Palma aceitera y conservación: aliadas en la expulsión de comunidades en la Amazonía brasileña

La justicia brasileña canceló los registros de dos propiedades de la mayor productora de aceite de palma sostenible de las Américas, la empresa Agropalma, en el estado de Pará, epicentro del monocultivo de palma aceitera en Brasil, por ser tierras usurpadas. En estas tierras, que continúan bajo posesión de la empresa, se encuentran territorios de comunidades quilombolas. Ellas reclaman a la justicia brasileña el derecho a su territorio, donde aún sobrevive la selva amazónica.

Haciendo caso omiso del conflicto agrario y de la decisión judicial que anuló los registros de propiedad, Agropalma está a punto de comercializar la selva que sobrevivió a la deforestación que dio paso a la palma aceitera -que cuenta con una certificación mundial de sostenibilidad, la RSPO. Como ha podido comprobar este reportaje, parte de este bosque tropical está en tierras que coinciden con el territorio reclamado por los quilombolas en los tribunales brasileños.

La empresa pondrá en marcha el Programa REDD+Agropalma en el mercado voluntario de carbono, con una vida útil hasta 2051, sin consultar a las comunidades con las normas internacionales previstas en el Convenio 169 de la OIT. El programa se encuentra en la fase final de certificación por parte de la organización estadounidense VERRA. En la documentación dirigida al mercado y en el proyecto del programa, obtenido por este reportaje, la empresa omite el conflicto.

Mientras tanto, Agropalma aumenta la vigilancia armada y el control sobre los bosques para mantener estable el stock de carbono a comercializar, lo que ha incrementado la conflictividad en el territorio durante el último año y medio, ya que las comunidades tradicionales viven de los ríos y de la selva. Entre los principales ejes del programa REDD+, que se pondrá en práctica en los próximos años, está el aumento del sistema de seguridad y vigilancia privada de los bosques tropicales.

EXPULSAR PARA CONSERVAR

¿A QUIÉN PERTENECE LA TIERRA?

RECUPERACIONES

Quien recorre la cuenca alta del río Acará, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña, observa en diversos lugares de sus orillas trozos de madera que han servido de paredes para casas o de refugio para animales, fragmentos de tejas, restos de trapiches, evidencias de que, en años pasados, la gente vivía allí en comunidades.

La prueba más contundente de la vida en las riberas del Acará son los cuatro cementerios ancestrales donde están enterrados indígenas y quilombolas, - descendientes de africanos que se rebelaron y huyeron de la condición de esclavos, retenidos por los portugueses, alrededor del siglo 19. Cruces de religión africana acompañan las catacumbas que resisten al tiempo.

Aún hoy recuerdan, y es posible ver los vestigios, de la escuela, la iglesia, el salón de fiestas que formaban parte de la comunidad. “Cuando vivíamos allí, teníamos de todo. Plantábamos frijol, arroz, yuca, criábamos cerdos y gallinas. Había abundancia, pescábamos y cazábamos para vivir, bebíamos agua directamente del río”, recuerda doña María.

Nossa Senhora da Batalha está en el epicentro de la producción de palma aceitera de Brasil, en el noreste de Pará, donde hay plantados unos 23,000 km2 de palma, equivalentes a una superficie mayor que la de El Salvador, produciendo un volumen de palma de aceite que corresponde al 90% de la producción brasileña, según la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Estado de Pará.

El polígono de la palma aceitera en Pará comprende principalmente los municipios de Acará, Moju, Tailândia y Tome-Açu. La frontera de expansión se sitúa en la región de confluencia del río Moju con el Acará, un río de 900 km de longitud que conecta el interior del Estado de Pará con Belém, una región favorable a la palma aceitera por el exceso de calor y agua, característicos de la región amazónica.

Guilherme Carvalho, historiador y doctor en Planeación del Desarrollo Socioambiental en el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidade Federal do Pará, explica que el noreste del Pará, epicentro del dendê, es una región estratégica que conecta la Amazonía al mercado mundial.

La quilombola María tiene tres hijos y tres nietos enterrados en el cementerio de Nossa Senhora da Batalha. “No puedo ir a rezar por mis muertos libremente, tengo que pedir permiso a la empresa”, refiriéndose a Agropalma, que en sus informes afirma ser propietaria de 107,000 hectáreas en la región, de las cuales 39,000 hectáreas son plantaciones de palma aceitera y 64,000 hectáreas de selva amazónica, dentro de esta área de reserva forestal se encuentra el territorio de Nossa Senhora da Batalha.

También están los quilombolas que resisten en comunidades, como Vila Gonçalves, en la orilla del río, vigilados por la seguridad privada de Agropalma, ya que el bosque tropical forma parte de las tierras controladas por Agropalma.

La circulación en este territorio, bajo posesión de Agropalma, nunca ha sido “totalmente tranquila”, como lo describe José Joaquim dos Santos Pimenta, quilombola y presidente de la Associação de Quilombos Remanescentes das Comunidades da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares, no Vale do Acará (ARQVA). Pero en el último año y medio el conflicto ha aumentado “porque la empresa ha estado obstaculizando nuestro acceso al territorio hasta el punto de querer prohibir nuestra circulación en lo que todavía existe de selva”.

La empresa estableció una estructura para controlar el territorio por río y por tierra. Barreras en los caminos, torres de vigilancia, puestos de control tanto en el río Acará como en los caminos tradicionalmente utilizados por los quilombolas.

“Vamos a avisar a nuestro inspector, ustedes esperen. Danos los nombres de las personas que son tus invitados para que se los pasemos a la inspección y, según lo que nos digan, te daremos una respuesta”, comentó uno de los vigilantes, que dijo llamarse Toni.

Nosotros, del equipo, nos identificamos. Los quilombolas también. Esperamos.

