A pesar de las denuncias frente al proceso de consulta indígena realizado en el sureste mexicano, el gobierno federal presumió su ejecución como un “éxito”.
Comunidades han denunciado que los planes del gobierno mexicano exacerban la devastación y despojo en la península, causado por el agronegocio, la industria inmobiliaria, producción de energías renovables y el turismo a gran escala.
