domingo, septiembre 26, 2021
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Organizaciones respaldan autoconsulta maya sobre granjas de cerdos

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En portada: Organizador@s y participantes de la autoconsulta maya en Yucatán. Foto de la Misión de Observación

El pasado julio, las comunidades mayas de Kinchil, San Fernando (Maxcanú) y Celestún convocaron a la realización de una autoconsulta para decidir sobre la presencia y continuidad de labores de las megagranjas de cerdos que operan en el estado de Yucatán.

Durante el desarrollo de la autoconsulta estuvieron presentes organizaciones observadoras, tales como la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh) y la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica. 

Este lunes (13), dichas organizaciones publicaron un informe de observación del ejercicio, en el cual enfatizan el proceso de organización de las comunidades como un “proceso ejemplar de organización, que debería guíar los procesos de consulta que el propio Estado debe realizar de manera previa, libre e informada respecto a las decisiones que impacten en la vida y territorio de los pueblos indígenas”. 

Según estas organizaciones, dicho proceso reflejó un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación de los pueblos, pese a un contexto adverso por la polarización social, así como la pandemia.

Este proceso fue realizado por colectivos pertenecientes a las comunidades, como el Colectivo de atención comunitaria U Yutzil Kaj (Maxcanú), del Colectivo Maya del Poniente Chik’in Ja’ (Kinchil) y del Consejo maya del Poniente Chik’in Ja’ (Celestún), además de contar con el acompañamiento del Equipo Indignación Promoción y Defensa A.C.

De esta manera se realizaron tres autoconsultas, desde sus etapas organizativas, informativas y deliberativas, en las cuales existió amplia participación social y que arrojó como resultado que dos comunidades, Celestún y San Fernando, se pronunciaron en contra de la permanencia de la industria porcícola en sus territorios.

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En el informe, contextualizaron que las comunidades de la región se han organizado para que las autoridades, así como la empresa respeten su derecho a la libre determinación y consentimiento informado, pues la industria porcina opera provocando grandes impactos sociales y ambientales en la península, sin que se cuente con información completa y pertinente proporcionada por la empresa, “lo que se vuelve especialmente relevante cuando la propia empresa ha generado un clima de tensión social, e incluso referido su desconocimiento por la validez de los resultados de la consulta”.

Denuncias

Participante emite su voto en autoconsulta maya. Foto de Misión de Observación.

Otro punto que destaca el documento es la ejecución, por parte de la empresa Kekén y sus aliados políticos, de una estrategia para intimidar y hostigar a l@s organizadores y participantes de la autoconsulta, lo que influyó para que en Kinchil la votación arrojará un SÍ a la permanencia de la industria porcina.

En dicho proceso se denunciaron actos en aquella comunidad que vulneraron el derecho a la libre participación, tanto en la etapa informativa y consultiva. “El día de la consulta, se percibieron personas vinculadas a la empresa que parecían anotar quiénes votaban y que hicieron intentos por ver el sentido de los votos. A pesar de no constituir agresiones, ello generó un entorno no propicio para el voto libre de las personas, más aún en una comunidad en la que tiene tanta presencia la empresa, pues se trata de una de las principales fuentes de ingresos de la población. Es por ello que las organizaciones observadoras denuncian estos actos de hostigamiento que interfieren en el libre desarrollo del ejercicio de autoconsulta. Al finalizar la etapa consultiva algunas personas del pueblo presentaron mantas a favor de la granja y en contra de organizaciones de la sociedad civil y de algunos de los miembros organizadores de la consulta”, registra el informe.

El documento también recoge testimonios anónimos los cuales denuncian acciones que podrían significar condiciones adversas para la libre participación ciudadana, que se desarrollaron entre la fase informativa y consultiva. “La empresa desde tres días antes se alió con agentes políticos y candidatos que operaron dando dinero y trago y también eso causó choque y provocación, además había lista de los trabajadores que iban a votar” refiere el informe.

Por otro lado, durante la asamblea informativa realizada en San Fernando el 16 de julio, “se presentaron trabajadores de la granja a la asamblea, con la intención de defender a la empresa, de acuerdo con el comunicado emitido por el Colectivo Yutzil Kaj, el Concejo Maya del Poniente Chik’in Ja’ y el Equipo Indignación. Al finalizar la asamblea se presentó el comisario municipal Canul Cocom, quien se negó a responder y brindar información a las preguntas planteadas por los integrantes del comité de la asamblea, y emitió un mensaje de amenaza a quienes organizan la consulta: ‘Escuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan’”, denuncia el documento elaborado por las organizaciones observadoras.

El informe destaca que estas acciones en San Fernando limitaron el espacio cívico y crearon un clima de tensión debido a las amenazas contra la organización de la autoconsulta. También denuncian la presencia de personas alcoholizadas y de policías municipales, quienes incluso realizaron rondines y registraron las identidades de las personas que realizaron el ejercicio.

“De acuerdo con un testimonio anónimo, la consulta fue condicionada para los trabajadores de la empresa y sus familiares, ya que unos días antes de la consulta, la propia empresa convocó a una junta brindando información sobre los beneficios de los empleos generados por las granjas porcinas y condicionando de esta forma el voto”, resalta el documento.

“Lo que vimos nosotros es que a la gente se le condicionó muchas cosas, [antes de la consulta] se brindó apoyo al grupo de beisbol, con trajes de béisbol, de equipo y todo, les llevaron el mismo día una unidad para consultas médicas, médicos y medicamentos en esos tres días antes de la asamblea. Se estaba presionando de casa en casa para que se votará el “sí” […] La autoridad municipal, lo desconozco, pero lo que sabemos es que estuvo presionando de casa en casa con los líderes, para que se moviera y todos votaran por el sí, se lo tomaron como muy político”, refieren testimonios registrados por las organizaciones observadoras.

No obstante, las organizaciones destacan la notable participación de las mujeres en San Fernando, quienes lideraron desde la instalación de la casilla, el transcurso de la jornada y el conteo de votos.

Cabe destacar que en los tres procesos fueron invitados tanto autoridades locales y federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, así como las empresas del Grupo Porcícola Mexicano, las cuales no asistieron.

Por ultimo, el informe enfatiza que “las empresas deben respetar la libre determinación de las comunidades en su derecho a organizarse para decidir sobre el modelo de desarrollo en su territorio. Conforme lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos1, las empresas también deben evitar realizar actos de hostigamiento contra las comunidades en donde realizan actividades (…) Hacemos hincapié y un llamado tanto a las autoridades de los tres niveles, así como a la empresa, a respetar los procesos de autonomía y autodeterminación del pueblo maya y de las comunidades que llamaron a la consulta.

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