En portada: María de Fátima Muniz de Andrade, lideresa espiritual del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, conocida popularmente como Nega Pataxó, fue asesinada por grupo paramilitar vinculado al agronegocio brasileño.
Terratenientes y promotores del agronegocio en Brasil, quienes conforman la agrupación denominada “Invasión Cero”, están siendo investigados por autoridades judiciales tras su participación en el asesinato de María de Fátima Muniz de Andrade, conocida popularmente como Nega Pataxó.
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Luego del ataque armado y el asesinato de la lideresa espiritual ocurrido el pasado 21 de enero, en las tierras recuperadas por la comunidad Pataxó Hã-hã-hãe al sur de Bahía, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), a través de su departamento jurídico, presentó una denuncia penal contra la organización paramilitar.
La denuncia, presentada ante la Procuraduría de la República en el estado de Bahía, enfatiza “la práctica de la organización criminal, ya que, (...) el grupo se asoció a través de una entidad jurídica, de forma estructurada y con división de tareas, valiéndose de la violencia, intimidación, corrupción, fraude u otros medios similares para cometer un delito”.
A través de comunicado, la Apib detalla que la actuación de la policía militar de Bahía no hizo nada para proteger a los indígenas Pataxó Hã-hã-hãe. Al contrario, de acuerdo al testimonio del cacique Nailton, quien recibió un disparo y permanece hospitalizado, los terratenientes llegaron escoltados con cinco vehículos al frente.
“El cacique informa que había policías retirados y vestidos de civil entre el grupo. ‘Le pedí al comandante, porque podía evitar que ocurriera una masacre. Le dije al comandante, sácanos de aquí, llévanos al hospital. Y otro gritó desde lejos: ¡acábalo de matar!’”, resalta la articulación de pueblos indígenas de Brasil.
Según la investigación forense realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, el disparo que mató a Nega Pataxó provino del arma del hijo de 19 años de un hacendado, arrestado en el momento del ataque. Un oficial de policía que participó en la acción de los terratenientes también fue arrestado.
Paramilitares expanden actividades con apoyo de políticos
Creado por grandes propietarios de tierras, con apoyo de políticos afínes al ex presidente Jair Bolsonaro, diferentes agrupaciones de “Invasión Cero” se han extendido por diversos estados del país sudamericano, articulándose con parlamentarios apoyados por el agronegocio y de extrema derecha.
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Conocidos por desmantelar recuperaciones de tierras reclamadas por campesinos e indígenas, sin respaldo judicial, la agrupación paramilitar mantiene presencia en los estados de Bahía, Goiás, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo y Tocantis.
“Invasión Cero” está constituida como entidad privada y registrada, desde abril del 2023, ante el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ, por sus siglas en portugés), del estado de Bahía.
La agrupación afirma articular a 10 mil trabajadores del agronegocio de Bahía y como objetivo plantea la defensa de la propiedad privada y contra las “invasiones” de tierras rurales y urbanas.
Según la Apib, los paramilitares están liderados por Renilda Maria Vitoria De Souza y Luiz Henrique Uaquim Da Silva. El grupo obtuvo proyección a nivel nacional durante los trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) hacia el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, (MST) - fiscalización desde el Congreso brasileño que, en septiembre del 2023, falló en el intento de criminalizar al movimiento campesino-.
Acorde a la denuncia presentada por la Apib, la actuación de Invasión Cero toma forma de agrupaciones paramilitares para retirar a la fuerza movimientos sociales que están en ocupaciones rurales, tales como las reivindicadas por el MST, o en la recuperación de sus territorios tradicionales, como en el caso del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe.
“Entre los terratenientes y fascistas partidarios de los criminales se encuentran el diputado federal Luiz Ovando, el diputado federal Rodolfo Nogueira, el diputado federal Zucco, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado y el ex presidente Jair Bolsonaro, que ya responde ante la Corte Penal Internacional (TPI) por genocidio contra los pueblos indígenas brasileños entre 2018 y 2022”, detalla la Apib.
La Apib enfatiza que hizo reiteradas denuncias sobre la escalada de la violencia en el sur de Bahía, sin obtener respuestas efectivas de las autoridades.
“Los pueblos indígenas de Brasil no soportan más muertes. Exigimos la demarcación de las tierras que son nuestras por derecho, la protección de los territorios y la vida y la derogación de la Ley del genocidio (Ley 14.701), factor primordial de incentivo a la matanza de nuestros pueblos en el período más reciente”, reclaman.
