El proyecto Barro Blanco fue construido con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Alemán de Desarrollo (DEG) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). Dicho proyecto será conectado al Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. “(…) es un buen momento para destacar que la región ahora cuenta con una robusta infraestructura eléctrica desde Guatemala hasta Panamá, complementada por una conexión a México, y a futuro con Colombia. Lo anterior se logrará a través de varios frentes. SIEPAC y el Mercado Regional Eléctrico de Centroamérica (MER) posibilitan el desarrollo de proyectos regionales de generación de mayor tamaño y eficiencia, a la vez que facilitan la introducción de un mayor número de proyectos de energías renovables tanto tradicionales como no tradicionales, diversificando así la matriz energética”, afirma el sitio web del BID, órgano que ha financiado el 90% de los proyectos en torno al SIEPAC.

     Panamá es una república democrática con vínculos estrechos con los Estados Unidos. Sus ingresos principales provienen del Canal de Panamá y del ferrocarril que son parte del mismo complejo. En agosto del año 2014 el gobierno panameño festejaba los 100 años de la construcción del Canal de Panamá y se preparaba para la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes que se celebraría en Paris en el año 2015, conocida como la COP21. También anunciaba el nuevo Plan Energético que se estaba comenzado a construir en Panamá.

     “Específicamente en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, estamos implementando programas específicos, con el apoyo de los Gobiernos de Noruega y Alemania. A su vez, estamos elaborando un Plan Energético Nacional, que establecerá nuestras políticas con visión de Estado, para las próximas décadas y definirá la contribución del sector energético nacional a la mitigación del cambio climático”, fueron las palabras del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, en la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2014 en la sede de la ONU en Nueva York.

     En 2015, se lanzaría el Plan Energético Nacional 2015-2050: “Panamá, el futuro que queremos”, un plan mediante el cual se busca asegurar, sobre todo, el capital financiero internacional, arguyendo que los niveles de inversión no corresponden a un periodo de gobierno, sino que son capitales que requieren por lo menos 50 años para mantenerse con vida. “Las inversiones para la producción de energía son cuantiosas y generalmente están expuestas a altos niveles de riesgo. La construcción de centrales eléctricas, líneas de transmisión, refinerías de petróleo y otras actividades propias del sector, necesarias para atender la demanda de energía, comprometen grandes sumas de capital frecuentemente de origen foráneo (…) La política energética es una actividad que va más allá de la duración del periodo constitucional de un Gobierno y, por esta razón, se debe convertir en una política de Estado”, afirma el documento del Plan.

     De la misma forma el Plan Energético argumenta que los conflictos en torno a la construcción de la infraestructura es necesaria para transitar hacia las energías limpias, pero, “los distintos actores de la sociedad civil tienen que encontrar un punto de acuerdo, ya que será necesario ampliar constantemente el sistema energético”.

     “No hay ningún acuerdo con el gobierno y la empresa, es un abuso, es una imposición. Desde el año 2007 cuando el gobierno dijo que se iba a construir el proyecto Barro Blanco nosotros hemos expresado que no estamos de acuerdo. Desde entonces hemos luchado. Fuimos a la corte, nos hemos manifestado, pero el gobierno no nos ha escuchado y tampoco nos ha consultado”, dijo Bellini.

     Según cifras de la Secretaria Nacional de Energía, Panamá maneja aproximadamente el 70% de su electricidad con fuentes renovables, gran parte de ella mediante centrales hidroeléctricas y recientemente con la energía eólica. Así mismo, se espera alcanzar el 80% entre el año 2018 y 2020, con dos proyectos importantes: el primero será realizado por la compañía de electricidad de EE.UU (AES), y contará con una inversión de más de 1.300 millones de dólares; el segundo de la empresa china Martano Inc., con una inversión de 600 millones de dólares.

     El 90% de las metas esperadas para la producción de esta energía limpia provendrán de las hidroeléctricas. Según la ASEP, desde el año 2015 se han registrado al menos 37 proyectos hidroeléctricos que se encuentran en diseño o en proceso de construcción en los ríos más caudalosos de Panamá, donde existen poblaciones indígenas. Otros 34 proyectos más están a la espera de que se les aprueben las licencias. Los contratos de concesión giran en torno a 30 y 50 años a partir de la firma del contrato.