El calor era fuerte y húmedo. Hacía casi 40 grados. Estábamos rodeados de palmeras. Hectáreas y más hectáreas de verde oliva de las palmeras que sofocaban con tanta monotonía. Una de las quilombolas que nos acompañaba, Diana María Pimenta da Silva, irrumpió en esa sensación de vacío que provoca la poca, o casi nula, diversidad de vida y me llevó hacia un lado. “Ven a ver”, me dijo.

“Aquí”, y mostró lo que parecía ser el cauce de un pequeño río que estaba seco. “Mira este igarapé (cuerpo de agua similar a un riachuelo, característico de la Amazonía) o lo que debería ser un igarapé. Es el Cariateua”. Antes era un brazo del río Acará. “Viene de aquí arriba y baja hasta el río Acará, unos 400 metros de aquí hasta allá. En esta ruta hay tres puestos de control de la Agropalma,” explica.

“Teníamos un sembradío que al fondo del terreno desembocaba en este igarapé. Nuestra casa estaba un poco lejos. Así que íbamos al campo por la mañana, pasábamos el día cuidando la tierra y al final del día volvíamos a casa”.

En medio de los recuerdos de Diana llegó la respuesta esperada. Teníamos que estar en la lista de Agropalma para poder entrar en el territorio. No lo estábamos. Nuestra presencia no estaba permitida.

“Tenemos que depender de la empresa. Tienen que permitirnos entrar en nuestro territorio con un invitado nuestro. Es como si el portero de tu edificio, que no tiene nada que ver contigo, controlara quién puede o no entrar en tu casa. Para mí es el fin”, se lamentó Serrão.

En febrero de 2022, la Associação de Quilombos Remanescentes das Comunidades da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares, no Vale do Acará tuvo que redactar una lista de nombres de personas que serían autorizadas por la empresa a acceder al cementerio y al río, previa presentación de un documento de identidad en los controles de acceso creados por Agropalma.

En enero de 2022, los quilombolas ocuparon su territorio como forma de protesta contra el aumento de los mecanismos de interdicción. La empresa pidió entonces el desalojo.

El término del acuerdo alcanzado en una audiencia de mediación dice que se garantiza "a los miembros de la asociación la libre circulación y pasaje en el área objeto de la disputa; circulación y pasaje que deberán ocurrir solamente previa identificación de la persona".

“De hecho, con este acuerdo recibimos un duro golpe”, resume el presidente de la asociación de quilombolas.

Por un lado, la empresa denuncia, en actas incluidas en el expediente del juicio de desalojo, que los quilombolas incumplen el acuerdo y se resisten a identificarse. “Ingresaron al predio por el río Acará, sin que el acceso se realizara por el puesto de control de Agropalma, configurando una entrada clandestina (...). Insisten en ingresar al predio por medios clandestinos (sin garitas ni control de acceso)”, informa la empresa en un documento adjunto al expediente.

Los “caminos clandestinos” son los caminos utilizados ancestralmente, protestan los quilombolas.

Por otro lado, los quilombolas alegan que el control del territorio aumentó después del acuerdo. “La torre que custodia el cementerio, por ejemplo, fue construida después de que lo ocupamos. Fuimos a desyerbar la zona del cementerio, ese día me sentí prisionero. Trabajaba y el tipo con una pistola me vigilaba mientras que la cámara estaba en la torre. Mis padres trabajaban casi gratis para los portugueses, pero no llegaron a este punto de ser vigilados por hombres armados”, dijo Serrão.

La defensora pública, Andreia Barreto, reafirma que en este proceso “la empresa acabó construyendo nuevos puntos de control, reforzando frentes que hasta entonces estaban libres”. En resumen, “amplió el encierro”.

El acuerdo fue el término “posible en este momento para solucionar el conflicto”, explica la defensora, ya que la empresa había abierto agujeros, zanjas, colocado obstáculos para contener la presencia de los quilombolas. Para ella, el conflicto sólo se resolverá cuando el Instituto de Tierras de Pará (Iterpa), órgano del Estado responsable de la regularización de las tierras, regularice las tierras demandadas por los quilombolas.

¿Quién come dendê?

Doña María dice no entender la necesidad de tanto aparato de vigilancia en las tierras que Agropalma dice poseer. “Nadie entrará a robar dendê. ¿Quién come dendê? Yo no como dendê”.

De hecho, el principal punto de vigilancia de Agropalma en la actualidad no son sus 34,000 hectáreas de plantaciones de palma, sino las 64,000 hectáreas de selva amazónica que posee como reservas legales.

El territorio de la comunidad Nossa Senhora da Batalha, así como de las otras comunidades representadas por la ARQVA, está exactamente en parte de esta reserva legal.

Así lo describen los funcionarios del Iterpa en un informe de inspección, realizado en el proceso de regularización del territorio quilombola, cuyo expediente todavía abierto fue revisado para este reportaje: “El componente florístico de esta área (el territorio requerido por los quilombolas) está compuesto predominantemente por bosque secundario, donde predominan la capoeira y el capoeirão, reserva legal de la empresa Agropalma.”

Agropalma creó un programa de “protección forestal” y un departamento específico para vigilar los límites de la reserva legal, compuesto por un coordinador, un supervisor, inspectores y guardabosques. Los gastos del programa ascienden a 1,5 millones de reales al año, según ha anunciado la empresa en sus informes.

El año pasado, Agropalma reforzó el número de guardias que vigilan el bosque. “Contratamos un equipo especializado de cerca de 100 guardias forestales entrenados y armados”, anunció bajo el título “Defendiendo nuestros bosques” en su informe de sostenibilidad 2021, publicado a finales de 2022. Antes había 30 guardas forestales.

