Megaproyecto de Topolobampo, la punta del iceberg de algo más complejo

_{Fotos por Aldo Santiago}

Son las primeras horas de la mañana y el sol anuncia un día más, igual que el de ayer, con una temperatura con la cual se podría freír un huevo en el asfalto. La sensación es de al menos 40 grados centígrados. Es el norte de Sinaloa, costa del municipio de Ahome, lugar donde ha echado raíces, desde el año 2014, la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la suizo-alemana Proman Holding AG, esperando a cosechar frutos, por al menos 30 años, vida útil de este complejo el cual es piedra angular de un plan de mayor envergadura.

Esta planta pretende producir 2 mil 200 toneladas métricas por día (tmpd) de amoniaco. Consta de diversos componentes, como un amonioducto, gasoducto, planta desalinizadora y una estación de llenaderas para autotanques, entre otros. Es financiado, en su primera fase, con 860 millones de dólares estadounidenses en capital de deuda, por un consorcio de bancos internacionales, liderado por el banco alemán KfW IPEX-Bank.

En la ya habitual conferencia matutina, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, aseveró desde el 30 de junio, en vísperas de la copa del mundo y en medio de distintas protestas, que la construcción de esta planta de amoniaco, considerada la más grande de Latinoamérica, avanza “al 95 por ciento, a lo mejor muchos no sabían. O sea, se viene construyendo desde hace mucho tiempo y ya solo le falta el 5 por ciento para terminarse”, señaló tajantemente. 

La indígena Mayo-Yoreme Victoria Valenzuela, de la comunidad de Ohuira, la más cercana al polígono industrial, se encuentra en un campamento provisional que es parte de un plantón, en las proximidades de la entrada al complejo industrial. Mientras borda cuidadosamente cuenta para el equipo de Avispa Mídia sobre la falta de información y el desconocimiento de la población sobre el megaproyecto. “Solo mirábamos los trabajos. Hasta que trajeron ese aparato – señala hacia el otro lado de la carretera donde se encuentra un reactor de síntesis de amoníaco- nos empezamos a juntar más gente, hasta que se endureció la lucha”.

El aparato al que se refiere Victoria es un reactor gigante al que, por su forma, le han nombrado satíricamente “el supositorio”, el cual tiene una dimensión de 400 toneladas métricas. Esta máquina es el corazón de este complejo y está diseñado para alcanzar las 2 mil 200 toneladas métricas por día de amoníaco puro (aproximadamente 770 mil toneladas anuales). Lo que implica que cada 24 horas el reactor produce cinco veces su peso, equivalente en amoniaco, un proceso que comprende la transformación de gas natural para obtener hidrógeno, después se combina con nitrógeno a alta presión para obtener el amoníaco.

Tras la llegada del reactor, en mayo pasado, estallaron diversas protestas, hasta el punto en que los indígenas Mayo-Yoreme, junto a los activistas que forman parte del movimiento civil ¡Aquí No!, decidieron accionar de forma contundente. En la madrugada del 15 de junio tomaron la vía terrestre que conecta con la planta de amoníaco, la Carretera Los Mochis - Topolobampo (Estatal 23), donde decidieron declarar un plantón indefinido y la toma pacífica de las instalaciones de GPO.

Desde ese momento, en ese asfalto ardiente, en la entrada del complejo de amoníaco se erigen desde el suelo más de veinte lanzas de madera pintadas con los colores de la bandera de los pueblos Mayo-Yoreme. Es un compromiso que han hecho los pueblos para sostener la resistencia, quienes están “en un estado de alerta máxima”, comparte un indígena que hace guardia, mejor conocido como Yambo.  

El círculo que forman las lanzas simboliza la asamblea de los clanes, de las comunidades, de los habitantes de la región. Anuncian que es tiempo del diálogo, pero también para estar preparados para la lucha. “El objetivo es hacer la lucha para que no nos pongan la planta de amónico. Y estaremos aquí. En lo que haga falta, aquí vamos a estar”, advierte Victoria.

En medio de este simbolismo guerrero, Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia que “se habla con todos y se va a seguir hablando con todos, y se va a escuchar”. Era el adelanto de la estrategia que venía en camino, como un intento para canalizar el descontento. Por instrucciones de la presidenta, en coordinación con el gobierno de Sinaloa, se convocó a cinco mesas de diálogo con los pueblos y activistas, entre el 17 y el 22 de julio de 2026, en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), en Los Mochis.