     “Esto es una guerra contra nosotros los pueblos indígenas que hemos vivido desde siempre en las orillas de los ríos. Es una guerra de los bancos y de los capitalistas para continuar despojando y desapareciendo a los pueblos indígenas. Los ríos se conservan porque para nosotros nunca han representado una mercancía. Ellos con su vida moderna han acabado con todo y ahora quieren quitarnos lo poco que nos queda para producir energía limpia. No es limpia porque destruye los ríos y a los pueblos”, señaló la indígena Bellini.

     El Plan Energético es tajante al determinar que el consumo de energía en Panamá está fijado por el modelo económico orientado a los servicios. En ese sentido el Canal de Panamá es de vital importancia, ya que es considerado un engrane del comercio mundial. Pero también se argumenta que la forma de vida copiada de los Estado Unidos determina el consumo de energía. “La permanencia de los Estados Unidos de América, por más de 80 años en Panamá, ha ejercido sobre la población un efecto de imitación de la imagen de la cultura y la sociedad del consumo típicamente norteamericana. Esto ha influido, en gran medida, en el estilo de desarrollo a seguir y en la configuración del sistema energético panameño”, dice el documento del Plan Energético Nacional 2015-2050.

     El atardecer comienza a caer en la comunidad de Kiad y las estrellas pintan el cielo. Aquí no hay luz eléctrica. Nunca ha habido. Sólo un miembro de la comunidad cuenta con una pequeña celda solar, la cual utilizan para cargar los teléfonos celulares y alguna que otra necesidad. El joven Hacket Bagamá dice: “No necesitamos su energía porque es producida a partir de la muerte de nuestros pueblos. Su pensamiento es diferente al nuestro, ellos le ponen precio a todo y quieren más energía para seguir destruyendo a la madre tierra”.

     Aunque al proyecto Barro Blanco se le retiró el registro de MDL por la violación de los derechos humanos y las acciones que realizaron los pueblos indígenas, no se les impedirá continuar con la producción de energía, que por sobre todo, continuará siendo considerada como limpia. “Nos han dicho que con este proyecto tendremos mucha plata por nuestras tierras, que no sufriremos hambre, que tendremos asistencia de salud; nada de eso es verdad. Nos quisieron chantajear con unas galletas nutritivas y con dos o tres personas que lo aceptaron, llenaron sus informes para decir que había apoyos para los niños. No nos estamos muriendo de hambre aquí y tenemos nuestra medicina tradicional. No necesitamos nada de ellos. Este proyecto no tiene nada de limpio, porque llegaron con mentiras. Es por eso que se les retiro el certificado de MDL. Es una guerra del gobierno y de los bancos europeos en contra de nosotros los pueblos indígenas. A parte de esto nos quieren engañar con las áreas de la conservación”, señaló Goejet Miranda.

     Desde el año 2007 la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) propició que la Comarca Ngäbe-Buglé firmara Cartas de Entendimiento donde asegura su participación y ejecución de actividades dentro del CBMAP. Dentro de las actividades en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, se implementaron proyectos de agroforestería en las comunidades indígenas. Según el programa buscaba “crear y fortalecer el capital social comunitario para el desarrollo sostenible”.

     “Ellos están planteando las Áreas Protegidas en torno al embalse para que no se seque. A parte del proyecto Barro Blanco ahora tenemos que enfrentarnos a otro conflicto: las Áreas Protegidas. Esto va a ser otro pleito más con el gobierno porque no tenemos a donde ir. El gobierno nos quiere dar mil dólares para sostenernos, con ese dinero quieren que nos mudemos a otro lugar. Que nos digan donde podemos comprar un territorio con esos mil dólares. Y aunque sean diez mil o un millón, no queremos nada”, señaló Goejet Miranda, quien sin conocer ampliamente el programa REDD, ha participado en diversos talleres impartidos.

