Tan sólo en el Valle de Ocotlán, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial en México de la corporación canadiense Fortuna Silver Mines Inc. controla 64,422 hectáreas en las que opera el proyecto minero San José desde 2011. Ahí mantiene una operación subterránea de explotación de 3,000 toneladas métricas de mineral diario para extraer oro y plata.

         Al otro extremo de este Valle, en el distrito de Tlacolula, se encuentra la empresa Don David Gold Mexico S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). Esta empresa controla más de 55 mil hectáreas en las que opera dos proyectos mineros: El Águila y Alta Gracia, que están en función desde 2010 y 2017, respectivamente. Cada día los proyectos envían un promedio de casi 2 millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento, a una planta central de procesamiento que separa el oro, plata, cobre, plomo y zinc para su venta comercial.

         Para procesar todo este mineral, las dos empresas consumen miles de millones de litros de agua por año, al tiempo que reconocen que las regiones donde operan sufren de escasez de agua. Fortuna reporta que su producción consume unos 8,100 metros cúbicos (8,1 millones de litros) de agua por día. Por su parte, GRC no proporciona información precisa sobre su consumo diario de agua. Sin embargo, la compañía tiene un permiso para extraer hasta 150,000 metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16, otorgada por la Conagua.

         Aun así, no hay certeza ni mecanismos fiables que garanticen que esta sea la cifra exacta de consumo real, pues como lo afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) en un estudio titulado “Un Plan para un Bien Común”, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión de agua, en general “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.

         En síntesis, si sumamos la cantidad de agua que ambas empresas mineras dicen consumir -o tener permiso para consumir- da un total de 8 millones 511 mil litros de agua al día. Esto significa que en un solo día las minas en Oaxaca consumen una cantidad de agua que es equivalente a lo que 233 personas necesitarían para satisfacer sus necesidades básicas en todo un año (según los parámetros de la OMS para el consumo e higiene personales).

         Para tener una dimensión de la cantidad de agua que esto representa: tan sólo en 2017, entre lo que Fortuna Silver Mines reportó haber consumido, y lo que Don David Gold tuvo permiso para extraer, ambas minas consumieron al menos 3.1 billones de litros de agua; cantidad equivalente a lo que la tercera parte de la población de Oaxaca de Juárez necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene durante un año, tomando como referenica el último censo del INEGI 2015.

Fuente: Elaboración propia con información de Fortuna Silver Mines Inc. y CONAGUA

Foto: Avispa Midia

         Esto despertó rápidamente sospechas entre los pobladores, quienes no descartaron que se tratara de otro episodio de contaminación por parte de la mina, ya que ésta se encuentra a pocos kilómetros de dicha presa.

         El antecedente directo de contaminación había sucedido apenas seis meses antes: El 8 de octubre de 2018, la presa de jales que contiene los desechos tóxicos de la mina, se desbordó y contaminó el Río Coyote, un afluente que forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac y de la sub-cuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.

         El derrame ha afectado el pastoreo de animales y el abastecimiento de los pozos de agua potable, ya que el agua del Río Coyote fluye por Magdalena Ocotlán y las comunidades de San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol y San Felipe Apóstol.

         En cuanto a la mortandad de peces en la presa comunitaria “Borde del Vallito”, la Dirección General del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua descartó, en mayo de 2019, que la presa estuviera contaminada. Se argumentó que la mortandad de peces se debía a fenómenos tales como la disminución del agua y el aumento de la temperatura por el periodo de sequía, y que esto no tenía relación con la actividad minera. Sin embargo, algunos pobladores de San José del Progreso dudaron de esta versión.

         Tal es el caso de uno de los pescadores de la comunidad, que lleva muchos años pescando en las presas para el autoconsumo y la venta. En entrevista para Avispa Midia, este pescador, cuyo nombre se reserva por su seguridad, relató: “También voy a pescar a otros lugares, por ejemplo, hay otra presa aquí, la de Cuajilote, y esa está aún más seca, y ahí no se está muriendo el pescado, lo cual me extraña; ahí están gorditos gorditos. (…) Nos preguntamos: ¿por qué aquí se están muriendo los pescados? Yo pienso que igual de caliente está el agua ahorita allá, que acá; y allá no se están muriendo”.