En puntos estratégicos de las reservas, hay casas de Agropalma donde residen parte de los guardias, “para facilitar los patrullajes”.

La estrategia de seguridad de Agropalma no se limita a sus propios guardabosques armados. “Colaboramos con funcionarios de los gobiernos locales y estatales y con colegas del sector para desarrollar una estrategia de seguridad para todas nuestras regiones de operación”, informa en su informe de sostenibilidad de 2021.

En el expediente del juicio de desalojo, los quilombolas denuncian en varios casos haber sido agredidos y amenazados por guardias forestales armados de la empresa. En uno de los casos, en abril de 2022, la empresa asegura al juez que “decidió sustituir a los guardias armados por vigilantes con armas no letales, en cuatro puntos de monitoreo (...)”. Los quilombolas garantizan que las amenazas continúan.

La amenaza también está impresa en carteles esparcidos por la empresa en toda la reserva legal que advierten sobre la prohibición de cazar y pescar. En los márgenes del río Acará, los carteles están presentes por lo menos cada mil metros.

“Se llevan el pescado, la caza, el equipo que utilizamos para pescar y cazar. Nos escoltan fuera del río o del bosque, como si fuéramos delincuentes. Es una humillación”, denuncia Santos Pimenta.

Las restricciones forman parte de la “política de preservación de los bosques y la biodiversidad” de la empresa, según la cual la prohibición “permite mantener los procesos ecológicos dentro de estas zonas”.

Según el coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Winnie Overbeek, este modelo de conservación “es un modelo global y hegemónico, en el que se construye una ‘cerca’, a menudo literal, alrededor del bosque que aún existe”.

Lo que se idealiza es un bosque sin gente “basado en la visión de que las comunidades que siempre han vivido y dependido del bosque son las principales amenazas de la deforestación”.

Overbeek califica esta visión del bosque de “contradictoria y mentirosa”, ya que “deja intacto el proceso de deforestación y sus verdaderas causas -como el agronegocio, la minería, las plantaciones de monocultivos industriales- a nivel global”.

Los bosques y selvas de todo el mundo “son el resultado de complejas interacciones a lo largo de la historia con todas las especies, incluida la humana, como es el caso de la Amazonía”, subraya.

En el acuerdo de conciliación entre la empresa y la asociación quilombola en el marco del juicio de desalojo, se reconoce “que los ríos y sus márgenes son bienes públicos y de uso común que, por lo tanto, no pueden imponer obstáculos o restricciones a la circulación de unos y otros, ni a actos como la pesca en las mencionadas áreas”.

A pesar de esto, el aumento de las restricciones sigue siendo objeto de acciones civiles públicas promovidas por el Ministerio Público y la Defensoría Pública de Pará.

“Aquí hay mucha hambre. Hay mucha gente que depende del río. Pero hay mucha gente que ha dejado de ir a pescar porque su nombre no está en la lista de Agropalma. Yo siempre voy. A veces voy dos veces por semana. Llego (en el puesto de control), me impongo. Logro pasar. Cuando vuelvo con el pescado, no puedo dárselo a todos, pero entonces compartimos lo que es posible”, dice Serrão.

¿Por qué conservar?

Santos Pimenta relata diferentes momentos en los cuales vivió la destrucción de la selva amazónica promovida por Agropalma. Uno de ellos, en concreto, fue a finales de 1999. “No me gusta ni recordarlo, fue una de las mayores destrucciones ambientales que he presenciado. Fue tan grande que hasta el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) vino y multó a la empresa”.

Según el quilombola, era un área gigantesca. “Cientos de miles de animales murieron dentro del fuego. Derribaron todo con un tractor y le prendieron fuego. Encontramos un montón de monos, guaribas, jaguares, venados, todos quemados. Fue algo terrible”, recuerda.

Agropalma, en sus informes de sostenibilidad, admite que deforestó. Deforestó durante 20 años. La “conversión de bosques en plantaciones de palma” tuvo lugar entre 1982 y 2002, precisamente el período en que se intensificó la expulsión de los quilombolas de su territorio. “Desde 2002, asumimos una política estricta de no deforestación. Dejamos de convertir bosques en plantaciones de palma”.

La principal fuente de gases de efecto invernadero sigue siendo la deforestación histórica que ha provocado. Según el informe de sostenibilidad de 2021, la deforestación histórica de la empresa, lo que ellos llaman eufemísticamente “cambio de uso del suelo”, es responsable del 67,97% de las emisiones de carbono acumuladas calculadas para 2021.

A pesar de toda la deforestación que provocó, hoy se autodenomina una empresa “carbono cero”, es decir, sus reservas capturan una cierta cantidad de carbono de la atmósfera que compensa el carbono que se generó durante el proceso de plantación y que se genera durante el procesamiento del aceite de palma, además de las emisiones históricas debidas a la deforestación que provocó.

El cambio de actitud de la empresa ha respondido a los cambios del mercado. Conservar se ha vuelto rentable. “Sabemos que las reglas del juego cambian constantemente (...). Un buen comportamiento social y medioambiental puede garantizar precios superiores”, a la hora de vender aceite de palma y sus productos. La certificación RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible) y la reducción de emisiones de carbono “son considerados requisitos básicos necesarios para cualquier operación comercial en Europa y Estados Unidos”, dice en sus informes.

A pesar de los conflictos agrarios y la deforestación histórica, cuenta con certificaciones nacionales e internacionales. Fue la primera empresa de aceite de palma de Brasil en obtener el certificado RSPO en 2011, el principal reconocimiento internacional que califica la producción de aceite de palma como sostenible. Uno de los directores de Agropalma ha sido incluso miembro de la Junta Directiva de la RSPO.

¿Producción responsable?