Esta iniciativa dio inicio con una conferencia de prensa en la que el comisionado del gobierno de la República, Mauricio Rodríguez Alonso, dijo que “el objetivo para nosotros es claro: escuchar las diversas demandas que tienen los distintos sectores y revisarlas de manera seria y razonada”. Estas mesas abordaron temas críticos como la vigilancia ambiental, proyectos productivos, beneficios agrícolas y las condiciones de la bahía.

Todo ello derivó en un resolutivo oficial, presentado el pasado 4 de agosto, con el que pretendían destrabar el conflicto y así poder continuar con la construcción de la planta de GPO.

Esta nueva iniciativa del gobierno se presentó públicamente como el “Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira”, prometiendo restauración y saneamiento de la bahía, así como la atención inmediata para fugas o derrames. Pero la respuesta de las comunidades en resistencia fue la auto consulta.

Para las comunidades indígenas no fue algo nuevo, pues cada que se suscita algún acontecimiento que esté relacionado con su territorio, se consultan entre ellas. “Entonces en cada una de las comunidades se realizó la consulta bajo sus usos y costumbres”, dice el activista Enrique Ayala, del colectivo ¡Aquí No! de Los Mochis. A través de cuatro asambleas refirmaron que el proyecto seguirá detenido. 

El comisionado Rodríguez aseguró con toda certeza que también se brindarían apoyos económicos a pescadores, con motores y subsidios en veda, y ventajas logísticas para los agricultores. Enfatizó que el plan ya define “quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace”, buscando presentarlo como una solución definitiva y consensuada.

El activista Ayala dice para el equipo de Avispa Mídia que el Plan nunca se presentó abiertamente para que pudiera continuar el proyecto de amoníaco, “nunca, ni lo permitimos, ni tampoco lo plantearon como a cambio de (permitir el proyecto), lo sentimos implícitamente, que es otra cosa. Pero el plan nunca fue a cambio de permitir cualquier cosa”, arremete, “el objetivo central es que no queremos la depredación, no queremos la destrucción y no queremos el pisoteo de nuestras comunidades”.

De las propuestas planteadas con este Plan, las comunidades no recibieron en ningún momento algo por escrito y, por tanto, no conocen a detalle de qué va la propuesta del gobierno. 

El diálogo del que habla la mandataria mexicana obtuvo como respuesta de las comunidades una negativa que expresaron mediante un comunicado -lanzado después de su auto consulta - en el que se puntualiza la desconfianza que han generado, los gobiernos estatal y federal, pues la norma ha sido “puras evasivas”, acusan los Mayo-Yoreme. Mientras que a la empresa GPO la acusaron de “financiar la división comunitaria”, al querer comprar conciencias, falsear información técnica, alterar ecosistemas con obras irregulares y negarse, desde su instalación en 2014, al debate científico.

“Con esos antecedentes, la postura comunitaria es la misma, en contra del proyecto de Proman-GPO: la planta de amoniaco”, han señalado los pueblos en resistencia. Mientras tanto, la empresa Proman, en sus distintos informes para sus inversionistas, anuncia que la operación comercial está programada para el final del primer semestre de 2027.

El infierno en Ohuira

Felipe de Jesús Montaño, es el nombre del kobanero - en el ámbito institucional, lo nombran como gobernador de su comunidad- perteneciente al centro ceremonial de la virgen del Carmen de Ohuira -un sitio sagrado de los Mayo-Yoreme- quien también está diariamente en el plantón aguantando el extremo calor y las lluvias. “GPO es un proyecto donde se va a elaborar amoniaco y, va a ocupar el agua del mar, cosa que, al succionar 2 mil metros cúbicos por hora, pues prácticamente sería la muerte de la bahía”, lamenta el kobanero, con una voz tenue, pero decidida, durante entrevista con Avispa Mídia.

La preocupación del vocero de la comunidad tiene sentido, pues el agua que usará la planta servirá no sólo para calentar o mover turbinas, sino que su función principal, en forma de vapor, es reaccionar con el gas natural —principalmente metano— a altas temperaturas para producir hidrógeno. Es decir, el vapor rompe el gas para producir hidrógeno (H₂) y monóxido de carbono (CO). El proceso continúa inyectando aire a 1,000 grados centígrados (°C), y el metano residual se reduce a un mero 0,6%. Tras varios pasos más y, nuevamente, con temperaturas de hasta 510 °C, se logra que el hidrógeno y el nitrógeno se abracen para formar amoníaco, elementos químicos considerados de “Alto Riesgo”, según la propia empresa en su Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo (MIA). 

