En portada: Luego de que el presidente norteamericano Donald Trump mencionó la posibilidad de dejar expirar el T-MEC, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, negó que ello fuera tema de conversación durante un encuentro entre ambos dirigentes efectuado en Washington a finales del 2025.
Estados Unidos y México iniciaron formalmente en el mes pasado, marzo, las reuniones bilaterales rumbo a la revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), programada para julio de 2026, cuando debe integrarse también Canadá. El tratado, en vigor desde julio de 2020, sustituyó el antiguo Tratado de Libre Comercio de la América del Norte y fue establecido con una vigencia de 16 años, con revisiones periódicas.
En las renegociaciones están temas como políticas comerciales, aranceles, inteligencia artificial y energía, adelantó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Sin embargo, los minerales críticos fueron colocados como uno de los ejes centrales, en un intento de reforzar la integración regional de la producción y la seguridad en la cadena de suministro para Estados Unidos, considerando que la predominancia mundial en dicha cadena es de China, principal país productor de tierras raras y con mayor capacidad de refinar la mayoría de los minerales críticos.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos admitió que actualmente este mercado está “altamente concentrado” [especialmente por China], “lo que lo convierte en un instrumento de coerción política y de interrupción de la cadena de suministro, poniendo en riesgo nuestros intereses fundamentales. Desarrollaremos nuevas fuentes de suministro, fomentaremos redes de transporte y logística seguras y fiables, y transformaremos el mercado global en uno seguro, diversificado y resiliente de principio a fin”.
Garantizar minerales críticos es una urgencia para Estados Unidos, que los considera como parte de su seguridad nacional. Tanto es así, que los dos países establecieron en 2025 un grupo de trabajo para crear un plan de acción, firmado en febrero de 2026, para acordar reglas de extracción, producción y procesamiento y atraer inversiones, acuerdos estos que darán piso a las renegociaciones formales del T-MEC.
Se busca asegurar precios mínimos, un abanico de mecanismos de cooperación sin precedentes, el financiamiento de nuevos proyectos mineros y de procesamiento de los minerales; investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de minerales críticos, la identificación de proyectos de extracción, procesamiento y fabricación de minerales críticos.
Además, prevé el intercambio de información sobre la ubicación de posibles yacimientos de minerales críticos desarrollados por sus respectivos servicios geológicos gubernamentales. Los países “procurarán aportar mayor transparencia al mercado compartiendo información sobre las ubicaciones de posibles depósitos críticos de minerales desarrollados por sus respectivos topógrafos gubernamentales, incluidos el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Mexicano”, dice el plan.
Mientras tanto, organizaciones mexicanas reclaman que cuando los pueblos o la sociedad organizada “le piden al gobierno informaciones sobre yacimientos siempre la respuesta es negada en nombre de la seguridad nacional, pero en este plan se habla abiertamente en facilitar esta información al gobierno de Estados Unidos”, señala la ingeniera industrial Beatriz Olivera, de la organización Engenera, y parte de la campaña CambiémoslaYa, frente de organizaciones y pueblos que se articularon para exigir cambios en la Ley Minera.
Julieta Lamberti, de Proyecto Poder, enlista una serie de violaciones al derecho a la información cometidas por el gobierno mexicano: Se reserva información sobre cuántos minerales extrae cada empresa por proyecto minero. Las Manifestaciones de Impacto Ambiental están disponibles solamente de forma parcial, en versiones técnicas difíciles de comprender para las comunidades afectadas. Se desconoce el volumen real de agua extraído de las concesiones para la actividad minera. A menos que sean empresas que cotizan en la bolsa de valores, no están obligadas a divulgar información sobre su estructura de propiedad, actividades económicas y situación financiera.
¿Qué son los minerales críticos?, ¿quién los define?
No hay un concepto fijo de lo que son minerales críticos, advierte Jorge Peláez Padilla, abogado especializado en temas mineros, de la Clínica Jurídica para Justicia Ambiental “Berta Cáceres”, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Los Estados, “generalmente las potencias” son los que definen cuáles son estos recursos minerales que son económicamente esenciales para sus sectores estratégicos. “Lógicamente lo que es esencial econmicamente para sectores estratégicos cambia de un país a otro, en función del desarrollo tecnológico y del momento geopolítico y, además, por el alto riesgo de interrupción en su suministro, como la inestabilidad política en países productores”, explica Peláez.