En una Demanda Civil Pública presentada por el Ministerio Público del Estado de Pará contra Agropalma, el organismo público solicitó que la empresa no utilizara el certificado concedido por la RSPO en sus piezas publicitarias, en vista de las irregularidades en la adquisición de tierras. El juez decidió que “la obligación de retirar la certificación concedida a Agropalma sería de la empresa que concedió el certificado”. El equipo de este reportaje se puso en contacto con la RSPO para aclarar si la organización había tomado alguna medida.

En respuesta, la RSPO afirmó que “nuestros registros muestran que no hay casos de reclamaciones en curso relacionados con las operaciones de Agropalma en el estado de Pará, Brasil” y que “el papel de la RSPO no es fiscalizar a la industria”.

La totalidad de las 39,000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, las cinco fábricas de Agropalma con capacidad para extraer 266 toneladas de racimos de frutos secos por hora, dos refinerías y dos unidades de producción de grasas siguen estando certificadas. “Todo el grupo (Agropalma) está certificado por las normas de la RSPO”, afirma la organización, a pesar de que su auditoría anual de 2021 señala el uso del agroquímico glifosato, calificado como “potencialmente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud.

Las reservas forestales desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la certificación porque son consideradas reservas de carbono. “El vínculo entre la expansión de la palma aceitera y la deforestación se romperá mediante la adopción de un enfoque de Altas Reservas de Carbono, además de una Evaluación de Alto Valor de Conservación”, afirma uno de los indicadores de “desarrollo sostenible” de la auditoría de la RSPO.

De modo que “la certificación RSPO requiere evaluaciones de Alto Valor de Conservación y el Enfoque de Altas Reservas de Carbono para identificar, proteger y conservar los bosques y las áreas de importancia para la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas (...)”, dijo la RSPO al equipo del reportaje.

Acumulativamente, dijo el personal de la RSPO a este reportaje, para 2021, los miembros de la RSPO habrán preservado 301,020 hectáreas de tierras y bosques de conservación de importancia crítica como parte de la certificación. Las reservas forestales de Agropalma representan el 20% de este total. “Agropalma reportó 64,000 hectáreas de tierras designadas y gestionadas como áreas de Alto Valor de Conservación”, informa la organización.

Las medidas para conservar las reservas forestales son también un punto de análisis en la auditoría anual de la empresa. Agropalma muestra su estructura de vigilancia forestal en la auditoría.

Las “asociaciones sólidas” como las que Agropalma mantiene con organizaciones no gubernamentales conservacionistas internacionales, como Conservation International y el Palm Oil Innovation Group (POIG), también “establecen confianza y nos permiten acceder al estatus de proveedor preferente”, sostiene Agropalma en sus informes de sostenibilidad. Organizaciones conservacionistas como Rainforest Action Network, Forest Peoples Programme y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) forman parte del POIG.

REDD+ es un mecanismo de compensación de emisiones de carbono desarrollado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que, en teoría, pretende estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para que las actividades humanas no supongan un peligro para el planeta.

En la práctica, permite a las empresas contaminantes compensar sus emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles mediante la compra de los llamados créditos de carbono. Estas empresas buscan proyectos de conservación que ofrezcan estos créditos. “En realidad son créditos de contaminación”, define el coordinador internacional del WRM, Winnie Overbeek.

Según el proyecto del Programa REDD+ de Agropalma, obtenido por este reportaje, el área del programa incluirá 50,519 hectáreas de las 64,000 hectáreas de reserva que posee la empresa, ubicadas en los municipios de Tailândia, Moju, Tomé Açu y Acará, en las márgenes del río Acará, por un período de 30 años (2021-2051), con un potencial de reducción, según los estudios presentados en el proyecto, de cerca de 672,000 toneladas de CO2 equivalente por año de emisiones.

La industria de la conservación

Las soluciones a la crisis climática basadas en la naturaleza, como se ha denominado en los últimos años a los mecanismos de compensación de emisiones de carbono en el ámbito de las Naciones Unidas, de las ONG conservacionistas y del mercado, incluyen los proyectos REDD, que se llevan aplicando desde hace al menos 15 años en diversas partes del mundo. La naturaleza se ve como algo a lo que se puede poner precio y con lo que se puede comerciar. Unos conservan para que otros contaminen y esto cuesta dinero.

En estos años se ha demostrado “que REDD ha sido un fracaso, no para los vendedores y compradores de créditos de contaminación ni para los muchos consultores implicados en los proyectos, sino en cuanto al objetivo por el que generalmente se presenta REDD: un mecanismo para reducir la deforestación y la degradación de los bosques. Eso no ha ocurrido”, explica Overbeek.

Tampoco ha conseguido “mitigar las emisiones de carbono porque, las fuentes principales, los combustibles fósiles, siguen extrayéndose y quemándose, ahora bajo la coartada de que parte de esto se ‘compensa’ conservando los bosques” o se compensa con las propias plantaciones de monocultivos, como la palma aceitera.

Las organizaciones conservacionistas son actores importantes en la promoción de mecanismos de compensación en todo el mundo. Para el coordinador internacional del WRM, estas organizaciones, que tienen el discurso de la conservación de la naturaleza, actúan como “empresas que juntas forman una industria de la conservación”.

Overbeek añade que las ONGs adoptan una forma empresarial de organizarse, “sin preocuparse por las verdaderas causas de la destrucción de la naturaleza -como el agronegocio, la minería, la falta de demarcación de los pueblos que dependen de los bosques-, entre otras cosas porque tienen alianzas muy fuertes con estos sectores”.

En un informe de 2019 coordinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el entonces presidente de Agropalma y director de la Asociación Brasileña de Agronegocios, Marcelo Brito, comentó: “¿Quién habría imaginado hace 15 años que las empresas del sector privado y las ONGs estarían sentadas en la misma mesa?”