Además, el riesgo no reside en un solo paso del proceso, sino que continúa hasta el almacenamiento y distribución, donde se combinan, además de las altísimas temperaturas, presiones extremas, también gases tóxicos y atmósferas explosivas. Es por ello que la misma MIA presenta escenarios de riesgo, como fugas de amoniaco en el ducto de 18 pulgadas de diámetro que lo transporta a lo largo de 3 kilómetros y, en los tanques de almacenamiento refrigerados con capacidad de 25 mil toneladas métricas cada uno, considerando que son tres, se habla de un total de 75 mil toneladas.

En el caso de amonioducto, según el área determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la empresa ha modelado tres posibles escenarios de ruptura: desde un golpe por una pala mecánica, impacto de un vehículo, y hasta el quiebre total del ducto, donde se plantea que, para cerrar la válvulas de emergencia, requeriría de al menos 5 minutos, tiempo suficiente para que una nube tóxica se expanda rápidamente impactando en lo inmediato a más de 400 mil personas que habitan en un radio de 1.4 kilómetros y alcanzando hasta 45 kilómetros en condiciones de viento suave.

En el caso de los contenedores, el documento solo proyecta como riesgo un orificio minúsculo en la soldadura de 0.5 pulgadas, en la parte más alta del techo del tanque, pero ¿qué pasaría si la fisura es mayor y se provoca en la base donde la presión es más alta? Aplicando las propias modelaciones de la MIA con respectos al ducto, liberaría, en cuestión de unos cuantos minutos, centenas de litros. Sería un impacto monstruoso, pues el amoniaco en líquido, a 33 grados centígrados, en el momento que entra en contacto con el aire, comienza a hervir violentamente y se expande rápidamente tal como lo plantea la MIA. 

Esto provocaría una nube tóxica que abarcaría mucho más allá de los 45 kilómetros planteados, en condiciones de vientos normales, según el propio documento de la empresa. Sólo un litro de amoniaco líquido se convierte en aproximadamente 850 litros de gas tóxico. Multiplicar esa cantidad por cientos de litros sería fatal, porque abarcaría diversas poblaciones alrededor de la Bahía de Ohuira.

La ingeniera civil Angélica Reyes, que trabajó 27 años en Reino Unido y se especializó en normas y estándares ambientales, sobre todo para la construcción de plantas de energía eléctrica, alerta para el equipo de Avispa Mídia que el único escenario que la empresa modela es una fuga mínima en el techo de los contenedores, pero no considera un impacto mayor, lo cual “representa un riesgo brutal que ninguna aseguradora cubriría”.

Además, dice la experta, los contenedores ya presentan un grado de oxidación y al momento de realizar la limpieza, “se va a reducir el espesor de ese metal. Considero que al reducirse y, con las temperaturas de acá de Topolobampo, que son muy altas, debe haber alguna expansión de cualquier sustancia que haya en esos tanques”.

La ingeniera, quien visita todas las tardes el campamento y tiene a su familia habitando en Los Mochis, considera que “los ceros accidentes no existen, porque están involucrados humanos y esto está en nuestro ADN, y no podemos garantizar nada al cien por ciento en términos de seguridad”.

Reyes además agrega que, “para empezar no hay una ruta de evacuación para todos los habitantes de Topolobampo -la comunidad más próxima al complejo industrial. La única vía que hubiese de evacuación para todos ellos está obstruida, precisamente, por la planta. Todos los habitantes, su salud, su vida, está comprometida por una posible eventualidad”, sostiene la ingeniera para Avispa Mídia.

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU, quienes recibieron información del proyecto de GPO, también alertan que una fuga de amoníaco de tan solo cinco minutos implicaría que toda la Bahía de Ohuira se convierta en una zona de alto riesgo con un "peligro inmediato a la salud o a la vida".

Los relatores también han mostrado su preocupación sobre los análisis de riesgo, al considerarlos limitados, ya que sólo contempla la primera planta de amoníaco. No se tomaron en cuenta los riesgos acumulativos de las fases futuras del proyecto, que incluyen el aumento de la producción de amoníaco en una segunda etapa y la operación de una planta de metanol en la tercera etapa. Solo en esta última fase aparece el fertilizante para cultivos, argumento utilizado por el gobierno federal para justificar el proyecto bajo el discurso de “soberanía nacional”.