         Este pescador es solo uno de muchos pobladores que sienten una constante amenaza a su salud y sus labores debido al inminente impacto ambiental de la mina, la cual lleva extrayendo millones de toneladas de minerales en su comunidad desde el año 2011.

Foto: EDUCA

         “Anteriormente aquí había mucho pescado, mojarra grande. Ahorita lo que está muriéndose es la mojarrita. Yo venía seguido, diario, a sacar pescado, a veces me pedían y de ahí yo sacaba algo de dinero. Pero ahora ya no, ya no voy como antes, desde hace algunos años ya casi no hay mojarra y la que hay está toda flaca. Y ahora éstas muertas… ni las gaviotas se las comen. Yo ya no vengo a pescar aquí, por lo mismo de que esto de la mina es pura contaminación”, comparte el pescador.

         Además, este habitante de San José asegura que “está bajando el agua, se está acabando, y no sabemos qué pueda suceder; andan escarbando, andan debajo del agua, ya ve usted que el agua es tan fina, y no vaya a ser que a través de esos huecos que andan haciendo, pues, se nos filtre y se pueda acabar el pescadito”.

         La preocupación expresada por el pescador no es infundada: El manejo, la extracción, el uso y el deshecho de agua por parte de la mina es, cuando menos, nebuloso y contradictorio.

         En una consulta realizada por Avispa Midia al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 7 de abril de 2020, la Compañía Minera Cuzcatlán contaba con tres títulos de concesión vigentes para uso industrial (05OAX137328/20FDDA13, 05OAX137242/20FKOC10, 05OAX137241/20FDOC10) que acumulan la ocupación de 15 anexos de zonas federales, por un total de 31,355.39 metros cuadrados (en su mayoría del río Coyote); y dos anexos de descargas residuales (al suelo, y a un arroyo “sin nombre”) por un total de 52.5 metros cúbicos de descargas residuales al día, como se muestra en la siguiente imagen:

         Sin embargo en una nueva consulta realizada el 15 de junio de 2020, esta cantidad permitida de descargas residuales fue reemplazada por un “0”, como se puede ver a continuación:

         El que la base de datos del REPDA sea contradictoria no es el único problema. Hay que recordar que, como lo afirma el INSO, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión, “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.

         Prueba de ello es que en el reporte técnico de la compañía minera publicado en febrero de 2019, la empresa revela que tiene un sistema de drenaje que “retira cualquier exceso de agua subterránea que sea encontrada o producida durante las actividades de perforación” y la destina a su uso industrial en la mina, sin que hasta la fecha exista una sola concesión vigente para el aprovechamiento de aguas subterráneas.

         Además, en su apartado de infraestructura la empresa afirma que, de los 2,7 metros cúbicos de agua necesarios para procesar cada tonelada de mineral, éstos “se obtienen principalmente del agua bombeada a la superficie desde el sistema de desagüe subterráneo”.

         Lo anterior contradice directamente las declaraciones que ha hecho Luiz Calmargo, actual Director de Cuzcatlán y representante en México de Fortuna Silver Mines, quien en julio de 2019 aseveró que “la unidad minera San José no tiene y no necesita concesiones para la extracción de agua del subsuelo, ni ha perforado pozo alguno para abastecerse. La mina no compite con las comunidades por la captación y utilización de agua”.

         Paradójicamente, la mina también expone en un capítulo titulado “Hidrogeología” en el mismo reporte técnico, que dentro de su área de operaciones hay un acuífero complejo al que están estudiando, presuntamente para su explotación:

          “Basado en información generada, colectada, e interpretada por la Universidad de San Luis Potosí (Benavides & Amaral, 2007) y Consultores de Gestión del Agua (2009), ha sido posible definir la ubicación aproximada del acuífero local. (…) Han observado la presencia de agua subterránea en forma de flujos esporádicos y permanentes en áreas específicas de los sistemas de vetas de la Trinidad y Bonanza”. Dichos consultores, según se reporta, han trabajado en el diseño de un sistema de bombeo y drenaje de éstas aguas subterráneas “como parte del estudio sobre la expansión minera”.

