En portada: Representantes de organizaciones sociales y comunidades hondureñas durante la presentación de recurso jurídico para frenar la aplicación de la nueva Ley para el Fortalecimiento, Protección del Sector Agroindustrial y Proyectos de Energía en Honduras. Foto: Copinh
El miércoles (17), entre una enérgica muchedumbre y elementos policiacos que resguardaban la Corte Suprema de Justicia de Honduras, representantes de al menos 217 organizaciones de base y comunidades indígenas presentaron una Acción Constitucional de Hábeas Corpus Preventivo ante la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal del país centroamericano, contra la nueva Ley para el Fortalecimiento, Protección del Sector Agroindustrial y Proyectos de Energía en Honduras.
El objetivo del recurso legal es que la Sala de lo Constitucional declare la inaplicabilidad de dicha ley para garantizar “la protección efectiva de la libertad individual y evitar la comisión de actos violatorios de derechos humanos”. Busca frenar amenazas inminentes y, como informó el abogado Edy Tábora, proteger 217 territorios de familias campesinas, indígenas, negras y organizaciones populares bajo riesgo de desalojos y de criminalización.
El abogado detalló que el recurso jurídico se dirige contra autoridades de los tres poderes del Estado incluyendo a Nasry Asfura, quien asumiera la presidencia recientemente en enero de este año. También está encaminada a los titulares de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, “por su responsabilidad directa o indirecta en la eventual implementación de medidas que podrían derivar en detenciones arbitrarias, desalojos forzosos y graves violaciones a los derechos fundamentales”, sostienen las organizaciones mediante pronunciamiento público.
Entre los puntos clave de la ley se encuentra la limitación de manifestaciones, al establecer que serán garantizadas sólo si no se afecta la circulación de alimentos, combustibles o servicios esenciales. Además, se dispone de los cuerpos de seguridad del Estado para limitar las protestas bajo esa línea argumentativa.
Las comunidades y organizaciones también señalan que la ley condiciona la realización de la consulta previa sólo a pueblos indígenas con titularidad registrada.
Además, para Tábora, cualquier normativa que pueda afectar a los pueblos indígenas, como la nueva ley, debería ser consultada. “Este es un ejemplo claro (la ley promovida por la agroindustria) sobre el cual se debió haberse consultado a los pueblos”, sostuvo el litigante.
La nueva ley fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 3 de junio con el nombre Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras. La ley fue ratificada cinco días después y modificada el 9 de junio para extender los beneficios a otros sectores, consolidando ahora la Ley para el Fortalecimiento, Protección del Sector Agroindustrial y Proyectos de Energía en Honduras.
Por mientras, la ley se encuentra pendiente de sanción por parte del Poder Ejecutivo y de su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Acceso a la Tierra y Criminalización
Según el abogado Tábora, además de congelar o de anular los derechos de acceso a la tierra a los pueblos indígenas y organizaciones o comunidades campesinas, la nueva ley incluye los artículos 5, 6 y 8 que incorporan el uso de órdenes de captura, generan criminalización y judicialización de defensores de los territorios.
En reflexión del litigante, la ley presentada por el mismo sector agroindustrial, y ampliada a los sectores turístico y energético, también recurre a la realización de procesos de desalojos masivos. “Esas órdenes vienen desde el Congreso Nacional y por eso se ha presentado un Hábeas Corpus contra las diferentes autoridades relacionadas con la represión que se ordena en la ley, incluso la represión de cualquier persona que proteste en el país”, sostiene el abogado ante el peligro que se cierne sobre lugares donde comunidades recuperan tierras, tal como ocurre en el Valle del Aguán y en cientos de otros lugares en Honduras.
Por su parte, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), aseguró que durante la presentación del Hábeas Corpus estuvieron presentes representantes de más de 500 territorios posicionados en contra de la ley que busca “deslegitimar” las comunidades en lucha y “dar paso al despojo, el desalojo y la desaparición”.
Para la dirigente garífuna, la nueva ley representa un gran peligro ya que busca la eliminación de quienes participan en las luchas sociales. “Los que estamos en los territorios hoy más que nunca estamos en peligro, y por eso tenemos que luchar, para no solamente evitar el despojo, sino el asesinato. Quieren asesinarnos, quieren desaparecernos para instalar industria, para instalar empresas, porque las empresas no quieren a los pueblos. Les estorbamos”, denunció Miranda en las inmediaciones de la Corte.
Frente a la entrega del recurso, la coordinadora de Ofraneh aseguró que buscan la protección de su futuro y de sus comunidades. “Vamos a luchar con nuestras vidas contra esa ley. Eso que están haciendo con el movimiento campesino, con las empresas asociativas campesinas (en el Valle del Aguán), lo que están haciendo con los territorios y lo que pretenden hacer con los comunidades y garífunas a través del turismo (…) están impulsando un proceso de genocidio cultural contra el pueblo garífuna”, denunció ante la multitud.
Mientras continúan alzando la voz, comunidades y organizaciones de todo Honduras realizan la convocatoria a la población general para sumarse a las próximas acciones de defensa, denuncia, movilización e incidencia para la defensa de los territorios.
