Los movimientos sociales del Perú respaldan la demanda del candidato del campo popular, Roberto Sánchez, de hacer un recuento de todos los votos del proceso realizado el domingo 7 de junio. Hasta hoy 25 de junio, al 99,87% de actas contabilizadas, la ultraderechista Keiko Fujimori lleva una ventaja de 0,3%.
Las evidencias de manipulación se hallan en los votos emitidos en el extranjero. A dos semanas de la segunda vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales cambió las reglas al ordenar que las actas de otros países sean digitalizadas en el Perú, no en los centros de votación. Para la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la decisión “llama la atención”.
Al procesarse estos votos, Fujimori (Fuerza Popular) remontó la diferencia de 0,2% que le llevaba Sánchez (Juntos por el Perú), según el primer conteo rápido, acertado en los comicios anteriores. Ante las sospechas fundadas de alteración de las actas, Sánchez pidió la nulidad del sufragio en otros países y anunció que no reconocerá una eventual proclamación de Fujimori como presidenta.
El apoyo a Sánchez, respaldado por Pedro Castillo -el presidente legítimo encarcelado desde 2022 tras el golpe de estado en su contra-, es mayoritario en regiones andinas y amazónicas. Ganó las elecciones en 153 de las 196 provincias del Perú. En 70 localidades saca más de 50 puntos de diferencia a Fujimori, quien no supera esta ventaja en ninguna provincia. El soporte de Fujimori es amplio en Lima y regiones de la costa, las que concentran mayor población.
Por su parte, Fujimori, quien en las elecciones de 2021 denunció fraude sin pruebas y generó desestabilización al retrasar la proclamación de Castillo por dos meses, ha rechazado la demanda de hacer un recuento de los votos.
Frente a un próximo gobierno de la ultraderecha, las organizaciones aimaras, en la región Puno, manifestaron que no reconocerán como presidenta a Fujimori, posición que replicaron colectivos de las regiones donde venció Sánchez. Las movilizaciones y plantones en contra del fraude continúan. En Lima se controlan los accesos al centro histórico y se despliegan contingentes policiales para disuadir las protestas.
Te puede interesar – Perú: Alertan peligro de violencia estatal extrema en eventual gobierno de la ultraderecha fujimorista
Fraude apunta a votos en Estados Unidos
El encargado del proceso electoral fuera del Perú es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su actual titular, Carlos Pareja, quien tiene vínculos con el fujimorismo, asumió el cargo el 23 de abril, tras la primera vuelta.
El hoy canciller peruano fue funcionario durante la dictadura de Alberto Fujimori. En sus redes sociales exhibe su cercanía con un asesor de la campaña de Keiko Fujimori y la extrema derecha de Estados Unidos.
En EE.UU. Había 368 mil peruanos habilitados para votar, de los cuales participaron 71 mil. De acuerdo al conteo realizado en el Perú días después, luego del traslado de actas bajo custodia de la cancillería, el 76% (alrededor de 55 mil votos) optó por Fujimori. Son 45 mil los votos por los que Fujimori consigue la presidencia.
En cuanto a las actas provenientes de Argentina, donde se registran 32 mil votos, causó desconfianza que llegaran al Perú la noche del miércoles, 14 de junio, día en que vencía el plazo para interponer recursos de defensa.
La bancada legislativa de Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el canciller Pareja, por presuntos delitos de fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones.
La narrativa mediática sobre la posible victoria de Fujimori empezó tras conocerse el resultado del conteo rápido de la Asociación Civil Transparencia y la encuestadora Ipsos, que no falló en ninguno de los comicios desde el retorno de la democracia y daba a Sánchez una ventaja de 0,2%. La única ocasión en que Ipsos reconoció un desacierto fue en el año 2000, cuando Alberto Fujimori obtuvo la segunda reelección con fraude.
En la región se suceden manipulaciones de elecciones presidenciales por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno respalda las administraciones y proyectos de ultraderecha en Latinoamérica. En los casos de Honduras y Colombia, donde se impusieron candidatos apoyados por Donald Trump, los últimos sondeos los colocaban por debajo de sus rivales con una desventaja considerable. Bajo la apariencia de empate técnico, en el Perú y Colombia.
En Sudamérica se alinean gobiernos de sectores derechistas, en países como Chile y Argentina, a los que se suman Colombia y Perú, y otros aliados de Estados Unidos como Ecuador y Bolivia.
