El Convenio fue acordado en 1989 y entró en vigencia el 4 de septiembre de 1991. A partir de entonces los países interesados se han podido adherir al Convenio. Hasta la fecha, de los 22 países que lo han ratificado 15 Estados están en Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Además, Dinamarca, España, Fiji, Nepal, Noruega, Países Bajos y la República Centroafricana. 

     América Latina ha sido la región en que este tratado internacional ha tenido mayor impacto jurídico y político, de acuerdo con el documento “La aplicación del Convenio 169 por tribunales nacionales e internacionales en América Latina”, de la propia OIT. “Es también en esta región donde el Convenio 169 ha tenido un mayor desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial. Asimismo, es en ella donde el Convenio más ha influenciado, aunque no siempre con los resultados esperados, la política pública referida a estos pueblos”, dice el documento.

     El significativo número de adhesiones al Convenio en Latinoamérica no es casualidad. Tratase de un intento de apaciguar la alta intensidad de los conflictos generados por la entrada masiva de proyectos de desarrollo en toda la región. Solamente en relación a la explotación de minerales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) sostiene, en un documento producido sobre el tema, que desde hace una década América Latina se ha convertido en uno de los epicentros de la expansión minera a nivel global. Pese a la caída reciente de los precios internacionales de los minerales, esta región continúa recibiendo los mayores flujos de inversión minera a nivel global, según la organización.