En el caso del plan de acción establecido entre Estados Unidos y México, cuyas reglas están siendo definidas en el ámbito de las renegociaciones del T-MEC, se sigue la lista de 60 minerales definida por el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Entre ellos están el aluminio, arsénico, boro, cromo, cobre, litio, níquel, titanio, uranio. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, de los 60 minerales, México destaca en ocho de ellos: antimonio, barita, cobre, flúor, grafito, plomo, plata, zinc. México es uno de los mayores productores de seis de ellos: plata (27% de la producción mundial), flúor (22%), barita (8%), plomo (8%), zinc (8%) y cobre (3%).
¿Por qué son estratégicos?
Entre los diversos usos dados a los minerales críticos, actualmente destacan dos de ellos. Uno es para la producción de las nuevas tecnologías necesarias para la transición energética, impulsadas especialmente por los Estados Unidos, la Unión Europea y China. “En el norte global este tipo de tecnologías son cada vez más predominantes”, expone Olivera.
Por ejemplo, de acuerdo con el informe de sostenibilidad 2023 de la Cámara Minera de México, un vehículo eléctrico necesita de 8.9 kg de litio, 13.3 kg de cobalto, 24.5 kg de manganeso, 39.9 kg de níquel, 53.2 kg de cobre, 66.3 kg de grafito, 0.1 kg de zinc y 0.5 kg de Tierras Raras. Mientras un vehículo de combustión necesita de 11.2 kg de manganeso, 22.3 kg de cobre, 0.1 kg de zinc, 0.5 kg de Tierras Raras.
Sin embargo, la ingeniera industrial subraya como interés central de Estados Unidos el uso de los minerales en la industria de la guerra, especialmente en el contexto mundial actual. “Sabemos que Estados Unidos es un país bélico, y la industria de la guerra necesita este tipo de minerales. Entonces no solamente es el discurso de la transición energética, también está este otro interés que subyace”.
Los minerales críticos son la base de armamentos modernos, de los sistemas electrónicos, satelitáles e infraestructura militar. Las tierras raras son esenciales, por ejemplo, para sistemas de orientación, radares y aviones stealth (ejecutan acciones sin ser detectados). “Estos minerales son ya palancas explícitas de poder estatal”, define. “Cuanto más crítico sean para la defensa, mayor será la prioridad de asegurar el suministro nacional”.
No es casualidad el hecho de que los Estados Unidos y la Unión Europea estén tratando de “limitar el poder y la alta concentración que está teniendo China en el abastecimiento de estos minerales, especialmente los minerales de tierras raras. La Unión Europea en una directiva de 2023, lo señala abiertamente”, sostiene.
La tendencia de empezar a hacer acuerdos comerciales con diferentes países del sur global “tiene como objetivo cerrar este mercado, disminuir la competencia que está generando China y disminuir este poder que está concentrando este país asiático”, detalla Olivera.
En América Latina, 11 minerales metálicos cuentan con reservas relevantes: bauxita, cobre, estaño, hierro, litio, molibdeno, níquel, oro, plata, plomo y zinc, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La región es la principal productora mundial de cobre, estaño, litio, hierro, molibdeno, plata, plomo y zinc.
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Para Olivera, en el contexto de un mundo en guerra, el control de minerales críticos ya no es solo un asunto económico, “es una herramienta de poder geopolítico”.
¿Qué está en juego con la renegociación de T-MEC?
A pesar de que México no es todavía una potencia en minerales críticos, como describe Peláez, el país es considerado como socio estratégico para garantizar suministro confiable de minerales críticos para la industria norteamericana. “Es un territorio en disputa dentro de cadenas globales de suministro. Es un nodo estratégico en disputa”, señala.
Por eso, subraya, la renegociación del T-MEC es clave en el contexto geopolítica actual. “Hay la presión para explotar lo que ya se tiene como producción consolidada – cobre, grafito, fluorita etc. Y presión para desarrollar lo que todavía está como reserva - litio, tierras raras -”, afirma.
Concesiones
De acuerdo con datos de Proyecto Poder, hoy existen entre 874 y 1,070 proyectos mineros. No son números exactos porque “no hay coincidencia en las fuentes”, advierte Lamberti. Y se estima que haya “786 concesiones para extraer minerales estratégicos”.
Por su parte, la industria minera ha aplaudido el plan de acción firmado entre Estados Unidos y México. Sin embargo, han señalado por medio de la prensa la necesidad de implementar incentivos y acciones que garanticen el éxito del plan estratégico, base de las discusiones en el ámbito de la renegociación de T-MEC.
