En portada: Pobladores contemplan el destruido aeródromo de Charasmana.
Las fuerzas estatales bombardearon el aeródromo de una comunidad nativa de la Amazonía peruana, en una supuesta operación contra el narcotráfico realizada en la región Loreto.
El ataque ocurrió la tarde del martes (11) en la comunidad San Luis Charasmana, ubicada en el distrito Contamana. Tres helicópteros del ejército y la policía ejecutaron la intervención aérea sobre la pista de aterrizaje comunitaria, de acuerdo a la denuncia de habitantes del pueblo Shipibo-Konibo. Las autoridades del Ministerio del Interior no se han pronunciado oficialmente.
“Es una infraestructura legal y de uso comunitario, implementada por la propia comunidad para la atención de emergencias, por ello cualquier acto que afecte esta infraestructura constituye una grave amenaza para la seguridad y la vida de toda la población de la comunidad. No se puede permitir que esta vía de atención y auxilio sea convertida en un espacio de peligro”, refirió la Organización Regional de Ucayali de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (ORAU).
El presidente de la ORAU, Jamer López, demandó la restitución y el reconocimiento del aeródromo comunitario por parte del Ministerio de Transportes.
“Condenamos y rechazamos este acto militar, estos hechos vulneran el derecho territorial, pone en riesgo la vida de ciudadanos indígenas. Demandamos al Ministerio del Interior que este tipo de acciones debe tener protocolos de intervención intercultural conformadas y trabajadas desde los pueblos indígenas, planteamos esta mesa de trabajo”, señaló el líder indígena.
La política de seguridad interna del gobierno fujimorista implica la militarización de puntos críticos de la Amazonía, fuera de la zona de emergencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde se concentra la producción de cocaína en el Perú. Desde los territorios se advierte la instrumentalización de la lucha contra el tráfico de drogas para violentar y criminalizar a los pueblos originarios.
En Loreto, situada en la triple frontera con Brasil y Colombia, aumentan las rutas internacionales de transporte de drogas, la minera ilegal de oro y la tala irregular. Según el reciente informe Defensores indígenas y amenazas territoriales en Loreto, hay 770 comunidades de la región en riesgo por la extracción de hidrocarburos y las economías ilegales.
Entre 2025 y 2026, se registraron más de 700 dragas mineras en cuencas de este departamento amazónico, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). La cifra significa cerca del 50% de la infraestructura detectada en los últimos nueve años.
En julio, también en la región Loreto, un comando de militares y policías prendió fuego a viviendas del centro poblado Bellavista Callaru, señaladas por las instituciones castrenses como laboratorios clandestinos de producción de cocaína. Los habitantes del pueblo Ticuna reportaron el asesinato de un menor de 13 años durante la intervención y denunciaron que los inmuebles destruidos pertenecían a personas sin vínculos con el narcotráfico.
Desde el gobierno de ultraderecha se busca la impunidad de los miembros de las instituciones armadas y se persigue a los jueces que sancionan abusos cometidos por agentes estatales. En sus primeras semanas de gestión, el fujimorismo denunció al juez que dictó prisión preventiva a los ocho militares responsables de la matanza de cinco comuneros en el distrito Colcabamba, región Huancavelica.
El 16 de agosto, el senador oficialista Fernando Rospigliosi presentó una denuncia disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia para investigar la actuación del magistrado José Matos Centeno, luego de que los integrantes del ejército fueran absueltos de la pena cautelar por una resolución en segunda instancia.
Tras esta fallida operación antidrogas, ejecutada el 25 de abril, los soldados declararon que respondieron a disparos, pero no se encontraron armas ni restos de sustancias ilícitas en el vehículo de las víctimas. Se comprobó que uno de los cuerpos presentaba más de 50 heridas de bala y, además, hay evidencias de disparos a corta distancia, por lo que la fiscalía solicita que los militares sean procesados por homicidio calificado con alevosía.
EEUU traslada guerra de mar a suelo latinoamericano
Los territorios amazónicos se encuentran asediados por mayor presencia militar, bajo los lineamientos de la política regional de Estados Unidos, enfocada en el combate contra el “narcoterrorismo”. En el inicio de su gestión, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, comunicó a Washington su intención de sumarse a la coalición Escudo de las Américas.
Al respecto, en los últimos días el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, anunció que trabajará con Ecuador y Colombia para combatir a las organizaciones designadas como terroristas en sus áreas de operaciones. La potencia norteamericana pretende trasladar a tierra la estrategia aplicada contra embarcaciones del Caribe y el Pacífico. Más de 200 personas, señaladas como narcotraficantes, han sido asesinadas desde el 2025 por la aviación estadounidense en alrededor de 60 ataques frente a las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago.
En Colombia, el gobierno de ultraderecha de Abelardo De La Espriella autorizó la ejecución de operaciones de la armada de Estados Unidos en territorio nacional, lo que abre la posibilidad de emprender ofensivas conjuntas contra grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El país se sumó a la Coalición A3C (Americas Counter Cartel Coalition), informó el Comando Sur de los EEUU.
El funcionario de Washington afirmó que Honduras se adhirió a las naciones latinoamericanas que acordaron la intervención de agentes estadounidenses en tareas de seguridad interna. Ecuador ya permite la participación de soldados norteamericanos en operaciones contra el crimen organizado. Hegsetht también incluyó a Guatemala entre los estados aliados a la iniciativa, pero el gobierno del país centroamericano negó el acuerdo.
A través de la frontera compartida entre el Perú, Colombia y Brasil transita una importante cantidad de la producción mundial de cocaína, por lo que se trata de un escenario de posible escalada de operaciones militares con participación de Estados Unidos.