La ingeniera Reyes sostiene que la presidenta de México está muy mal informada, pues el argumento del avance del 95%, “lo están haciendo para sostener que no es posible retroceder. Pero aún faltan varios elementos”, asegura mientras señala la falta de mecanismos básicos de seguridad industrial que se observan en fotografías aéreas de la planta.

El valle de la muerte

Son las cinco de la mañana de otro día caluroso en el campamento. Como ya se hizo costumbre para el activista Enrique Ayala, del colectivo ecológico ¡Aquí No!, se suma cada madrugada a las guardias del plantón que recorren en diversos momentos el perímetro de las instalaciones de GPO, para que ningún trabajador acceda, porque los activistas no están permitiendo ninguna actividad. Tras una bocanada de aire, suelta, sin tapujos, “estamos enclavados en el valle de la muerte,” refiriéndose al municipio de Ahome, líder en la producción agrícola de Sinaloa, según la Secretaría de Economía. 

“Este municipio es meramente agrícola, donde empresas transnacionales acaparan la producción, principalmente para exportación a Canadá y Estados Unidos. Entonces decimos que, localmente, existe un agropoder que lo único que les importa es la producción, sin importar la contaminación que provoca -con químicos que terminan en la bahía. Es por ello que los investigadores lo reconocen como el valle de la muerte”, dice el activista Ayala.

Incluso, GPO reconoce y justifica en su MIA que su contaminación es mínima porque la bahía ya está siendo detonada por residuos de fertilizantes y plaguicidas (compuestos nitrogenados y fosfatados), “transportados e incorporados a la laguna costera a través de los escurrimientos continentales, vía eólica y, principalmente, por medio de las aguas de retorno de los canales y drenes agrícolas que vierten sus aguas sin tratamiento previo”, dice el documento de la empresa.

Para Ayala, cuando se justifica la llegada de GPO para apoyar en la “soberanía energética y alimentaría, con fertilizantes y energía, se les olvida que el capital es alemán y, el gas, proviene de Texas. Los alimentos se producen para alimentar al pueblo norteamericano ¿entonces dónde está la soberanía nacional?”, cuestiona con visible enojo. 

El activista tiene claro que GPO es solo la punta del iceberg en el valle de la muerte, “no estamos hablando de una sola empresa. Estamos hablando de un proyecto nacional, estamos hablando de un polo de desarrollo. Yo digo que es un polo de destrucción ambiental y de muerte”, sentencia.

Ayala tiene certeza al referir que no es la única empresa y que la contaminación que se ve venir anuncia la desaparición de la pesca y la cultura que converge en la bahía, considerada la mayor zona de pesca del estado, destacando la producción de camarón y la jaiba.

El pasado 11 de marzo se emitió el decreto, firmado por Marcelo Ebrard, en su carácter de Secretario de Economía, sobre el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Topolobampo, Sinaloa (PODECOBI TOPOLOBAMPO), impulsado bajo el esquema del Plan México y que se encuentra a unos metros de la planta de GPO. Ésta, aunque no está dentro del polígono del polo, obtiene los mismos beneficios fiscales.

De acuerdo con el decreto, y revisando las coordenadas del polígono, el polo tiene una dimensión de 277.5 hectáreas, las mismas que ya están siendo ofertadas al mejor postor -junto a otros 13 parques industriales en el estado de Sinaloa- por la agencia oficial especializada en la promoción y atracción de inversiones nacionales y extranjeras para el estado de Sinaloa, CIT Sinaloa (Center for Investment & Trade). Esta instancia funciona en colaboración público-privada por el Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa y la Secretaría de Economía del estado. 

Además de incentivos fiscales, se ofrece las ventajas del acceso al puerto de Topolobampo, la conectividad ferroviaria, el aeropuerto de Los Mochis y la carretera federal México 14 hacia EEUU. También energía eléctrica y gas natural. Entre los requisitos para los inversionistas, además de un plan de impacto social y ambiental, su proyecto de inversión debe estar acorde con las ramas prioritarias impulsadas por CIT Sinaloa.

En los rubros que se puede invertir están el área agroindustrial; la producción de fertilizantes y petroquímica sustentable; energías limpias, almacenamiento e hidrógeno verde; manufactura y farmacéutica.

