En portada: Manifestaciones contra candidatura de Keiko Fujimori en Lima, Perú, días previos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizada el domingo 7 en el Perú, el conteo rápido de la Asociación Civil Transparencia arrojó una mínima ventaja de 0,6% a favor del candidato de izquierda Roberto Sánchez. De acuerdo a las estadísticas de anteriores procesos, debía de mantenerse una diferencia aproximada.
Sin embargo, días después, Keiko Fujimori remontó con el cómputo de los votos en el extranjero, sobre los que pesan irregularidades que indican la ejecución de un fraude. Al 99,3% de actas contabilizadas, hasta este jueves 18, la Oficina Nacional de Procesos Electorales da a Fujimori un margen de 0,2% frente a Sánchez. El resultado final se conocerá en el plazo de un mes, luego de revisarse las actas impugnadas por ambas partes.
“Keiko Fujimori ha dicho que gobernará con mano dura, como su padre, y sabemos qué significa gobernar como Alberto Fujimori. Volverán a repetirse matanzas como las de la Universidad La Cantuta, Barrios Altos, masacres, desapariciones, no habrá libertad de expresión, eso es lo que nos esperaría en un futuro gobierno de Keiko Fujimori. Recordemos todo lo que significó ser gobernado por el fujimorismo”, observa Doris Caqui, viuda de Teófilo Rímac, fundador del Frente Minero del Perú, desaparecido hace 40 años.
En regiones andinas las poblaciones organizadas anunciaron que no reconocerán el mandato de Fujimori. En Lima se movilizó una primera marcha masiva contra la manipulación de las elecciones.
En una coyuntura de sucesivas presidencias transitorias capturadas desde el 2022 por el fujimorismo y aliados a través del Congreso, con 50 personas asesinadas por las fuerzas armadas en protestas, la población movilizada alerta que a partir del mes de agosto se extremarán la represión contra los movimientos sociales, la violencia en manifestaciones colectivas, la persecución de opositores y los atropellos a las libertades individuales.
“En nuestra historia reciente hemos sufrido ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, esterilizaciones forzadas. Estas heridas están abiertas porque la impunidad persiste y responsables políticos reivindican prácticas autoritarias, negando los crímenes. Por ello, alertamos el peligro que representa para la democracia y los derechos humanos el regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo”, subrayó en un comunicado el colectivo Perú no impunidad, integrado por familiares de víctimas de violencia estatal.
Impunidad total para fuerzas estatales
A un mes de instalarse el nuevo gobierno, el Congreso, de mayoría fujimorista, pretende que policías y militares no sean procesados en juzgados comunes, lo que incrementa la alerta de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 12 de junio, el Parlamento aprobó la modificación del Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para que a los agentes estatales, en casos de delitos de función, se les juzgue en fueros castrense. La figura se refiere a toda actuación de los efectivos, incluidas las operaciones en protestas, en ejercicio de sus labores.
“No olvidamos que policías y militares asesinaron a nuestros seres queridos. Hoy pretenden colocar como jefa suprema a quien los ha blindado. Una ley que impide investigar no es justicia, es encubrimiento. Nuestra vida y seguridad están en peligro frente a un régimen que premia a los responsables”, expresó la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero Juliaca-Puno.
Esto ocurre tras dos meses de la matanza de cinco comuneros en una ilegal operación militar ejecutada en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, dentro de la zona de emergencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Los agentes señalaron a las víctimas de haber disparado y trasladar drogas, pero en el vehículo donde iban no se encontraron armas ni evidencias de sustancias.
En días recientes, la reconstrucción del Ministerio Público reveló que uno de los fallecidos recibió 51 proyectiles de largo alcance y que, además, hay pruebas de disparos a corta distancia, por lo que la fiscalía solicita que los ocho militares responsables sean procesados por homicidio calificado con alevosía.
Bajo el paraguas de la lucha contra el narcoterrorismo, se teme el aumento de operaciones de falsa bandera en el VRAEM, donde se produce la mayoría de la cocaína peruana. En la década de la dictadura, la cúpula política y militar participó en el narcotráfico internacional. Desde entonces, el fujimorismo mantiene nexos con el crimen organizado, evidenciados en casos como el de un ex secretario general del partido investigado por la DEA cuando aún ocupaba el cargo que abandonó en 2016.
En tanto, en enero de este año la Fiscalía de la Nación desactivó el equipo especial del Ministerio Público que investiga las matanzas perpetradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en localidades andinas, durante las protestas contra el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo.
Modifican crímenes de lesa humanidad
Desde la caída de Alberto Fujimori (1990-2000) hasta el presente, los herederos políticos del dictador intentan reescribir la historia y negar la memoria de las víctimas.
En el último mayo, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un proyecto legislativo de la bancada fujimorista que propone considerar delitos comunes los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma.
“Los hornos de cremación y las cenizas de restos humanos encontrados en lugares dominados por el cuartel militar Los Cabitos (región Ayacucho) durante los años 80 y 90, no pueden ser reducidos a delitos comunes. Son crímenes horrendos y crueles que no solo afectaron a nuestras familias, sino a toda la humanidad, por ello el Estado peruano tiene la obligación moral de investigar, sancionar y reparar”, refirió la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).
En esa línea, en junio de 2025, el Legislativo emitió la Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado. La norma anula las sentencias y los procesos por delitos cometidos en el período de violencia política a quienes tienen más de 80 años de edad.
En contraste, ese mismo mes, familiares de 13 desaparecidos recibieron restos de sus seres queridos recuperados en fosas clandestinas en distintas zonas del país.
“La búsqueda de desaparecidos está paralizada por falta de presupuesto. No son crímenes del pasado, son presentes, muchos no fueron juzgados ni sancionados. Hay peligro de que todo quede en impunidad. Estamos bajo amenaza de personajes que hacen de discursos de odio una práctica”, añadió Doris Caqui en el último plantón por la memoria que organizan, cada semana en Lima, las familias de víctimas de la violencia estatal.
El conflicto insurgente-contrainsurgente en el Perú causó 69.000 muertes entre los años 1980 y 2000, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población quechuahablante de los Andes, víctimas de Sendero Luminoso y el Estado. En la guerra interna también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Se estima en más 20.000 el número de personas desaparecidas durante las dos décadas de violencia política.
Para este viernes 19, Roberto Sánchez convocó a una movilización pacífica en la capital por la defensa del voto popular. El candidato respaldado por el presidente legítimo Pedro Castillo llama a la unida de las izquierdas y organizaciones en resistencia contra el fujimorismo.