Expansión silenciosa

Desde 2007 se trabaja en el inventario de la fauna y flora de los terrenos bajo posesión de Agropalma, los mismos que “vende” la empresa en sus informes y al mercado como objeto de su protección. “En 2019, más de 1 mil especies, entre vertebrados e invertebrados, han sido registradas y monitoreadas en las reservas forestales”, informa Ambipar en el comunicado con el que anunció al mercado la puesta en marcha del proyecto REDD+ Agropalma.

El papel principal en este mapeo y seguimiento lo desempeñan la organización Conservación Internacional e investigadores de la Universidad de São Paulo y de la Universidad Federal de Pará (UFPA).

El plan de Agropalma es ampliar el área de vigilancia de la biodiversidad más allá de sus tierras e incluir las fincas de los productores que le suministran la palma aceitera. Para 2025, pretenden llegar a 24 nuevas zonas forestales, con el apoyo de Conservación International.

La colaboración entre Agropalma y Conservación Internacional, con el paso del tiempo, ha evolucionado desde el monitoreo inicial de la biodiversidad hasta incluir “el desarrollo social, la gobernanza y la planificación territorial”, con el apoyo de UFPA, según informa la empresa en su informe de sostenibilidad de 2019.

Tomando como espejo el modelo de conservación que se está implementando en las reservas de la empresa, Conservación Internacional, en colaboración con la Alianza para la Restauración en la Amazonía, con financiación de Agropalma, ha hecho un estudio que propone una planificación territorial para la microrregión de Tomé-Açu -que incluye los municipios de Tomé-Açu, Tailândia, Acará, Moju y Concórdia do Pará-, precisamente el epicentro de la palma aceitera en Brasil, señalando cuáles son las áreas prioritarias para la conservación, para la restauración forestal y para la expansión de la palma aceitera.

Conservación International apuesta a que Agropalma ejerza “liderazgo” para “continuar invirtiendo en acciones locales articuladas con las políticas nacionales (...)”, con el fin de “integrar la protección de la naturaleza con la producción a escala”, dice la organización conservacionista en su informe 2020 sobre los impactos de la asociación con Agropalma.

La idea es construir lo que llaman Corredores de Sostenibilidad, formados por “tierras contiguas controladas por empresas de palma aceitera, muchas de ellas fruto de la apropiación ilegal”, explica el investigador del proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonía, de la Universidad Federal de Pará, Elielson Pereira da Silva.

El incentivo es la posibilidad de rentabilizar los bosques tropicales mediante mecanismos de compensación del carbono. “Además de la venta de productos forestales, la creación de otros mecanismos de pago por servicios ambientales, como la protección del agua y la REDD+, permitiría maximizar las ganancias de los bosques en pie”, dice el estudio.

La cuenca alta del río Acará, donde se encuentra la comunidad de Nossa Senhora da Batalha, es considerada por el estudio como un área de conservación de “alta prioridad” para la formación de estos corredores. Tomé-Açu, Tailândia y Moju, con 125.000 hectáreas, 117.000 hectáreas y 110.000 hectáreas respectivamente, representan más del 90% del área con alta prioridad de conservación para la microrregión.

El área con “alto potencial” para la expansión de las plantaciones de palma aceitera se encuentra en el municipio de Acará, con 157,000 hectáreas; Moju, con 56,000 hectáreas; y Concordia do Pará, con 16,000 hectáreas. “Considerando sólo esta clase (“alto potencial)”, existe potencial para duplicar el área plantada con cultivos de palma aceitera en la microrregión de Tomé-Açu”, señala el estudio.

Aunque el municipio de Tailândia es considerado estratégico para proyectos de conservación, también se proyecta un área de expansión del cultivo de palma aceitera de 59,000 hectáreas.

Amazonía en disputa

La Alianza para la Restauración de la Amazonía, de la cual forma parte Agropalma, se creó en 2017 y “trabaja como catalizador y amplificador de la agenda de restauración en la Amazonía”, según su página web. Está formada por ONG conservacionistas nacionales e internacionales, así como por empresas centradas en rentabilizar la naturaleza.

The Nature Conservancy (TNC) está a cargo de la secretaría ejecutiva para los años 2022 y 2023, mientras que en los cuatro años anteriores lo estuvo Conservación Internacional. Entre sus miembros están WWF y el Instituto Tecnológico Vale, vinculado a la empresa minera Vale.

La organización Partnership Platform for the Amazon (PPA), formada por ONGs y empresas como Cargill, Vale, Alcoa y la Asociación Brasileña de Agronegocios, liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es otra de las organizaciones a las que pertenece Agropalma. Entre las líneas de actuación de la organización está el fomento del uso de reservas en propiedades privadas de la región, destacando formas de aprovechamiento de estos bosques, una de las cuales es para servicios ambientales.

El coordinador internacional del WRM advierte que, desde el Acuerdo Climático de París, adoptado en 2015, se observa un movimiento mucho mayor en Brasil en lo que se refiere a proyectos de compensación de carbono y la Amazonía es uno de los principales focos de estas estrategias.

El Acuerdo de París establece que todos los países del mundo, y no sólo los industrializados, como establece el Tratado de Kioto, deben tener un plan de mitigación de emisiones de carbono.

“La Amazonia es un territorio disputado en todo el mundo por este motivo. Hay muchos proyectos REDD en marcha con compradores internacionales. Se están creando nuevos proyectos. Cómo se coordinará todo esto para no tener ‘doble o incluso triple contabilidad’ y otros problemas, todavía no lo sabemos”, porque esto depende de la creación de un mercado de compensación con reglas claras, algo que todavía no existe en Brasil.

