En portada: Integrantes del FPDAT-MPT y otras organizaciones participaron en un evento en Amilcingo, Morelos, para exigir justicia por el asesinato del defensor del territorio y comunicador popular, Samir Flores Soberane a siete años de ocurrido el crimen. Foto: Regina López.
Después de siete años de impunidad por el asesinato del defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAT-MPT) exigió que se llame a declarar al expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a otros funcionarios públicos, luego de que un juez federal determinara que el crimen estuvo motivado por el activismo social de Flores y evidenciara el montaje de la Fiscalía General del Estado de Morelos para encubrir a los autores intelectuales.
El 20 de febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado en Amilcingo, municipio de Temoac, por confrontar a las autoridades y alzar la voz contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) debido a sus impactos ambientales y sociales en el estado. Siete años después, del 16 de febrero al 13 de marzo se llevó a cabo el juicio contra Javier N, centrado en analizar los testimonios que lo señalaban como autor material y mencionaban a otras dos personas, una de ellas asesinada y la otra que se dio a la fuga, explicó Juan Carlos Flores Solís, abogado integrante del FPDAT-MPT.
Sin embargo, se dictó la sentencia de absolución de Javier N, único detenido en siete años, ya que el juez consideró que no tenía responsabilidad en el crimen, pues durante el juicio se observaron diversas contradicciones en la recopilación de las entrevistas, las cuales fueron leídas por los agentes ministeriales que las realizaron. “De por sí, es complejo sentenciar a alguien únicamente con acusaciones presentadas por lectura, y si esas acusaciones están llenas de irregularidades, ponen en duda incluso su existencia; el mismo juez señaló que hubo más imprecisiones que certezas”, dijo el abogado en entrevista con Avispa Mídia.
“Nosotros lo dijimos desde un inicio, que la Fiscalía de Morelos había montado toda una investigación sobre el asesinato de Samir, que era dudosa”, por lo que solicitaron la atracción del caso a la Fiscalía General de la República (FGR), pero ésta decidió seguir el mismo guión, con las mismas investigaciones y teoría del caso que tenía la Fiscalía de Morelos, detalló el abogado.
“Un rompecabezas imposible de armar. Este montaje terminó en la conclusión de ‘no tenemos nada’. Cuatro años después del juicio, no hay avances; regresamos a cero. La Fiscalía de Morelos concentró todas las distracciones en las pesquisas y en todo lo que fabricó”, lamentó el integrante del FPDAT-MPT.
De forma paralela, el juez resolvió dar vista al Ministerio Público para que investigue a los agentes ministeriales por el delito de falsedad de declaración en juicio, al tratarse de un delito federal, mientras que los abogados insistieron en explorar nuevas líneas de investigación, centradas en la actuación de funcionarios públicos.
Mientras tanto, el caso de Samir Flores Soberanes y del Proyecto Integral Morelos se encuentra en análisis de fondo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar la responsabilidad del Estado mexicano, luego de que se solicitaran medidas cautelares en 2021.
Rompecabezas
En el comunicado del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala se señala que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) debe investigar y llamar a declarar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al exfiscal Uriel Carmona, al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, al exdelegado federal Hugo Erik Flores, al alcalde Valentín Lavin, así como a Angelina N, Humberto Sandoval y a los agentes ministeriales que pudieron incurrir en delitos como funcionarios públicos al rendir declaraciones falsas en el juicio.
“Se demostró en el juicio que Samir fue asesinado por el Proyecto Integral Morelos. Entonces, ¿quién tenía interés en que se llevara a cabo? Principalmente el presidente de la República. ¿Y cuál era su actitud? Era agresiva y acusadora contra Samir y quienes nos oponíamos al Proyecto Integral Morelos; es decir, todo un discurso de criminalización”, señaló el abogado.
