Comunidades han soportado la no resolución a sus demandas de tierra, lo cual les ha expuesto a órdenes de captura por usurpación de tierra, amenazas a muerte por parte de terratenientes, el daño de los cultivos del maíz y el ingreso inconsulto de proyectos sin consentimiento.
Desde el 2009 hasta la fecha se registran un total de 326 muertes violentas, de las cuales 136 corresponden a mujeres y hombres trans
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras presentó un requerimiento fiscal contra 16 personas en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”. El reporte se construyó con las más de 40 denuncias presentadas en su día por Berta Cáceres, quien en vida se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la empresa DESA, involucrada en el caso de fraude.
El combate a la delincuencia organizada en Honduras, al igual que en el resto de Centroamérica y México, se ha convertido en el moderno disfraz de la implacable violencia estatal y un motor de la migración forzada. A finales de 2016, a través de una serie de tres operativos llamados Tifón, el gobierno hondureño realizó allanamientos, detenciones, decomisos y capturas por todo el país. Los operativos fueron declarados un éxito, aunque estuvieron acompañados de escuadrones de la muerte, desapariciones forzadas, asesinatos, tortura y destierro. Esta es la historia de uno de los sobrevivientes.
