El pasado 8 de marzo, el Congreso de la República en Guatemala aprobó la iniciativa de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que criminaliza el aborto y endurece las penas; además, anula la opción al matrimonio de personas del mismo sexo, limita sus derechos y prohíbe la educación sexual diversa.
La iniciativa 5272, que al quedar aprobada ahora es conocida como Decreto 18-2022, modifica el Código Penal y en consecuencia amplía las condenas para mujeres que abortan y para el personal médico que se involucra.
Las penas van hasta 10 años de cárcel para quienes interrumpan su embarazo y 50 años a quienes realicen abortos sin consentimiento de la mujer o si ella muere en consecuencia.
Entre los grupos que se pronunciaron públicamente contra esta aprobación fue la Alianza Política Sector de Mujeres, a través de Marta Godinez, que señaló como corrupto el pacto que se hace en acuerdo criminal y con fundamentalismos religiosos.
“Esto responde a una clara alianza que se ha ido fraguando y sistematizando desde hace varios años, no viene de ayer ni de antier, si no de un proceso que en América Latina ha sufrido el movimiento de mujeres y feministas”.
Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, por el conflicto armado interno, cuando se iniciaba un proceso democrático en Guatemala y se callaron las armas, las mujeres y las feministas vieron la oportunidad de posicionar una agenda estratégica por la lucha para abrir espacios democráticos, enfrentar el racismo y colonialismo implantado, y solucionar los casos estructurales del conflicto con impactos diferenciados en la vida de las guatemaltecas.
Inició, entonces, una lucha por la participación política “y por constituirnos como sujetas políticas”, con el objetivo de posicionar los problemas estructurales, que son sustantivos en el caso de las mujeres: violencia, genocidio, violencia sexual en tiempos del conflicto armando interno y reformas al Estado que “siguen siendo profundas y no necesariamente han ido avanzando”.
La aprobación de la ley se da en medio de un contexto de implantación de una política institucionalizada de despojo, de corrupción y vinculada a los “poderes más oscuros”; al narcotráfico.
“Las mujeres feministas y de pueblos originarios han posicionado propuestas a nivel institucional para planes, programas y proyectos”, dijo Marta Godinez, también para cambiar el imaginario político y una agenda vinculada a la constitución como sujetas políticas en el tema de la autonomía por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y territorios.
Capital Pro-Vida
El 9 de marzo, un día después de la aprobación del decreto, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, una organización religiosa, declaró a Guatemala como "Capital Pro-Vida de Iberoamérica”.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que desde sus redes sociales alinea las creencias religiosas a su administración gubernamental, aceptó la declaración ante cientos de creyentes reunidos en una ceremonia pública.
“No hay excusas para no cumplir lo que manda nuestra Constitución Política de la República, que protege la vida desde su concepción y nosotros hoy enviamos un mensaje claro al mundo ¡#GuateEsVida!”, escribió Giammattei en su cuenta de Twitter.
Para Malala Martínez, de la organización trans ‘Reinas de la noche’, es importante nombrar que las violaciones del Estado son históricas desde el momento que detienen a mujeres que resisten a los despojos de los territorios por megaproyectos.
También recordó la violencia que padecen las mujeres trans por razones diversas, entre ellas por identidad de género, por el nivel educativo, condiciones económicas y por el comercio sexual que ejercen, entre otras más. “Son justificadas por un sistema heteropatriarcal que siempre busca imponer y criminalizar todo lo que se considera diferente y lo percibe como antinatural”, dijo Martínez.
El hecho de que este gobierno declaró un país pro-vida y promulgue la política pública mencionada, evidencia que Guatemala no respeta el Estado laico, agregó Martínez.
Por el contrario abona a promover el odio sin saber el alcance que puede tener éste, “ya que legalmente se permitirían las agresiones contra todo aquello que es diferente, justificado con aspectos biológicos y genéticos del ser humano; con todo esto las mujeres trans no queremos menos de la igualdad”, añadió.
En este tenor, denunciarán y rechazarán cualquier ley o decreto que atente contra la integridad física, moral y vida privada, como lo cita el Artículo 1 y 11 de la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos.
En voz de las mujeres trans, Malala exigió a diputados y diputadas el reconocimiento pleno a través de la aprobación pero de una Ley trans, “estamos exigiendo las garantías sociales en todas nuestras etapas de vida”.
Así mismo, de acuerdo al Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+ al menos 32 personas fueron asesinadas en Guatemala el año pasado como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género. En lo que va de 2022 se han registrado otros nueve asesinatos.
Guardianas de los territorios
Grupos de mujeres del pueblo Xinka, Ixil, Kiche y Kaqchikel, de la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base, rechazaron de manera rotunda la aprobación del Congreso de la República y alzaron la voz desde sus trincheras, “educación sexual para decidir, atención médica para no sufrir”, exigieron.
“Además de inconstitucional esta ley se convierte en un instrumento que criminaliza a las mujeres por tener abortos espontáneos. Restringen los derechos de la población de la diversidad sexual y limita el concepto de familia tradicional cuando en Guatemala existen familias diversas”, señalaron.
Las mujeres pusieron sobre la mesa los altos índices de embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes que, tan solo en el 2021, superaron la cifra de 72,077 menores de entre 10 y 19 años; 2,041 eran niñas menores de 14 años.
“Aunado a los miles de casos sobre abuso sexual en niñas y niños, la ley no ofrece solución a estas problemáticas sino que prohíbe la implementación de acciones orientadas a fomentar y promover la educación integral y de sexualidad en las escuelas”, dijeron.
Desde los pueblos originarios de Guatemala se dijeron cansadas de que el gobierno de Alejandro Giammattei abuse del poder que le fue otorgado temporalmente, pues, con sus acciones, se convierte en el artífice principal y promotor de la violencia sexual y feminicidio que sufren las niñas, adolescentes, mujeres y poblaciones LGBTIQ.
Ante ello exigieron veto a la referida ley por ser inconstitucional y porque no garantiza la protección de las familias, mucho menos de la vida de la población guatemalteca.
Pidieron atención médica a las mujeres sin ser criminalizadas; además de exhortar a las diversas expresiones organizativas y población en general alzar la voz y manifestar su rechazo a la aprobación de la peligrosa ley desde cualquier medio posible, “y sumarse a las movilizaciones sociales en defensa de la vida”.
Organizaciones y redes de países del triángulo del norte, como El Salvador y Honduras, hicieron lo propio al pronunciarse contra la Ley 5272 por ser excluyente y anti derechos, “sumaremos las voces de miles de mujeres que se qué se pronuncian ante esta ley patriarcal”, dijo Breni Herrera, feminista en El Salvador, parte de la Red Alforja.
“Esta ley no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
Exhortó que si el presidente Giammattei quiere combatir estos problemas, y garantizar que su gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, “debe vetar este proyecto de ley indefendible”.
Desde su aprobación cientos de personas levantaron la voz, incluso con protestas en los edificios institucionales vinculados al decreto.