         Estas perforaciones suman 299 kilómetros y 319.45 metros en total. Esto quiere decir que, en los Valles Centrales se han perforado más kilómetros de los que existen en línea recta entre la ciudad de Oaxaca de Juárez y la ciudad de Puebla de Zaragoza. Cabe señalar que de estos agujeros se ha extraído 5 millones 361 mil 571 toneladas de minerales en menos de ocho años.

Mapa: Ubicación de las perforaciones del Proyecto San José. Fuente: Fortuna Silver Mines.

         Aun así, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han decidido no investigar el impacto que estas perforaciones genera, a pesar de que en marzo de 2017 se interpuso una denuncia ciudadana por las actividades de barrenación y perforación en áreas de uso agrícola.

         Ante ello, ambas instituciones justificaron que no era necesaria la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, ya que las actividades de exploración “se realizan en áreas de uso agrícola, con vegetación secundaria de pastos y arbustos las cuales están fuera de la normatividad ambiental federal vigente” (oficios SEMARNAT-SGPA-UGA-2094-2015 y SEMARNAT-SGPA-UGA-1685-2016).

         De hecho, en un estudio de caso sobre sustentabilidad, se proyecta que la planta de tratamiento de aguas negras solamente le proporcionaría el 20% del suministro de agua a la mina. Sin embargo, en la práctica esto sólo ha alcanzado a cubrir apenas el 5% del agua total necesaria para el procesamiento de los minerales extraídos, según reporta la empresa.

         En el mismo estudio, la empresa reconoce que abastecerse de agua de pozos tradicionales -o del río Atoyac- no es una opción sustentable; al tiempo que admite que “la mina está ubicada en una región semiárida que ha sufrido una historia larga de escasez de agua”. No obstante, la mina reporta que en realidad existen otras fuentes de abastecimiento de agua más allá del agua tratada, como son: la recolección y almacenamiento de agua pluvial, así como el abastecimiento de agua municipal “u otros servicios públicos o privados de agua”, sin especificarlos. Esto sin siquiera mencionar el suministro de agua subterránea y su sistema de desagüe.

         Esta información contradice lo que la misma mina ha afirmado en repetidas ocasiones, y que se resume en su último reporte técnico: Aseguran que del total de agua requerida para el procesamiento del mineral, “el 92% viene del proceso de recirculación, y el 8% restante viene de la planta de tratamiento de agua en Ocotlán”.

         Como es evidente, no queda claro de dónde viene toda el agua que Fortuna Silver Mines necesita para sostener su elevada demanda, pero es indiscutible que su actividad aumenta el estrés hídrico de una región con poca agua. En un contexto de sequía y epidemia, la reactivación de una empresa con el historial de conflictos socio-ambientales, y con los niveles de consumo de agua como los de Compañía Minera Cuzcatlán, es interpretado por el pescador y más pobladores de San José del Progreso, como una amenaza a su vida y a la vida que les rodea.

A finales de 2019 GRC tenía el 100% de la propiedad de 24 concesiones mineras y la propiedad parcial de otras 5, sumando un total de 55.119 hectáreas en lo que la empresa se refiere como la “Unidad Minera de Oaxaca”. Fuente: SURCO - CONSULTE AQUÍ MAPA EN ALTA CALIDAD

       Era un plácido domingo en Nejapa de Madero y parecía que todo el pueblo estaba atendiendo sus tareas en el río Grande. Una señora lavaba blusas de colores. Cerca, los niños jugaban en una ensenada poco profunda, mientras que un campesino con sombrero negro cruzaba su caballo a través del agua.

         “Era muy rico el río. Yo de niño aquí comía anguila, mojarra, barbudo, triponas, cuatro ojos”, recuerda un habitante de este pueblo, quien pidió el anonimato por miedo a las represalias. Pero hoy en día los únicos peces que quedan en el río Grande son las triponas y algunos habitantes dudan en consumirlas por miedo a la contaminación. Asimismo, muchos han abandonado sus pozos de agua potable, a pesar del elevado precio de los garrafones.