     “Ellos dicen que con estas mineras van a traer el desarrollo. Son más de 400 años que hemos sido golpeados por los capitalistas y su desarrollo. Esto no se llama desarrollo, se llama violación a los derechos humanos. Es un desarrollo que desaloja, que mata, que discrimina a los pueblos, y por eso, no lo aceptamos. Porque es otra de las formas en que nos quieren desaparecer. Ellos están violando los derechos que hemos ganado con nuestras luchas. Las leyes son creadas por los capitalistas y ellos no lo respetan, nuestra ley es mantener las áreas libres, verdes y conservadas. Cada piedra que hay en nuestro territorio es sagrada, no permitiremos la destrucción de nuestras territorios sagrados”, dijo Clementina.

     En febrero del año 2011, el entonces presidente, Ricardo Martinelli, modificó el Código de Recursos Minerales, donde se determinaba que no podían obtener concesiones mineras, ni ejercerlas o disfrutarlas los siguientes entes o personas: Los gobiernos o Estados extranjeros o instituciones oficiales o semioficiales extranjeras, con excepción de las personas jurídicas en las que tengan participación económica o financiera uno o más estados o gobiernos extranjeros o instituciones oficiales o semioficiales extranjeras, siempre que dichas personas estén constituidas como personas jurídicas de Derecho Privado bajo las normas panameñas, renuncien expresamente en el contrato de concesión a la reclamación por vía diplomática, salvo el caso de denegación de justicia, y se sometan en el contrato a las leyes de la República de Panamá.

     A pesar de que esta reforma aumentaba de 15 a 20% los beneficios distribuidos entre los corregimientos colindantes al proyecto que tendrían que ser recaudados directamente por los municipios y comarcas, esta iniciativa provocó un rechazo generalizado de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé. Inmediatamente realizaron una serie de acciones por considerar esta reforma una amenaza sobre sus derechos logrados a través de la Ley 10 del año 1997, donde se estipula, entre otros puntos, que el Estado y el concesionario debían implementar “un plan de divulgación para que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente su punto de vista respecto a la actividad minera”.

     El resultado de las protestas fue que el Estado derogará la Ley 8 del 2011, sustituida por la Ley 12 del 18 de marzo del mismo año 2011. No obstante, en 2012, reiniciaron las protestas con un saldo de un muerto y decenas de heridos, ya que la ley no contemplaba los proyectos hidroeléctricos en la comarca y áreas anexas. Entonces se volvió a promulgar una nueva norma , la Ley 11 del 26 de marzo de 2012, la cual establece “un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe-Buglé”, agregando en el articulo 3º el cual “prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca Ngäbe-Buglé, sus áreas anexas y las comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes a estas, por cualquiera persona natural o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera.”

     De acuerdo con el Viceministro de Comercio e Industrias, Manuel Grimaldo, actualmente están activas 152 concesiones para extracción de materiales no metálicos y 15 para extracción de metales en Panamá. Desde el 2016 se ha comenzado a estudiar un nuevo reglamento que regule la ley minera. Mientras tanto, Todd Clewett, gerente de la Minera Panamá, filial de la First Quantum Minerals Ltd (FQM), que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá y el London Stock Exchange en Inglaterra, anunció que la mina Cobre Panamá, con una inversión de 6,400 millones de dólares, comenzará a exportar el mineral a Estados Unidos, Brasil, China e India a finales de 2017.

     “Ellos siempre juegan con las leyes, como la consulta previa. No queremos ninguna consulta porque simplemente no hay nada que consultar, nuestra decisión es que no queremos ningún proyecto. Pero tenemos que fortalecer más nuestra lucha, porque ellos seguirán avanzando con o sin nuestra aprobación. Es una guerra total contra nosotros los indígenas”, señaló la sacerdotisa.

     Efectivamente, mientras que los pueblos resisten contra el proyecto hidroeléctrico, la minería avanza a marchas forzadas. “Las obras tienen un buen progreso, calculamos que hacia finales de 2017 o principios de 2018 comenzará la extracción del cobre”, explicó el gerente de la Minera Panamá. Por otra parte, además de las instalaciones industriales que se están terminando, casi finalizan la construcción de la planta de generación eléctrica a base de carbón, que producirá 300 megavatios, energía que será utilizada para el funcionamiento de la mina Cobre Panamá.