El pasado 30 de julio, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) hizo público, a través de un comunicado, que el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar los contratos que este órgano público celebró con Comercializadora Antsua S.A de C.V., empresa autorizada para distribuir el software de espionaje Pegasus, entre 2018 y 2019, en México.
Pegasus es un spyware o software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group y comercializado para gobiernos que realizan tareas de espionaje y la vigilancia de personas a través de dispositivos móviles y que, entre otras cosas, permite el acceso a archivos de forma remota y a la mensajería privada de la persona objetivo. Existe evidencia de que el Estado mexicano ha sido cliente de este programa desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su uso ha sido asociado al espionaje y vigilancia de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En 2022, ya entrada la administración de Andrés Manuel López Obrador, a través de la investigación Ejército Espía, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas R3D, SocialTIC y Article 19, demostraron que Pegasus todavía estaba siendo utilizado por el ejército mexicano para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos que trabajan alrededor de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas.
Las organizaciones probaron la existencia de dos contratos entre Sedena y Comercializadora Antsua, con un valor de 140 millones de pesos. La investigación también reveló que quien operó Pegasus a partir de la compra fue el Centro Militar de Inteligencia (CMI), institución de espionaje cuya existencia ha sido negada reiteradamente por el ejército mexicano.
A partir de esta investigación, las organizaciones involucradas iniciaron un proceso de litigio para demandar a la Sedena la entrega, de forma pública, de los contratos de adquisición del software. La institución negó la existencia de estos.
En enero de 2023, el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una resolución vinculante, definitiva e inacatable, que revocó la respuesta de Sedena sobre la inexistencia de los documentos y le ordenó entregar toda la documentación de forma pública.
Ante esto, en abril del mismo año, la Secretaría de Defensa clasificó los documentos relacionados a Pegasus y los declaró como información reservada por motivos de seguridad nacional, por lo que la organización R3D interpuso una demanda de amparo por el incumplimiento de la resolución del INAI y la vulneración del derecho de acceso a la justicia y de acceso a la información que este desacato implicaba. Dicho amparo fue concedido a la organización por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en junio de 2024.
Más tarde la Sedena promovió un recurso de revisión para impugnar esta sentencia de amparo, por lo que el caso pasó a ser tratado por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mismo que en días pasados confirmó la sentencia establecida por el Juez en 2024, la cual indica a la Sedena acatar la resolución emitida por el INAI desde 2023. En su resolución el Tribunal Colegiado también reconoció que la institución de seguridad ha excedido por mucho el plazo fijado para atender la decisión del INAI.
Tras cuatro años de litigio, para las organizaciones Red de Derechos Digitales, SocialTIC y Article 19, esta sentencia “confirma la importancia de transparentar la información sobre contratos de adquisición de tecnologías de vigilancia (spyware) por parte de las autoridades federales y estatales”. En su comunicado, consideran al amparo otorgado como un logro para la transparencia y el acceso a la justicia para quienes han sufrido la vigilancia y el espionaje ilegal por parte de las fuerzas armadas. “Esperamos que esta decisión judicial ayude a la sociedad a esclarecer los abusos perpetrados para sancionar a los culpables, reparar el daño a las víctimas y establecer mecanismos regulatorios para la no repetición del espionaje ilegal”, concluyen las organizaciones firmantes.
¿Podrán compartir el número de expediente o la sentencia?