Lo que “sí sabemos es que sólo la reducción real de las emisiones de carbono puede marcar la diferencia” para detener la crisis climática, sostiene Overbeek, y no la “creación de mercados de compensación”.

La intensificación del cercamiento de las tierras donde hoy viven los quilombolas de la Asociación de Quilombolas Remanentes de las comunidades de Balsa, Turiaçu, Gonçalves y Vila Palmares del Valle del Acará forma parte de un proceso histórico de expulsión, al que ellos y sus antepasados han sobrevivido.

La realidad es que “a lo largo de la historia, hemos sido expulsados de un lugar a otro en función del interés económico por la tierra en la que vivimos”, lamenta Santos Pimenta, presidente de la asociación quilombola.

María recuerda las presiones que sufrió su familia para abandonar la comunidad de Nossa Senhora da Batalha. “Vinieron amenazándonos. Era una persecución. No había condiciones. A pesar de vivir durante décadas en el mismo lugar, no teníamos documentos de propiedad”, recuerda María. “Para no decir que nos desalojaban, decían que la tierra tenía dueño y que nos ofrecían dinero, una miseria, para que nos fuéramos. No teníamos otra opción”.

Según el investigador del proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonía, Elielson Pereira da Silva, que participó en estudios antropológicos que atestiguan la presencia histórica de quilombolas en la región, incluida la comunidad de Nossa Senhora da Batalha, en las décadas de 1980 y 1990 se montó toda una “arquitectura fraudulenta” para expulsar a los pueblos indígenas y quilombolas.

“Después de obtener fraudulentamente los documentos de la tierra, iban al territorio, decían que la tierra tenía dueño y, bajo amenaza, daban a la gente unos días para irse, entregando una cantidad muy pequeña de dinero. Así se realizó toda una ‘limpieza’ del Alto Acará”, relata el investigador.

Según Silva, la expulsión de indígenas, ribereños y quilombolas para la expansión de la palma aceitera resultó en la formación de densidades poblacionales precarias en los bordes de las carreteras, en las aldeas de Palmares, Turi-Açu y Vila da Balsa, rodeadas por el monocultivo.

“Desde los años ochenta la población sufre desplazamientos forzados. La consumación de esta expulsión se produciría a mediados de los noventa”, explica el investigador.

Doña María vive hoy con su hija en un terreno alquilado rodeado de plantaciones de palma. “Parece como si estuviéramos presos. Hay palmeras por todas partes”.

En 2021, ante la apelación de Agropalma, el Tribunal de Justicia de Pará reafirmó la sentencia de 2018. “Los certificados de registro de las propiedades objeto del negocio fueron emitidos por un órgano inexistente (...). Considero acertada la sentencia que reconoció la falsedad documental y declaró la nulidad de las escrituras públicas, con orden de cancelación de las respectivas inscripciones inmobiliarias (...)”, reafirmó la jueza Célia Regina de Lima Pinheiro.

“No tenemos ningún papel, pero ellos tampoco. Ya estábamos allí cuando ellos llegaron. Esta tierra pertenece a gente que vivía y plantaba antes de que ellos llegaran y empezaran a sembrar dendê”, se queja doña María.

Por el título, a cualquier costo

Hasta hace pocos años en esta región había pocos títulos de propiedad, explica Girolamo Treccani, abogado y profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal de Pará y miembro de la Clínica de Derechos Humanos de la Amazonía. “El documento como tal, hasta hace poco, no era tan fundamental. No era el papel lo que daba seguridad, era la presencia en la tierra”, afirma.

Esta relación empezó a cambiar con la llegada de las empresas de palma aceitera a la región. “El papel, el documento pasó a ser fundamental. Si antes, hace 20 años, el documento era importante, pero no lo más importante, empezó a tener un valor fundamental (...). Se convirtió no sólo en una garantía de propiedad, sino también en un requisito para entrar en el mercado de la tierra”, explica Treccani, autor del libro Violencia y usurpación de tierras: instrumentos de adquisición de la propiedad de la tierra en Pará.

El documento sobre la tierra significaba, y aún significa, seguridad jurídica para las empresas de palma aceitera. Se utilizaron dos mecanismos, la violencia y el acaparamiento de tierras, para que éstas pudieran integrarse en el mercado, explica Treccani.

Un indicio de que la falsificación de documentos de tierras fue y sigue siendo una práctica recurrente es que, en los registros de los propios organismos estatales encargados de regularizar las tierras, como el Catastro Ambiental Rural (CAR), hay “municipios con más papeles que tierras”, explica el abogado.

Es el caso del municipio de Tailândia. Según un informe de Conservación Internacional en Brasil, en 2017, el área registrada en el CAR, 499,656 hectáreas, era mayor que el área del municipio, 443,025.

Las estrategias fraudulentas o violentas, descritas por el profesor, para la “regularización de tierras” entran en crisis cuando “una comunidad que se reivindica indígena o quilombola se coloca en el camino del agronegocio”, es decir, cuando indígenas y quilombolas comienzan a reivindicar las tierras de las que fueron expulsados violentamente o cuyos documentos fueron obtenidos fraudulentamente por las empresas.

Las comunidades quilombolas de la Asociación de Quilombos Remanentes de las comunidades Balsa, Turi-Açu, Gonçalves y Vila Palmares del Valle de Acará no son las únicas comunidades tradicionales que luchan por volver a su territorio o para no ser devoradas por la palma aceitera. Los quilombos Nova Betel, Alto Acará Amarqualta y el pueblo indígena Turé Mariquita Tremembé, por ejemplo, libran la misma lucha contra la empresa Brazil BioFuels, según recoge un informe de la organización Global Witness.

El territorio reclamado por la asociación de quilombola, representada por la Defensoría Pública de Pará, coincide principalmente con las reservas legales de las haciendas Roda de Fogo y Castanheira, alrededor de 18,000 hectáreas, las mismas que tuvieron los registros de propiedad de Agropalma cancelados.