El gas, obtenido mediante la denominada fractura hidráulica (fracking) en la Cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México, es uno de los ejes centrales del que depende GPO y el resto de las empresas. El ducto que va alimentar estos complejos es el Gasoducto Sonora, de la estadounidense Sempra Energy, de 835 kilómetros que conecta en la frontera de EEUU con el ducto Sierrita Gas Pipeline, de la misma empresa. Está dividido en dos segmentos: Guaymas- Sásabe de 505 km; Guaymas- El Oro de 300 km.

El tramo Guaymas- El Oro tuvo que reorientar la ruta tras varios años de resistencia por parte de uno de los pueblos de la Tribu Yaqui, aunado a que la empresa y gobierno pasaron por alto la no aceptación del proyecto y decidieron cruzarlo por su territorio, lo que desencadenó un conflicto. Actualmente la empresa ha destinado 260 millones de dólares para redirigir el gasoducto, proyectando comerciar el gas a más tardar en julio del 2029. 

Pero el mismo gas llega actualmente por interconexiones alternas. Guaymas-El Oro conecta con el ducto del Encino-Topolobampo y El Oro-Mazatlán de la canadiense TC Energy. Además de abastecer a GPO, también suministrará gas al proyecto de capital estadounidense, Mexinol, el cual pretende producir 6,130 toneladas métricas por día de metanol azul y verde, en total 2.24 millones de toneladas al año. 

Con un hondo coraje, el activista Ayala sentencia, “este gas es nuestra gran desgracia. Trajeron la terminal de gas para producir electricidad ‘verde’, ¿cuál verde?, es una gran contaminación que van a generar estas empresas. Van a destruir el Valle de Ohuira”.

Para sus operaciones, Mexinol demandará al menos 1.8 millones de gas extraído mediante fracking. Este complejo converge con el Polo de Desarrollo cercano a la Bahía de Ohuira y el puerto interior.

“Estamos hablando que todos esos proyectos van a acumular una serie de contaminantes (…). Mexinol también va a emitir sus contaminantes. Ya tenemos una contaminación agrícola ¿y le vamos a sumar la contaminación industrial? ¡Señores! Es una gran contaminación que van a generar esta empresa. No nos engañemos, no es una sola empresa, son varias”, dice el activista de ¡Aquí No! 

Efectivamente, detrás de las empresas que ya tienen presencia vienen una decena más, cada una con sus propios impactos, “nos quieren dorar la píldora al decirnos que son verdes por sembrar unos mangles. ¡Qué bonito! Van a destruir para sembrar tres arbolitos, ¿esto es verde?”, cuestiona Ayala.

Durante la colocación de la primera piedra, el pasado mes de abril, para arrancar con la construcción de Mexinol, el movimiento ¡Aquí No! hizo acto de presencia y no permitió que iniciara. El entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se vio obligado a cancelar el evento bajo el compromiso público de que “la planta no sigue si antes no se hace la consulta” indígena, extendiendo este criterio al proyecto del Polo de Desarrollo de Topolobampo.

Las falsas consultas

La indígena Victoria Valenzuela sentencia que ni el calor, las lluvias ni los mosquitos los detiene, “porque ya son por lo menos 13 años de lucha” para defender el territorio de la Bahía de Ohuira.

El conflicto derivado de la planta de amoníaco de Topolobampo comenzó porque, en 2014, la Semarnat autorizó el proyecto, pero se le pasó un pequeño detalle: no consultó a los pueblos.

El conflicto judicial derivó en varios frentes: entre 2018 y 2019 se promovieron al menos cinco amparos (528/2018, 628/2018, 724/201, 350/2019, 358/2019) por comunidades indígenas, pescadores, vecinos y un restaurantero de la zona. Entre ellos destacan los juicios de las comunidades Mayo-Yoreme de Lázaro Cárdenas y Ohuira, también de los habitantes del campo pesquero Paredones, todos contra la autorización ambiental otorgada por Semarnat en 2014.

Uno de estos recursos legales, promovido por Martín García Cruz, representante de la comunidad Mayo-Yoreme de Paredones, además de la autorización ambiental, señaló la omisión de la consulta indígena previa. Aunque inicialmente el juicio fue sobreseído – el juez terminó el juicio sin resolver el fondo del asunto- por un supuesto desistimiento, integrantes de la comunidad impugnaron esa decisión. En 2020, un tribunal colegiado ordenó reponer el procedimiento porque no existía constancia de que la comunidad hubiera acordado colectivamente desistirse.