Foto: Emmanuel Ruiz Rojo

         La fuente de su preocupación es el proyecto minero El Águila, operado a unos 20 kilómetros río arriba por la empresa estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). En 2010, la empresa, a través de su filial mexicana, Don David Gold México, comenzó a extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo, primero de una mina a cielo abierto y después de otra subterránea. En 2017, GRC inauguró su segunda mina productiva, Alta Gracia, a unos 30 kilómetros de distancia.

         En ese mismo año los productores de la región empezaron a denunciar la aparente contaminación del río Grande tras su paso por la sede de El Águila en el pueblo de San José de Gracia. “El agua, si se pone un traste y lo dejas dos a tres días se pone baboso, como si fuera sal, áspero”, explica una autoridad de El Gramal, una agencia perteneciente a Nejapa.

         El Río Grande -también llamado río Tehuantepec, que atraviesa ese municipio antes de desembocar en el Océano Pacífico- se ve afectado también por varios factores, entre ellos el uso de pesticidas, la extracción de arena y grava, y la deforestación. Sin embargo, los campesinos entrevistados por Avispa Midia dicen que el problema se agudizó después de que El Águila comenzó a operar. Ahora “al tercer día de riego se queda una mancha blanca de 30 centímetros” en el suelo, dice la autoridad de El Gramal, sin ocultar la desesperación en su voz.

         Los agricultores que riegan con agua del Río Grande dicen que sus cultivos se están secando y muriendo. Mientras tanto, los cultivos regados con el agua del río Chiquito, que también corre por Nejapa, no se han visto afectados, aseguran.

         “Apenas después de 10 años [de la operación de la mina] estamos resintiendo los problemas. Imagínate en 20 a 30 años. Creo que vamos a desaparecernos como comunidad…..Nos están matando y ni siquiera hay un beneficio ni una recompensa por quitarnos la vida”, dijo un habitante de Nejapa que solicitó el anonimato.

Foto: Emmanuel Ruiz Rojo

         Según el informe más reciente de la empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo GORO, sus planes de expansión están lejos de haber terminado. En 2020 la compañía espera expandir su área de influencia en la mina Arista, que aporta la mayoría de las ganancias de la empresa como parte del proyecto minero El Aguila.

         Toda esta actividad implica un gran uso de agua. En 2015, la Conagua concedió a Don David Gold el permiso 05OAX137811/22FSDA16 para extraer del río Grande hasta 150 millones de litros de agua al año, que corresponde a 15,000 pipas de agua de 10 mil litros. A través del mismo permiso, la empresa puede verter casi 26 mil litros de desechos mineros por día al suelo en el municipio de San Pedro Totolapan.

         Se desconocen todos los efectos que está causado por el manejo de estos desechos. Una prueba de calidad del agua realizada por el Servicio Geológico Minero y la Secretaría de Economía en Nejapa de Madero en 2011 y, proporcionada para Avispa Midia por las autoridades anteriores de este municipio, indica que un año después de que El Águila comenzara a operar, los niveles de arsénico y plomo superaron los límites máximos permisibles para el uso en riego agrícola establecidos por la norma oficial mexicana NOM-001-ECOL-1996, por un factor de 3.3 y 2.3, respectivamente.

         En febrero de 2019, la Conagua suspendió sus servicios a Don David Gold debido a que la empresa carecía del permiso para la descarga de aguas residuales. Por si fuera poco, desde la apertura de El Águila, la Profepa no contaba con las herramientas necesarias para el monitoreo del manejo de residuos de la empresa. Esto se debe a que Don David Gold carecía de una Licencia Ambiental Única, un trámite que coordina la regulación de los residuos peligrosos, el vertido de aguas residuales y las emisiones atmosféricas.

         Como resultado de esta omisión la Profepa ordenó en septiembre de 2017 el cierre temporal del la mina El Águila. Según la Profepa, la empresa además carecía de dispositivos de control de emisiones y no informaba sobre las mismas, como lo exige la ley. En 2018, Don David Gold resolvió sus infracciones con una multa de $9,813,700 pesos. Por su parte la empresa insiste, por medio de un correo electrónico, que ha "[obtenido] la aprobación y la documentación de las autoridades de Conagua de que nuestras operaciones en curso no contaminan las fuentes de agua locales".