Piden fortalecer las condiciones de seguridad en regiones mineras; reactivar e impulsar la exploración como “base de la sostenibilidad productiva”; garantizar procedimientos claros y plazos ciertos para permisos ambientales, sociales y operativos.
Uno de los puntos más preocupantes para las organizaciones es que también piden la modernización del marco legal para consolidar lo que la industria considera ‘certidumbre jurídica’. “Este es el discurso que están manejando. Me parece súper preocupante que se llame actualizar una ley [Ley Minera] que acaba de modificarse hace un par de años [2023]. Justamente teníamos una ley de 30 años que regia el sector, que nació del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Me pregunto a qué tipo de modernización se refieren si tenemos una ley muy nueva”, cuestiona Beatriz Olivera.
Para ella, el plan de acción y, consecuentemente, las renegociaciones del T-MEC representan el “aumento del riesgo de desregulación y desprotección de comunidades, territorios y bienes naturales en los sitios donde hay reservas de minerales estratégicos”.
Un dique
Para el abogado Peláez, lo que se logró con la reforma de la Ley Minera en 2023, “es una anomalía y es una anomalía que sigue jugando a nuestro favor, es una anomalía que se explica por los más de 20 años de resistencia del movimiento contra minería”.
Para él, de todas la reformas impulsadas por los movimientos – como las reformas en materia de derechos de indígenas y de agua -, “de todas ellas la reforma de la Ley Minera es la que salió menos peor, es la que consiguió un poco más de herramientas y son estas herramientas que están claramente en el centro de la disputa y van en contrasentido de lo que quieren en la renegociación de T-MEC”.
Con la reforma se redujo a la mitad los años de concesión minera, para 30 años prorrogables por otros 25. Se separa la exploración y la explotación, dos actividades que estaban juntas en la anterior ley. Ahora, solamente la explotación tiene concesión. La exploración es realizada de manera exclusiva por el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Particulares pueden participar con el SGM mediante convenio.
Desapareció la figura de ‘terreno libre’, “uno de los temas de mayor relevancia de la reforma”, analiza el abogado. “Antes todo el territorio nacional era ‘terreno libre’ para la minería. Hoy se hace mediante concurso adjudicado a quien garantice al Estado las mejores condiciones económicas, beneficio para la población, acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo”, explica.
Además, la minería dejó de ser una actividad preferente. “Si bien se mantiene la minería como de utilidad pública, se elimina el derecho de concesionario a obtener la expropiación”.
Sobre la consulta libre, previa e informada, ahora debe ser realizada luego de la licitación pero previamente a la concesión. “Después de la licitación viene una serie de permisos que se tiene que tramitar y lo último es la concesión. En la primera propuesta que hizo CambiémoslaYa, y que venía en la iniciativa presidencial, la consulta iba previo a la licitación. Sin embargo, es un logro porque antes el primero era la concesión”.
Pasó a ser necesario especificar de manera inicial cual mineral se va a explotar. “Si en el transcurso de la explotación aparece otro tipo de mineral, se tiene que dar aviso e incluirlo en la concesión para poderlo explotar”.
La reforma debe eliminar el mercado de concesiones, analiza Peláez. “Únicamente se podrán transmitir títulos de concesión cuando sea para la actividad de explotación minera, previa autorización de la Secretaria de Economía. La mayoría de la concesiones servía solo para especulación en bolsa”.
Otro punto señalado por el abogado como importante en el contexto de las renegociaciones del T-MEC es que las empresas paraestatales pueden obtener “asignación” para exploración y explotación de minería, por tempo indefinido. Sobretodo el litio que quedó reservado para el Estado. Antes, las empresas paraestatales también tenían que solicitar concesión.
“Esta ley les estorba, estorba el mercado, estorba la renegociación, por eso es fundamental articularse para proteger estos cambios. Estos cambios son un dique para este proceso, un dique mejorable, con un montón de problemas, pero aun así es un dique”, define Pelaez.
¡Ojo!
Los especialistas hacen énfasis en la necesidad de la aprobación del reglamento de la Ley Minera y de la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la acción de inconstitucionalidad 129/2023, que propusieron todos los partidos políticos contra la ley. “Dos pendientes que son clave en este contexto, que servirían para cerrar el dique y haría que cualquier negociación con los Estados Unidos fuera con base en una regulación más consolidada”, dice el abogado.
Las organizaciones hacen el llamado para estar atentos a las iniciativas que se presenten en las próximas semanas, “en los acuerdos alrededor de los minerales críticos y, luego, las posibles modificaciones legislativas, para sostener estos acuerdos”, alerta Beatriz Olivera.
