En portada: Actividad en honor a las víctimas del incendio en Ciudad Juárez.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa admitió un amparo contra la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de dar por finalizada su Recomendación 111VG/2023, emitida por graves violaciones a derechos humanos tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, donde murieron 40 personas migrantes de diversas nacionalidades y otras 27 resultaron lesionadas
El 30 de junio de 2023, la CNDH hizo pública la recomendación que acreditó las graves violaciones a los derechos al trato digno, a la vida, y a la integridad y seguridad personal de 67 personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia. El documento se dirige a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, principalmente, al Instituto Nacional de Migración (INM), órganos del Estado que deben ejecutar acciones para garantizar atención a los sobrevivientes, además de que las víctimas tengan acceso a la justicia en México. La CNDH tiene la función de vigilar el cumplimiento de dichas acciones.
El 10 de abril de 2026, la comisión notificó por correo electrónico a los representantes legales de las víctimas la conclusión del procedimiento de seguimiento de la Recomendación 111VG/2023, es decir, dio por finalizada la ejecución de las recomendaciones. La decisión fue comunicada mientras sobrevivientes, familiares de las personas fallecidas y organizaciones acompañantes mantienen acciones legales relacionadas con el caso y sostienen que las medidas ordenadas al Instituto Nacional de Migración (INM) permanecen incumplidas.
Los asesores jurídicos de las víctimas califican esta conclusión como ilegal e injustificada. Las 27 personas sobrevivientes y los 40 núcleos familiares de las personas fallecidas siquiera fueron reconocidas como víctimas. Para que eso ocurriera deberían ser inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, pero el trámite administrativo no se ha realizado, explicó Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia. La resolución 111VG/2023, incluso, establece que el Instituto Nacional de Migración debe colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para el registro de las víctimas y sus familiares.
“Entonces, ¿cómo es posible que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diga que va a concluirla si, precisamente, en lo que a la letra dice la recomendación no se ha cumplido? Incluso, no hay una sola sentencia”, cuestionó el abogado.
Otra obligación que sigue sin materializarse es la solicitud al INM para instruir al personal responsable para “colaborar ampliamente” en la integración de las causas penales, radicadas con motivo de la carpeta de investigación, “a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los hechos”, precisa el texto.
Por estas razones, el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Clínica de Litigio Estratégico y la Fundación para la Justicia promovieron un amparo contra el cierre del procedimiento de la CNDH ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
En los primeros días de junio, el juez de distrito suspendió de manera temporal la conclusión de la recomendación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está obligada a continuar con la verificación de su cumplimiento y coordinarse con la CEAV para garantizar atención médica, psicológica y tanatológica especializada a los sobrevivientes, de manera gratuita y en sus países origen. Asimismo, para que sobrevivientes y víctimas indirectas puedan tener acceso a la justicia en México.
Silencio en los tribunales
“Toda conducta violatoria de derechos humanos debe investigarse y sancionarse de manera proporcional a la conducta de las personas servidoras públicas responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a la gravedad de estos (…), se debe investigar el grado de participación de todos y cada uno de ellos para determinar el alcance de su autoría material e intelectual, así como de la cadena de mando correspondiente”, se lee en la recomendación.
Hasta ahora no se ha dictado ninguna sentencia en los procesos penales federales abiertos desde abril de 2023 para sancionar a los responsables del siniestro. Actualmente existen cinco procesos penales en curso contra 11 personas imputadas, entre ellas Francisco Garduño, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, y Antonio Molina, director de Control y Verificación Migratoria, quien además enfrenta otros procedimientos vinculados con Genaro García Luna. En ambos expedientes, la imputación se limita al delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Las representaciones legales de las víctimas han promovido juicios de amparo y otros recursos, incluso administrativos, que continúan en trámite, frente a lo que organizaciones califican como ‘fraude procesal’ del Instituto Nacional de Migración para evitar el castigo a altos mandos.
