En portada: La empresa Agropalma mantiene restricciones de acceso a tierras indígenas y quilombolas que están siendo reclamadas por pueblos de la Amazonía. Foto: Anderson Barbosa.
La Asociación Brasileña de Antropología solicitó al Ministerio Público Federal, en el estado de Pará, la apertura de un proceso para investigar el contrato de venta de créditos de carbono firmado entre la productora de palma africana en la Amazonía brasileña, la empresa Agropalma, y Biofilia Ambipar Ambiental.
De acuerdo con la asociación, parte de las 50 mil 519 hectáreas de bosque amazónico que la empresa pretende comercializar en el mercado especulativo de carbono es un territorio reivindicado por indígenas Turiwara y Tembé del Alto río Acará, frontera entre los municipios de Acará y Tailândia, en el estado de Pará.
La Associação Indígena Ita Pew, que lleva el nombre indígena de estas tierras ancestrales, sostiene un proceso de reglamentación ante la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), órgano federal responsable por la demarcación de tierras indígenas en Brasil.
Agropalma pretende poner en marcha el Programa REDD+Agropalma en el mercado voluntario de carbono, con vida útil hasta 2051. El programa está en proceso de validación por la certificadora Verra - Standards for a Sustainable Future, con sede en Estados Unidos. Después de ser aprobado, será ofertado al mercado.
Verra, que según la asociación de antropología “está involucrada en otras certificaciones tendenciosas y nefastas en el estado del Pará y en la Amazonía”, informó a Avispa Mídia, en mayo de 2023, que la certificación estaba ya en su fase final. En octubre de este mismo año, en la página de Verra se registra que el programa todavía se encuentra “bajo validación”.
La asociación resalta que “en ningún momento los pueblos indígenas Turiwara y Tembé consintieron dicho contrato, que incide directamente en el territorio tradicional por ellos reivindicado”.
El investigador Elielson Pereira da Silva, del proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonía, de la Universidad Federal de Pará, señala para Avispa Mídia que el Estado brasileño había decretado la extinción de estos pueblos indígenas. “Pero no, ellos están allá. Y ahora, decidieron organizarse” para recuperar su territorio. “Son décadas de estigmatización, etnocidio, abusos y violaciones”, dijo.
Silva es coautor, juntamente con las investigadoras Rosa Acevedo Marin y Maria da Paz Saavedra, del artículo “Quilombolas e indígenas en los procesos de territorialización del Alto río Acará”, publicado en el libro “Quilombos: Derechos y conflictos en tiempos de pandemia”. En la publicación, los autores dan cuenta de que el modelo de conservación ambiental empresarial puesto en práctica por Agropalma se dio a expensas de la expulsión violenta de los pueblos y comunidades tradicionales de las orillas del Río Acará, a lo largo del tiempo.
Fueron convertidos en “‘refugiados de la conservación’ y ‘refugiados del desarrollo’, y pasaron a ser considerados invasores de su propio territorio. Dispositivos de seguridad implantados por la empresa impiden la circulación, provocan incomodidad a las personas e impiden la reproducción física, social, económica y cultural de indígenas Turiwara y Tembé”, sostienen.
Por medio de sus investigaciones antropológicas e históricas, aportan “pruebas de que una de las haciendas de la empresa fue erguida justamente donde los indígenas vivían”, señala Silva.
Otros nudos del Programa REDD+Agropalma
Una investigación publicada por Avispa Mídia en mayo de 2023 reveló que parte de los bosques incluidos en el Programa REDD+Agropalma contemplan el territorio demandado por quilombolas de las comunidades de Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila dos Palmares do Vale do Acará, cuyo proceso de reglamentación está abierto en el Instituto de Tierras del Pará (Iterpa) desde 2016.
Estas comunidades, que forman parte de la Asociación de Quilombos Remanentes, demandan un territorio de al menos 15 mil hectáreas adicionales al territorio reclamado por los indígenas.
La Defensoría Pública Agraria Castanhal y el Ministerio Público Federal en el estado de Pará incluyeron en sus procedimientos investigativos el contrato de venta de carbono de Agropalma, relacionado con las tierras demandadas por los quilombolas.
La Defensora Pública, Andreia Barreto, afirmó para Avispa Mídia que el proceso “referente al área de la reserva de la empresa Agropalma, que incluye el proyecto de crédito de carbono” está en su fase inicial.
Los documentos están todavía “bajo sigilo”, explicó la defensora, “el objetivo es la protección de los derechos territoriales” de los quilombolas.
Tierras Públicas
Agropalma sostiene que posee 64 mil hectáreas de bosque amazónico y 39 mil hectáreas de plantación de palma africana. Las denuncias de adquisición fraudulenta de las tierras que ahora están en posesión de Agropalma han sido objeto de investigaciones y acciones civiles públicas por parte de la Defensoría Pública Agraria de Castanhal y del Ministerio Público de Pará, desde el año 2016.
Los registros de propiedad de alrededor de 58 mil hectáreas de estas tierras, que incluyen bosques del Programa REDD+Agropalma, fueron cancelados en tribunales de primera y segunda instancias por fraudes documentales, pasando a ser consideradas tierras públicas estatales. Los documentos de propiedad fueron emitidos por una notaría ficticia, dictaminó el juez que juzgó el caso.
Sin embargo, las tierras, demandadas por quilombolas e indígenas, continúan bajo posesión de la empresa. Ahora, Agropalma sigue recurriendo a los tribunales superiores para que la decisión sea cancelada.
La defensora pública señala que las normas constitucionales brasileñas y convenios internacionales firmados por el país, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, garantizan que las comunidades quilombolas e indígenas deben contar con “derecho de preferencia en el proceso de destinación de tierras del Estado, además poseen el derecho de regresar a su territorio tradicional”.
Expansión
Los casos de empresas que están lucrando con el bosque amazónico en tierras públicas y expulsando comunidades tradiciones de sus territorios han proliferado. Tanto es así que el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del estado de Pará lanzaron recomendaciones sobre la protección de los derechos de los pueblos en el contexto del mercado voluntario del carbono.
Los órganos han registrado que, en este tipo de emprendimiento, ocurren procesos de despojo y alteración de los modos de vida de las comunidades tradicionales.
“Las comunidades tradicionales están siendo asediadas por el mercado de carbono mediante propuestas ilusorias de que van a mejorar sus vidas, con base en informaciones apenas de los beneficios presentados por las empresas, de manera a convencer las comunidades a firmar contratos, muchas veces sin tener claridad de sus cláusulas, causando impactos en el modo de vida tradicional local”, señalan los órganos.
Entre las recomendaciones está que los contratos de créditos de carbono deben tener intervención estatal y que los contratos no sean firmados teniendo como base tierras que poseen documentos fraudulentos.
Además, apuntan sobre la necesidad de hacer una evaluación del modelo actual del mercado de carbono y su capacidad efectiva de generar proyectos autónomos, “evitando cualquier forma de asedio a los territorios”.
