Paramilitares y policía hondureña atacan con armas de fuego a garífunas en recuperación de tierras

En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.

Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.

Heridos con arma de fuego en la recuperación de tierras garífunas.

La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.

Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.

“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.

Intimidación por policías y civiles armados contra pobladores de Nueva Armenia.

Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.

Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.

En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.

Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.

Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.

“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.

Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras - aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión. 

“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.

Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.

“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.

Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.

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