Entonces, Francisco Garduño deberá comparecer el 1 de septiembre de 2026 ante el Tribunal de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una audiencia que será transmitida en línea. El abogado de la Fundación para la Justicia afirmó que este proceso se mantiene independientemente de que ya no ocupe el cargo de titular del INM o desempeñe otro puesto en la administración pública federal.
“Es muy importante reiterar que a Francisco Garduño nunca se le inhabilitó; tan es así que ahorita está ocupando otro cargo público (en la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP). El delito por el que se le vinculó se llama ejercicio ilícito del servicio público, ¿y no lo inhabilitan? Ahí vemos una incongruencia total del instrumento normativo, instrumento recomendatorio de la CNDH, que está completamente incumplido”, precisó.
En la audiencia del primero de septiembre de 2026, en materia del proceso penal 237/2023, también se tiene que comprobar si actualmente las más de 30 estaciones migratorias en el país, cumplen con las condiciones de protección civil y de derechos humanos para cualquier persona que sea llevada ahí de manera administrativa.
Buscan coordinación entre países
En un inicio, tras el incendio, a través de las secciones consulares de las embajadas de México, la Fiscalía solía remitir oficios a la Cancillería para que las víctimas acudieran a consulados en El Salvador, Guatemala, Honduras o Venezuela, donde eran entrevistadas para su registro y acceso a medidas de atención.
En el caso de la recomendación de la CNDH, se plantea la posibilidad de mecanismos similares de coordinación interinstitucional, con apoyo del Instituto Nacional de Migración y de la Cancillería, incluida la eventual expedición de visas humanitarias o la intervención de representaciones diplomáticas para garantizar atención médica y psicológica en los países de origen.
Estos esquemas buscan asegurar la continuidad del tratamiento y la rehabilitación de las víctimas mediante coordinación bilateral, con el objetivo de atender su condición de salud y favorecer la reconstrucción de su proyecto de vida.
Marcos Zavala señaló la necesidad del cumplimiento de estas recomendaciones, pues las víctimas han sufrido una ruptura de sus estructuras familiares y múltiples procesos de revictimización que incluyen afecciones médicas graves, complicaciones respiratorias y crisis de ansiedad en espacios cerrados.
Existe el caso de un sobreviviente con amputación de una mano tras infecciones derivadas de lesiones previas y la falta de rehabilitación integral para su reintegración social. Incluso, jefes de hogares murieron, dejando a sus núcleos en mayor precariedad, y que madres, esposas e hijos han quedado sin reparación ni acceso efectivo a la justicia, con impactos persistentes en su proyecto de vida.
Incluso algunos sobrevivientes lograron llegar a Estados Unidos, pero tuvieron que regresar porque no encontraron las condiciones idóneas. “Con las afectaciones que tienen pues se redobló la dificultad de estar allá y la mayoría ha retornado a sus diferentes países de origen”, agregó el Marcos Zavala.
15 mujeres no reconocidas
En este tenor, Yamilet, mujer salvadoreña sobreviviente y testigo del incendio, estaba detenida en el área contigua a la estancia de hombres donde permanecía su padre, en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Ella presenció el desarrollo del siniestro.
“Se le tomó como testigo, pero no como víctima del delito, a pesar de que ya estaba ahí y que su papá falleció. A ese grado son las omisiones por parte de las autoridades”, reiteró el abogado.
El mismo patrón se observa en el caso de otras 14 mujeres que estaban en la celda de al lado donde ocurrió el siniestro: no registraron la pérdida directa de un familiar, pero escucharon lo ocurrido durante el incendio.
Presentan afectaciones psicológicas significativas y secuelas derivadas de la inhalación de aire contaminado durante el siniestro. “Ya se están practicando también dictámenes por parte de las organizaciones para presentar esta información a las autoridades y se les reconozca como víctimas de violaciones a derechos humanos”, señaló Marcos Zavala.
Por ahora las organizaciones acompañan a víctimas de distintas nacionalidades de Centroamérica —Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela—, tanto sobrevivientes como núcleos familiares de personas fallecidas. Hasta el momento, continúan en espera de que se les otorgue el amparo con la suspensión definitiva respecto de la recomendación de la CNDH.
