Pese a la existencia de leyes mexicanas y tratados internacionales que enuncian el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, la omisión en la normatividad del estado de Chiapas - como en todo México- obstaculiza el reconocimiento pleno de las comunidades para regirse por sus sistemas normativos internos, los cuales el Estado coloca en duda a través de la realización de peritajes antropológicos y consultas improvisadas.