los mismos poderes públicos cuya información se solicita. Es decir, son juez y parte. Además, cuando la vía administrativa no tutela el derecho, el juicio de amparo se convierte en la última puerta: más costosa, más técnica y lenta.
México: Opacidad ante emergencia ambiental
En relación al acceso a la información ambiental, un campo de especial relevancia ya que la información constituye un insumo esencial para la defensa de la tierra y el territorio, Artículo 19 presentó 10 solicitudes, para verificar la aplicación del Acuerdo de Escazú -tratado que obliga al Estado mexicano a garantizar la seguridad de las personas defensoras ambientales y el acceso a la información en la materia-. Cinco se dirigieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cinco a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por ser las instituciones que participan en la coordinación del Acuerdo de Escazú y en la puesta en práctica de la política ambiental federal.
De las solicitudes presentadas, la SRE se declaró incompetente en prácticamente todas, a pesar de formar parte de la Mesa Interinstitucional encargada de ejecutar el Acuerdo de Escazú. Esta contradicción se hizo patente en la respuesta de Semarnat, en la que se informó que la ejecución del acuerdo se hace a través de una mesa de trabajo interinstitucional en donde intervienen personas representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Transparencia para el Pueblo, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Semarnat respondió con información basada en documentos de 2021 y 2022, a pesar de haber emitido comunicados oficiales en 2023 y 2024 anunciando avances y “rutas de implementación” del Acuerdo.
Artículo 19 envió, en octubre de 2025, una encuesta a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas ambientales en el territorio mexicano, así como a periodistas de investigación ambiental. La encuesta tuvo como objetivo conocer experiencias reales en el acceso a la información ambiental en México y los desafíos para acceder a información que afrontan en su labor personas defensoras y periodistas. Un total de 15 personas respondieron la encuesta (ocho de distintas organizaciones de la sociedad civil y siete periodistas).
Alrededor de 60% de los encuestados dijo haber recibido información incompleta, 53.3% recibió la respuesta de que la información “no existía” y 84% identificó prácticas reiteradas de aducir información incompleta, afirmar la inexistencia de información, así como incompetencias injustificadas.
“Las fallas documentadas en el ejercicio del derecho de acceso a la información —incompetencias in justificadas, respuestas desactualizadas, desechamientos masivos y ausencia de evidencia sobre procedimientos automatizados— son expresiones de un modelo institucional que privilegia la carga administrativa por encima de la garantía del derecho”, sostiene la organización.
Arquitectura de vigilancia masiva
Aunque el gobierno mexicano sostiene que “no espía”, en 2025 se consolidó un entramado de al menos seis leyes (Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, Ley General de Población, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y Ley de la Guardia Nacional), que en su conjunto facilita la interconexión de bases de datos y el acceso a datos personales sensibles en tiempo real, sin controles judiciales claros, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva y al rastreo en tiempo real, denuncia.
Con la reforma de transparencia de marzo de 2025, por ejemplo, se ampliaron las reservas por “seguridad” y se excluyó a 11 instituciones de seguridad pública de las obligaciones de transparencia.
Resumidamente, Artículo 19 sostiene que la tendencia regional es clara. En México, la violencia es estructural y diversa. En Guatemala, el discurso democrático del nuevo gobierno convive con 90 agresiones y tres asesinatos. En Honduras, el 44% de las agresiones corresponden a abuso del poder público en un contexto electoral militarizado. En El Salvador, el exilio se convierte en la válvula de escape de un régimen de excepción permanente. En Cuba y Nicaragua, la represión se institucionaliza mediante marcos penales restrictivos, vigilancia y represión transnacional.