“El área que la empresa tiene verde hoy, que esto quede muy claro, son las áreas de las comunidades Nossa Senhora da Batalha, Santo Antônio, Gonçalves y Balsa”, las dos primeras “fueron expulsadas y las otras dos están resistiendo, permanecen en el territorio”, rodeadas de palma. Son los territorios de estas cuatro comunidades los que la asociación quilombola reclama en un único proceso administrativo que está en curso en el Iterpa.

Después de que los registros de propiedad de Agropalma fueran cancelados por sentencia judicial, las tierras pasaron a ser públicas, pero continuaron bajo la posesión de la empresa, con la “imposibilidad de disponer de las tierras para transacciones de mercado”, como estableció la sentencia judicial que canceló los registros.

A pesar de ello, la misma sentencia dejó abierta la posibilidad de que Agropalma regularizara las tierras. Y eso es lo que está intentando hacer. Agropalma abrió nuevos procesos con Iterpa para regularizar las mismas tierras. Para ello tendría que comprar las tierras que ahora pertenecen al estado de Pará. “¿Es posible tanto cinismo?”, reaccionó Santos Pimenta.

En 2021, Iterpa publicó en el Diario Oficial del Estado de Pará un anuncio de solicitud de compra de tierras públicas, indicando a Agropalma como aspirante a la compra de las dos fincas. Si no había ninguna reclamación pública en el plazo de 15 días, se procedería a la compra. El Ministerio Público de Pará, a través de una Demanda Civil Pública, impugnó la venta de las tierras.

La Defensoría Pública también recurrió, mediante Demanda Civil Pública, al Iterpa para que suspendiera la tramitación de los procesos de Agropalma, justificando que el proceso quilombola tiene prioridad en la tramitación y titulación de las tierras.

Según las normas constitucionales, la regularización de tierras indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales y unidades de conservación tienen prioridad sobre las grandes propiedades.

“Detectamos una violación de la prioridad (...), el proceso de los quilombolas estaba paralizado desde hacía años. Se había archivado. En un determinado momento, Iterpa dijo que había perdido el proceso, mientras que el proceso de Agropalma seguía adelante”, explica la defensora pública, Andreia Barreto.

En una demanda de febrero de 2022, la Defensoría Pública argumenta que “la conducta de Iterpa ha agravado la situación de conflicto en la zona de la reivindicación de la asociación, ya que la autarquía estatal se comporta como si Agropalma fuera la propietaria de la zona.”

La respuesta del Iterpa a la Defensoría, a la cual tuvo acceso el equipo de este reportaje a través de un documento adjunto al expediente de la Demanda Civil Pública, fue que los procesos de regularización administrativa de las tierras de Agropalma ya habían sido suspendidos.

Esto se debe, justifica Iterpa, a que, según la ley del estado de Pará sobre regularización de títulos de tierras públicas, sólo se pueden regularizar las tierras que “no estén legítimamente impugnadas por terceros”.

Además, el organismo citó el decreto estatal sobre regularización de tierras que establece que no serán objeto de regularización “las áreas bajo reclamación judicial en las que el Iterpa o el Estado de Pará sean partes” y las áreas con “porción de la propiedad rural afectada por el conflicto colectivo de tierras.”

A finales de 2022, por primera vez, Agropalma admitió en sus informes la existencia del conflicto sobre las tierras que siempre publicitó como suyas. También, por primera vez, reconoció la demanda de la asociación quilombola.

En su último informe de sostenibilidad de 2021, publicado a fines de 2022, la empresa afirmó que deberá esperar el resultado del proceso de regularización de tierras de las comunidades quilombolas.

Mientras el proceso de regularización de las tierras quilombolas no esté concluido, los procesos de Agropalma deberán paralizarse. “Si el presidente de Iterpa dice que el pedido (de regularización de las tierras quilombolas) es infundado, entonces se reanudarán los procesos de regularización de tierras de Agropalma. Si dice que la petición está bien fundamentada, los procesos de Agropalma se archivarán definitivamente”, explica la defensora pública Andreia Barreto.

Mientras tanto, enfatiza la empresa, “pedimos a una de nuestras ONGs locales aliadas que nos ayude a evaluar la situación” y “hemos contratado a un especialista para que revise el caso”.

REDD+ de Agropalma en tierras demandadas por los quilombolas

El equipo de este reportaje pudo verificar, utilizando las coordenadas geográficas del proyecto del Programa REDD+ Agropalma, que parte del bosque tropical que será comercializada por el programa forma parte del territorio demandado por la Associação dos Remanescentes de Quilombo das Comunidades da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará, en instancias judiciales y administrativas del Estado brasileño. Se trata de tierras que tuvieron el registro de propiedad de Agropalma cancelado por la Justicia.

En el diseño del programa, que está siendo evaluado por la certificadora Verra, Agropalma no menciona las disputas que involucran estas tierras.

El equipo de este reportaje preguntó a la oficina de prensa de Agropalma sobre la sobreposición de las selvas incluidas en el programa REDD+ con el territorio demandado por los quilombolas y con las tierras que tuvieron sus registros de propiedades cancelados. No hubo respuesta.

A la certificadora Verra se preguntó si la organización llevará en consideración la sobreposición de las tierras. La respuesta de su oficina de prensa fue: “Notificaremos el auditor externo independiente sobre su inquietud”.

Agropalma identifica 23 comunidades que “están directa o indirectamente influenciadas por el Programa”. Como se describe en el proyecto, se aplicaron cuestionarios, se realizaron diálogos y entrevistas con estas comunidades por parte de una empresa contratada por Agropalma.