Foto: Comuneros de Santo Tomás de Arriba

         A un par de horas al noroeste de El Águila, en la comunidad zapoteca de Santo Tomás de Arriba, GRC ha estado realizando exploraciones y pagos anuales a las autoridades comunales durante casi una década, según las denuncias de comuneros que solicitaron el anonimato.

         Desde la ubicación del pueblo en la cima del cerro son visibles los crecientes impactos del proyecto minero de Alta Gracia, propiedad de GRC. El territorio de Santo Tomás también está afectado por una concesión de exploración con el nombre “El Chamizo”, que fue otorgada a Don David Gold en 2011 y cubre casi 265 kilómetros cuadrados (tres veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca). Un maestro de la comunidad que reservó su nombre, denunció la cooptación de las autoridades comunitarias desde entonces:

         “Cada año les están dando 80 mil pesos, 90 mil pesos, y en la fiesta de la comunidad igual aportan refrescos, cervezas, a modo de ir cooptando a las autoridades... Lo que hemos observado es que las autoridades de nuestro pueblo también se están acostumbrando a esto... No sabemos si debajo de la mesa haya otro acuerdo entre las autoridades comunales y la minera”, dijo el maestro para Avispa Midia. Precisó que lejos de consultar con la comunidad sobre el proyecto de extracción, las autoridades solamente informan sobre las donaciones de la empresa.

         Otro profesor de la comunidad expresó su preocupación de que después de años de exploración, la empresa podría iniciar pronto la producción comercial, con todos los impactos que esto implicaría. “Primero van a afectar el río, el agua que está ahí que no se acaba. Sí lo ocupa la gente para su trabajo de campo”, dice.

         Agrega el maestro, “vemos el anuncio en la entrada al camino de la mina de Alta Gracia: Territorio de Don David Gold, propiedad privada, se prohíbe el paso. ¿Qué va a pasar cuando la empresa ya está trabajando en Santo Tomás de Arriba?....La verdad desconocemos que tanto de terreno van a delimitar y van a decir, aquí no pasan ustedes”.

         Las autoridades de otro municipio, San Baltazar Chichicápam, ubicado a una hora en auto desde la ciudad de Oaxaca, cuentan una historia similar. Alrededor de 2012, representantes de Don David Gold llegaron a su pueblo ofreciendo beneficios económicos, “empezaron a entrar en diferentes instituciones para dar apoyos, me imagino que para ganar a la gente... Entraron en las escuelas, estaban dando un médico para el centro de salud”, dice Juana Castellanos, la tesorera de la comunidad.

         Pero en el año 2013 las autoridades de Chichicápam, preocupadas por los efectos a largo plazo sobre su tierra y sus aguas, convocaron una asamblea para decidir si se toleraría o no la minería en su territorio. Los habitantes del pueblo acordaron no sólo prohibir la minería, sino también rechazar las concesiones existentes, incluida la de GRC. En los propios informes de la empresa argumentan que dejó de explorar la concesión El Rey, que abarca el territorio de Chichicápam, tras una solicitud para obtener aprobaciones adicionales de los organismos comunitarios locales. “Ahorita ninguna empresa ya no se acerca acá, porque ya sabe, el pueblo dice no a la mina. Estamos salvaguardando todo el territorio de Chichicápam”, dice Armando San Juan López, el presidente del Consejo de Vigilancia.

         Recientemente, otra comunidad ha logrado detener la expansión del GRC en los Valles Centrales. En Febrero de 2020, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca concedió la suspensión de plano a la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni, en el juicio de amparo presentado para que Don David Gold, junto con otras dos empresas, cancelen sus trabajos de explotación de la mina El Águila en su territorio.

         La comunidad denunció que si bien la entrada a la mina se ubica en el municipio colindante de San Pedro Totolapan, Don David Gold ha perforado cientos de metros de túneles de explotación en el territorio comunal de Quiatoni. Con la resolución del pasado febrero, ya no podrá continuar haciéndolo. “Sabemos que nos enfrentamos a un monstruo empresarial transnacional, pero haremos valer nuestros derechos con toda la dignidad y valentía que nos caracteriza como pueblos originarios”, precisó Simitrio Ruiz, representante de la comunidad, en un mitin frente al palacio del gobierno de Oaxaca.