Fue entonces que, en julio de 2021, el juez federal finalmente concedió el amparo: ordenó dejar sin efecto la autorización ambiental de 2014 y cualquier ampliación derivada de ella, y obligó a las autoridades a realizar una consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. 

El caso llegó a la Suprema Corte que, en 2022, confirmó que la autorización de la planta era inconstitucional porque Semarnat no había consultado previamente a las comunidades indígenas potencialmente afectadas. Así, antes de que existiera una consulta, la justicia federal ya había establecido que el proyecto no podía sostenerse jurídicamente sobre una autorización obtenida sin consultar a los pueblos afectados.

No obstante, Semarnat entonces canceló la autorización e inició la consulta. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) identificó 15 comunidades Mayo-Yoreme dentro de un área de influencia de unos 45 kilómetros, el área de influencia del proyecto. El gobierno sostiene que el proceso cumplió con los estándares constitucionales y del Convenio 169 de la OIT, mediante intérpretes, información en lengua Mayo-Yoreme, asambleas y deliberaciones comunitarias. Aunque perdió lo previo, pues el proyecto ya venía avanzando y la consulta se realizó casi una década después.

“Pura consulta amañada, porque compraron conciencias. A nosotros no nos consultaron, los que estamos cerca de la bahía. Los que dijeron que sí al proyecto son los que están lejos. Nosotros siempre dijimos que ¡No!, nos borraron del mapa, dijeron que entorno de la bahía no había pueblos”, dice la indígena Valenzuela.

A pesar de que las comunidades indígenas de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, los que habitan entorno a la bahía, no otorgaron su consentimiento, el proyecto siguió avanzando. 

Los indígenas en resistencia denunciaron que además hubo irregularidades en el padrón de las comunidades con derecho a la consulta, mientras que los principales afectados estaban en resistencia. “La mera verdad, esos que se vendieron, sí son indígenas. Pero por doscientos pesos, por despensas, hicieron creer que todos estábamos de acuerdo. Pero no es cierto. Invitamos a la presidenta que viniera y no ha venido nadie”, dice Victoria.

En el caso del polígono de Mexinol, el cual se encuentra próximo a GPO, de acuerdo con sus propios documentos, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat le emitió originalmente una exención oficial respecto al requisito de consulta indígena, bajo el argumento de que "no se había identificado ningún sujeto colectivo del derecho a la consulta en el área de impacto ambiental del proyecto".

Sobre el proyecto de gasoducto El Encino-Topolobampo, cuando inició no se realizó ninguna consulta. Tras las protestas de comunidades rarámuri, se interpuso un amparo de revisión 16/2022, en el cual “se reclamaron diversos vicios relacionados con la consulta realizada a los pueblos rarámuris”.

Recientemente, en el decreto del PODECOBI Topolobampo, el Gobierno Federal determinó textualmente que “resulta innecesario implementar un proceso de consulta indígena”, a pesar de que también está a orilla de la bahía. El documento justifica esto debido a que estos territorios han sido impactados con anterioridad.

“Entonces cuando realizaron la consulta ya no eran previas, ni de buena fe, ni informadas ni libre, porque todo fue condicionado. De pronto surgieron gobernadores tradicionales -kobaneros- de los pueblos con poder de voto, duplicaron personas. Prácticamente una violación a los tratados internacionales”, dice Felipe Montaño, kobanero de Ohuira. 

El mundo del mar

En la lengua yoreme el “mundo del mar” o el "espíritu del mar" se le llama Baahue Ánia (también escrito como Baáwe Ánia o Váwe Ánia). Sentada bajo una enramada erigida al costado de la carretera junto al campamento, donde se realizan ceremonias y rituales, Reyna Montaño, Mayo-Yoreme de Ohuira, nos comparte que “nuestra cultura se identifica mucho con el mundo natural, nosotros admiramos y cuidamos lo que es la naturaleza, Baahue Ánia que le decimos nosotros”. 

Con profundo sentir, como tejiendo los recuerdos de lo más profundo de su ser, Reyna cuenta que “el área que hoy estamos protegiendo es el mundo del mar, que es sagrado para nosotros. Porque es nuestra manera de vivir. Mis abuelos y mis papás fueron pescadores y ahora nos quieren despojar del territorio. Pero acá solo entra el que siente suyo este territorio, no lo hemos echado a perder, no lo hemos contaminado. Hoy lo estamos defendiendo”.