A pesar de ello, no hubo consulta con las comunidades que garantizara la aplicación de las normas internacionales previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas normas no sólo garantizan el derecho de las comunidades a ser informadas, sino también que se lleve a cabo un proceso de consulta libre de intereses particulares, en el que se creen las condiciones para que las comunidades puedan decidir sobre la realización o no del proyecto.

Entre los impactos negativos mencionados en el proyecto está la disminución de la movilidad de las comunidades en las áreas forestales. “Algunas comunidades practican el extractivismo como forma complementaria de renta o para obtener diversidad de alimentos (...), pueden ser impactadas negativamente debido a la restricción de acceso a los recursos forestales de la finca Agropalma (...)”, dice el proyecto.

Un eje que atraviesa todo el proyecto del Programa REDD+ de Agropalma es el aumento de la vigilancia forestal para el mantenimiento de las reservas de carbono. “El Proyecto pretende aumentar la eficiencia de las operaciones de vigilancia patrimonial. De esta forma, las operaciones de vigilancia tendrán un gran incremento en el proceso de inteligencia relacionado con el monitoreo (remoto y continuo) y la gestión territorial”, argumenta.

“Quien preserva la naturaleza no es Agropalma. Quien preserva la naturaleza es el pueblo indígena y los quilombolas. Esto aquí era todo selva. Lo que la empresa hizo fue destruir todo y plantar palma aceitera. Ahora dice que es dueña de la reserva legal y quiere desalojarnos de nuevo. Es bastante cínico”, dijo Santos Pimenta.

Los quilombolas comenzaron a reclamar su territorio de forma organizada a partir de 2015. “Ese año detuvieron a mi hermano porque estaba pescando”, recuerda Santos Pimenta, que ha recibido amenazas y fue incluido en un programa estatal de protección de víctimas. “No nos quedó más remedio. La solución fue empezar a organizarnos para reclamar que nos devolvieran nuestro territorio”.

En este proceso, los quilombolas han desafiado el esquema de seguridad privada de Agropalma. En febrero de 2022, ocuparon las tierras de Nossa Senhora da Batalha. “Tomamos la decisión de recuperar nuestro territorio. Lo ocupamos. Brotó la felicidad. Aquí en (Vila) Palmares no vivimos, sobrevivimos. Porque la vida digna está allí, en nuestro territorio. No somos culpables de nada, porque estamos dentro de lo que es nuestro”, sostiene el quilombola Raimundo Serrão.

Agropalma abrió un juicio de desalojo y los quilombolas tuvieron que irse. En diciembre de 2022, realizaron otra ocupación. Otra vez tuvieron que irse. El proceso penal continúa abierto.

La acción directa es justificada por los quilombolas “debido a que la empresa no permite el libre acceso al territorio”, explica Santos Pimenta, y por la lentitud del Iterpa en concluir el proceso de regularización de las tierras.

A finales del año pasado, el Iterpa hizo una inspección del territorio demandado por los quilombolas para identificar el área reclamada. Los funcionarios de la institución llegaron a la conclusión de que parte del área, que incluye a Nossa Senhora da Batalha, no es territorio quilombola. Esta fue la misma conclusión del informe anterior, resultado de una inspección realizada en abril de 2022, que fue impugnada por la asociación quilombola en noviembre, a través de la Defensoría Pública.

Llegan a esta conclusión porque los quilombolas, como es el caso de la comunidad Nossa Senhora da Batalha, no están ocupando actualmente estos territorios. La conclusión se basa en la posesión directa de las tierras que hoy es de la Agropalma.

La defensora pública, Andreia Barreto, explica al equipo de este reportaje que hay dos situaciones jurídicas distintas en el proceso de regularización de las tierras quilombolas. Por un lado, el Iterpa reconoce la existencia de la comunidad de Vila Gonçalves porque se resistió a la expulsión y sigue existiendo en la reserva legal que está bajo posesión de Agropalma.

“Con base en las inspecciones y reuniones podemos inferir que el actual modelo de ocupación, especialmente la comunidad Vila Gonçalves, tiene características para la regularización de tierras en la modalidad de Territorio Estatal Quilombola”, informan funcionarios del Iterpa en su informe de inspección, al que tuvo acceso el equipo de este reportaje.

Destacan también “que los habitantes de Vila Gonçalves viven en una zona rodeada de plantaciones de palma aceitera y, para salir de su área, pasan por las garitas de Agropalma”.

Por otro lado, hay una mayoría de quilombolas de la asociación que no vive en sus comunidades originales precisamente porque fueron expulsados.

“El Iterpa no está reconociendo el derecho de retorno a los quilombolas que no están en el territorio y que quieren volver. Así que la polémica se mantiene”, sostiene Andreia Barreto.

Hay tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, del cual Brasil es firmante, “que aseguran el retorno de los pueblos que fueron expulsados, que perdieron sus territorios; estamos planteando el derecho al retorno de esas comunidades”, sostuvo.

La asociación quilombola, a través de la Defensoría Pública, presentó dos impugnaciones a las conclusiones del Iterpa que aún no han sido “confrontadas”, por el órgano, como menciona la defensora pública. En ellas se impugna la conclusión de que no son territorios quilombolas.

Las conclusiones del Iterpa se basan en una inspección de la zona realizada por un agrónomo e ingenieros geomensores. En el informe admiten que “no tenemos personas específicas (antropólogos) en el equipo de campo ni en la institución para identificar las ancestralidades (...)”.

En contrapartida, la Defensoría presentó al Iterpa una nota técnica que acredita la existencia de quilombos en la zona. La nota es resultado de un estudio realizado por la antropóloga Rosa Acevedo Marin y los investigadores Elielson Pereira da Silva y Maria da Paz Saavedra, como parte del Proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonía, de la Universidad Federal de Pará.