La empresa estadounidense Sempra Energy adquirió, durante la reforma energética implementada en el año 2013 en México, activos que la han llevado a posicionarse -años después- como una de las empresas más grandes de este sector. Pero también se ha visto envuelta en una serie de demandas en cortes internacionales por haber establecido contratos “ventajosos y leoninos”, como los ha catalogado el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Sempra ha sido presidida por ex funcionarios del gobierno mexicano que han laborado en el mismo sector energético, quienes se han convertido en piezas clave para cuadriplicar los activos de la empresa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero la compañía tiene ahora un panorama complicado, ya que sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se han caído más de una vez por estos motivos.
A este contexto se suma una fuerte conflicto con la Tribu Yaqui por la instalación de un gasoducto en Sonora, que los indígenas consideran de alto riesgo para su comunidad. Este pueblo sostiene que están dispuestos a todo para no dejar que este proyecto continúe. La Comisión Federal de Electricidad de México ha perdido millones de pesos por estos gasoductos que han cobrado sin brindar sus servicios.