Desde el inicio del proceso judicial solicitaron la investigación de Uriel Carmona, “porque sospechábamos de esta fabricación y obstrucción de la verdad. Y se conecta con Cuauhtémoc Blanco porque él dijo que el fiscal sabe quién mandó a matar a Samir. ¿Qué sabe él de quién mató a Samir?”, cuestionó el abogado. El exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, ha sido señalado por tener vínculos con los tres principales líderes del crimen organizado en Morelos; incluso, su presunta implicación en el asesinato de Samir Flores fue expuesta en narcomantas firmadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Cuauhtémoc Blanco aparece con los tres principales líderes del crimen organizado en Morelos en una fotografía pública. Cuando él negó que los conocía, al siguiente día salió una narcomanta señalando que si Cuauhtémoc no cumplía los acuerdos entonces iban a decir con punto y seña cómo fue el asesinato de Samir. Pero esta narcomanta es una continuidad de narcomantas donde el cártel de Jalisco Nueva Generación amenazaba a Hugo Erick Flores y a Cuauhtémoc Blanco de decir cómo fueron los tratos para pacificar Morelos”, dijo el abogado. “Nos hace ver una relación entre el crimen organizado, Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores”, quien en ese momento fungía como delegado federal y encargado de imponer el Proyecto Integral Morelos por encomienda del ex presidente AMLO.
En el caso mencionan a Valentín Lavín, alcalde reelecto de Temoac, y su suegra, Angelina N, alias ‘La Patrona’, quienes el FPDAT-MPT solicita que se investiguen por su posible vínculo con el grupo criminal Los Aparicio, señalado como responsable de ejecutar el asesinato de Samir Flores y que, tras el crimen, habría tomado el control de la región.“Son todas estas personas las que están involucradas en el asesinato de Samir y, evidentemente, los autores materiales, como Salvador N, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace siete años y por quien no se ha hecho nada para buscarlo y capturarlo”, precisó el abogado.
Montaje y desaparición
La Fiscalía de Morelos, bajo órdenes de Uriel Carmona, construyó una carpeta a modo que implicó delitos como fabricación de testimonios, desaparición y asesinato de testigos, posibles declaraciones bajo tortura, hechos falsos ante el juez y ocultamiento de carpetas, sin proteger a quienes temían por sus vidas, señaló el FPDAT-MPT.
El abogado Juan Carlos Flores Solís, recuerda que este montaje de la Fiscalía de Morelos comenzó a finales de 2020, cuando el fiscal de Morelos anunció la detención de Javier N como presunto autor material del crimen, un día antes de que Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de la República, arribara a la termoeléctrica de Huexca, eje central del Proyecto Integral Morelos.
“¿Por qué le interesaba encubrir el asesinato de Samir o construir testimonios sobre el asesinato de Samir? ¿A quién quería proteger Uriel Carmona? Quienes verdaderamente saben quién mandó matar a Samir son los de arriba”, cuestionó el FPDAT-MPT.
Con el paso del tiempo, al recabarse los testimonios sobre el asesinato del defensor, las personas manifestaron temor de ser asesinadas por denunciar, pero las autoridades nunca les brindaron protección. Uno de los testigos fue entrevistado en 2020 y asesinado cuatro años después, sin que pudiera rendir su testimonio ante un juez.
Otro de los testigos fue víctima de desaparición forzada: se trata de un taxista que afirmó haber escuchado, desde diciembre de 2018, cómo se solicitaba el asesinato de Samir Flores, y que, a finales de 2021, fue reportado como desaparecido por su familia.
La FGR aseguró que lo buscó, pero la Fiscalía de Morelos negó tener información; cuando Uriel Carmona dejó el cargo, la FGR volvió a preguntar y, esta vez, la autoridad estatal respondió que existía una denuncia sobre la privación de la libertad del testigo, aunque la carpeta había sido extraviada. “Pone en duda toda la investigación que tenía la Fiscalía de Morelos. De hecho, se cae laveracidad de esas investigaciones, de esas pruebas y de esos testimonios. La Fiscalía de la República vuelve a cero en la investigación porque, entonces, no tiene nada”, insistió el abogado Flores Solís.
En la actualidad, en Morelos se han consolidado tres células criminales en comunidades donde ha existido mayores esfuerzos para la defensa del territorio, situación que limita la posibilidad de organización y genera miedo en la población, pues se han registrado casos de persecución, judicialización, criminalización y vigilancia, especialmente contra quienes continúan alzando la voz frente al Proyecto Integral Morelos (PIM) y otros megaproyectos, como en el caso de Miguel López Vega, Alejandro Torres Chocolatl y del propio abogado Juan Carlos Flores Solís. “El control del crimen organizado en estas zonas y en este contexto es muy grave”, expresó.
De acuerdo con el abogado, cuando se perpetró el asesinato de Samir Flores, el grupo Los Aparicio estaba vinculado al CJNG; sin embargo, actualmente existe una pugna entre células por el control del territorio, lo que vulnera aún más la defensa del territorio.
