En portada: Mujeres chontales participan en la defensa de su territorio frente a las amenazas de la industria minera. Foto: Santiago Navarro F.
Ciudadanos de distintas comunidades del pueblo Chontal, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, han avistado avionetas y drones sobrevolando su territorio en localidades como Cerro Zapote, Cerro del Chile y Cerro Maguey, en las comunidades Zapotitlán, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa María Candelaria y Santa Lucia Mecatepec.
Las primeras avionetas fueron avistadas desde hace un año aproximadamente. Los ciudadanos empezaron a cuestionar su presencia porque, primero, su territorio no es ruta de aviones comerciales; segundo, en determinadas ocasiones los sobrevuelos son muy bajos y, en otras, las avionetas van y regresaban rápidamente. Los sobrevuelos todavía permanecen y son constantes.
La luz roja se prendió porque los sobrevuelos se dan justamente dentro de un antiguo polígono minero, denominado “Zapotitlán 1” de 5 mil 400 hectáreas, cuya concesión (238447) expedida en 2011 dejó de existir en 2020, tras un largo proceso judicial llevado a cabo por el Pueblo Chontal contra la minera Zalamera.
Además, a pesar de que la cancelación fue reconocida judicialmente por la Secretaría de Economía (SE), el polígono continúa vigente en los sistemas de información pública del gobierno, como es el Sistema de Cartografía Minera y el Registro Público de Minería.
La comunidad agraria e indígena de Santa María Zapotitlán y la Asamblea del Pueblo Chontal Para la Defensa de Nuestro Territorio, acompañadas del asesor legal del Pueblo Chontal e integrante de Tequio Jurídico, Abel Sánchez, entregaron a finales de enero una solicitud a la Secretaría de Economía para la cancelación definitiva y baja administrativa de la concesión en los sistemas públicos de información.
En la solicitud, hacen énfasis de que la “omisión no es neutral ni inofensiva”, pues “genera incertidumbre jurídica respecto del territorio indígena y agrario de las comunidades chontales; genera en las personas una sensación de inseguridad constante y permanente; y mantiene latente la posibilidad de reactivación irregular de actos administrativos inexistentes”.
Hasta la fecha, la concesión continúa vigente en las plataformas de gobierno y las autoridades chontales no han recibido ninguna respuesta de la SE. Bajo las tierras del Pueblo Chontal se esconden grandes yacimientos de oro, plata, cobre, plomo y zinc.
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Chontales en alerta
En 2018 se promovió un mismo juicio de amparo en contra de la expedición de la concesión minera en territorio del Pueblo Chontal y contra la Ley de Minería, “por generar las condiciones para que se viole los derechos de los pueblos como, por ejemplo, el derecho a la libre determinación”, explica Abel Sánchez quien participó del proceso.
Se otorgó a las comunidades, en un primer momento, la “suspensión de plano”, es decir, “no se podría mover nada en el territorio durante el juicio, ni físicamente ni jurídicamente ni administrativamente, hasta que se emitiera la sentencia final”, explica Sánchez.
El juez concedió, el 28 de febrero de 2020, el amparo a “uno de los dos actos reclamados que estábamos señalando”. Reconoció que se había otorgado la concesión sin consultar a los pueblos. La concesión fue impugnada, ordenándose a la SE dejar sin efectos el título de concesión al haberse otorgado sin consulta previa, libre e informada al pueblo indígena.
Sin embargo, en relación a la petición de las autoridades chontales de que se considerara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, “ahí sí no se nos otorgó”, sostiene el asesor jurídico.
El Pueblo Chontal no quedó conforme con la decisión del juez sobre la constitucionalidad de la Ley Minera. En julio de 2020, presentó un recurso de revisión. “En este transcurso Zalamera también movió un recurso de revisión en relación a la impugnación de la concesión. Y se reabrió el juicio”.
Pero, la minera llevaba otra estrategia sin el conocimiento de los chontales. Zalamera presentó a la SE, el 23 de enero de 2020, un poco antes de la decisión del juez del 28 de febrero, la solicitud de desistimiento de la concesión. En agosto de 2020, la SE declaró procedente la solicitud de la empresa. “Fue solamente a inicios de 2021 que supimos. Eso no debió pasar porque había ‘suspensión de plano’”.
De acuerdo con el asesor jurídico, la decisión de la SE les preocupó porque si se daban de baja a la concesión minera, el juicio ya no tendría materia para seguir en los tribunales. “Y fue lo que pasó. Pues entonces el tribunal dijo ‘ustedes están señalando una concesión y por la concesión también están señalando la Ley Minera. Pues si ya no hay concesión nosotros ya no tenemos por qué revisar la solicitud sobre la ley, pues ya no hay un acto que se relaciona’. Entonces ya no había materia que juzgar”, explica.
Además, se revocó en diciembre de 2021 la sentencia que se dictó el 28 de febrero de 2020. “Pero, de todas formas, ya no había una concesión en el territorio”, sostiene.
De acuerdo con la Ley Minera y su Reglamento, el desistimiento autorizado por la SE genera la obligación inmediata de “declarar la terminación definitiva del título de concesión; ordenar la cancelación del polígono concesionado; realizar la baja registral ante el Registro Público de Minería; y actualizar los sistemas y cartografía minera oficial”.
Lo que preocupa las autoridades chontales es que, con el desistimiento, un próximo paso sería declarar la procedencia de libertad de terreno. “¿Libertad para qué?, para que las mineras puedan presentar su solicitud de querer concesionar este territorio. Esta es una estrategia que ya fue utilizada por mineras en otros territorios. Es una estrategia de mala fe”, afirma Sánchez.
Por eso, el Pueblo Chontal ha declarado en el documento enviado a la SE que se garantice que cualquier acto futuro que pudiera incidir en el territorio Chontal “observe previamente el derecho a la libre determinación y autonomía del pueblo indígena”.
“No sabemos cuáles intereses se están moviendo. Qué es que están buscando en el territorio Chontal”, dice el asesor jurídico refiriéndose a los sobrevuelos de avionetas y drones, pero el Pueblo Chontal, a través del acta de asamblea general de comuneros, con fecha del 18 de enero del 2017, ya se adelantó y acordó la prohibición de estudios de minería. “No queremos minas en nuestro territorio”.
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