Además de dar a conocer la presencia del herbicida glifosato en la orina de habitantes de comunidades de Hopelchén, Campeche, en la Península de Yucantán, en México, y en los pozos que se usan para riego y consumo humano, el Colectivo Apícola de Los Chenes denunció la falta de diligencia de las autoridades ambientales para realizar su trabajo al no atender las demandas legales.
El colectivo emplazó a las autoridades para que antes del 10 de septiembre den una respuesta sobre el tema y sobre la siembra ilegal de soya transgénica en su territorio; de lo contrario, frenarán la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como condición para que se otorguen los permisos de siembra de la planta genéticamente modificada.
Estudios realizados por el doctor Jaime Rendón Von Osten, del Instituto Epomex de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), comprobaron la presencia del glifosato -usado mayormente en las plantaciones transgénicas- en humanos y el subsuelo. El científico precisó que el tóxico no es biodegradable al 100 por ciento y contamina mantos de agua.
El apicultor y activista maya Gustavo Huchín Cahuich indicó que “estamos muy preocupados, porque nos perjudica a todos este cultivo, a nuestros animales y nuestras abejas; el 95 por ciento de los agricultores cheneros somos apicultores”.
El abogado del Equipo Indignación, Orbelín Montiel Cortés, señaló que ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han atendido de manera adecuada las demandas que han presentado las comunidades mayas, e incluso se han deslindado, lo que confirma el desinterés de las autoridades ambientales y se viola el derecho a un medio ambiente sano.
Montiel Cortés detalló que el 25 de enero de 2014 se presentó una denuncia ante la Profepa por deforestación en la zona maya, donde se está sembrando soya transgénica; el 24 de agosto de 2015 se presentaron dos denuncias ante Conagua debido a la construcción de pozos sin permisos, y el 21 y 24 de agosto de 2015 se presentaron denuncias ante la Profepa nuevamente. Sin embargo, hasta el momento solo se tuvo respuesta de Conagua y fue en el sentido de deslindarse.
El defensor advirtió que aunque las autoridades locales han intentado desacreditar el trabajo del doctor Von Osten, sus estudios sí tienen validez siempre y cuando las comunidades se lo pidan, además de que fueron requeridos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fungen como un medio de prueba jurídicamente válido para las comunidades.
En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, que actualmente se encuentran suspendidas por orden de la SCJN. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa para la siembra comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.
Organizaciones civiles han denunciado irregularidades en la realización de la consulta, mientras que las comunidades han reclamado por la siembra ilegal del cultivo.
Texto publicado originalmente en
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www.somoselmedio.org