El lugar al que refiere esta mujer Mayo-Yoreme es de tanta importancia que desde el 2009 el sistema lagunar Santa María–Topolobampo–Ohuira fue reconocido como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar Nº 1341, que ha fungido como un gran riñón ecológico que comprende 22 mil 500 hectáreas. Su papel frente a la crisis climática es de vital importancia, ya que además de purificar el agua, captura carbono a ritmos masivos a través de sus densos bosques de manglar y es un escudo frente al azote de los huracanes en la costa.

La vida que converge en esta zona es de importancia continental, ya que es un punto de descanso de diversas especies que migran en el pacífico. Diversas investigaciones revelan que este complejo de tres bahías y ocho islas sirve de refugio invernal y zona de alimentación para más de 90 especies de aves acuáticas migratorias, conectando los ecosistemas de Alaska y Canadá con el norte de México.

Paralelamente, sus raíces subacuáticas operan como la gran "guardería del mar", el ecosistema de desove definitivo que sostiene las poblaciones de camarón, jaiba y robalo de todo el Golfo de California, de donde sobreviven los cerca de 3,000 pescadores artesanales, cuyas familias, han dependido por generaciones de esta biodiversidad. 

De acuerdo con la MIA de GPO, producida por la consultora Corporativo CAPSA, se prevén diversos impactos en el sitio Ramsar derivados de su construcción y operación, no obstante, se consideran “de baja magnitud o no significativos”, como el aumento de la temperatura en el canal de descarga y la zona adyacente debido al agua de enfriamiento de la planta que, por cierto, utilizaran un canal ya existente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En contradicción a su estudio ambiental, y tras las mesas de diálogo, el gobierno prometió que la descarga de aguas no se realizará en la Bahía de Ohuira.

Según la MIA, también se espera un impacto de la planta desaladora de GPO, la cual demandará al menos 890 metros cúbicos de agua de mar cada hora y devolviendo 812 m³ de salmuera cada hora. Lo que “generará un incremento local de la salinidad”, reza el documento. Entre otras afectaciones, la empresa también contempla riesgo de descargas o fugas de condensados de proceso que contienen amoniaco, metanol y aminas (como metilaminas, dimetilaminas y trimetilaminas) en bajas concentraciones.

El dilema que enfrentan las autoridades mexicanas y los organismos internacionales es el reflejo de una encrucijada global: por una parte, la gran promesa del desarrollo industrial y, por el otro, la vulnerabilidad de este riñón natural que es el sitio Ramsar, donde habitan especies que están en riesgo, como la Tortuga Carey, Tortuga Verde del Pacifico/Prieta, Tortuga Golfina y la Laúd. También las Garza Rojiza, Espatula rozada, el Pelícano Pardo o el Gavilan Pescador. O el delfín Botella y el Lobo Marino de California, entre otros.

En ese contexto, la planta de amoniaco llega a un ecosistema donde también sobreviven los pueblos nativos y de donde viene su historia de porque se asentaron en este lugar. Un dictamen técnico independiente retomado por las Naciones Unidas estima que, sin sistemas de filtración adecuados, se podría destruir en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, frente a unas 900 toneladas anuales promedio de pesca ribereña, señala el documento.

Juan Ricardo Martínez, un pescador de Topolobampo, no tiene duda en que el proyecto GPO es un peligro, algo que ya experimentan con una planta de Petroleros Mexicanos (PEMEX), que también es vecina de la planta de amoniaco. “Ya ha tenido fugas y salimos volando de la bahía, ¿cómo va a ser con una fuga de amoniaco?”, cuestiona el pescador al equipo de Avispa Mídia.

Victoria sabe que las puntas de las flechas y el círculo que forman, pertenecientes a las comunidades Mayo-Yoreme- son decisivos para encontrar salidas con el diálogo o, para seguir sosteniendo la resistencia de forma indefinida. “No hay opción, más que seguir resistiendo, de no ser así vamos a desaparecer como pueblos. Porque hemos vivido del mar, nuestra subsistencia. Siendo un sitio sagrado, teníamos nuestro sitio, Mapawe, donde dábamos gracias al mar. Pero lo destruyeron. Ahora estamos acá en la entrada de GPO exigiendo que se respete la bahía, la vida”, concluye la indígena Mayo-Yoreme.

^{Colaboración: Aldo Santiago}