En portada: El 6 de abril se registró un incendio y posterior explosión en una de las plataformas del Centro de Proceso Akal-B, propiedad de Pemex.
Organizaciones ambientalistas señalan que, derivado de una explosión ocurrida el 6 de abril en la plataforma Akal-B, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ubicada en las aguas del Golfo de México, en las cercanías de Campeche, se ha detectado la existencia de un derrame de hidrocarburos que se mantiene en curso.
Mediante pruebas obtenidas con imágenes satelitales, organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking, CartoCrítica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) indican que, a pesar que el derrame inició el 22 de marzo, no fue reportado a las autoridades competentes.
“Una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex, que se detecta un derrame no reportado por las autoridades”, sostienen las orgaizaciones, quienes indican que, tras acumular 18 días de fuga ininterrumpida, hasta el pasado 9 de abril, el derrame de crudo abarca una superficie de 390 kilómetros cuadrados.
Esto significa que el área afectada por el reciente derrame ocupa una dimensión similar al ocurrido en julio del año 2023, cuando se vertió petróleo en las aguas del Golfo de México tras el incendio de otra plataforma de Pemex. En aquella ocasión, el derrame abarcó una superficie de 400 kilómetros, dimensión que representa más del doble de la ciudad de Guadalajara.
Las organizaciones ambientales y sociales enfatizan que el aumento en la frecuencia de accidentes de Pemex, con 152% de incremento en los últimos dos años, “evidencian que en Pemex se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente”.
Señalan que esta situación se agrava debido a que, a la par, existe una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, lo que se traduce en “irreparables pérdidas humanas de trabajadores y las afectaciones a la salud de las comunidades humanas y los ecosistemas impactados por los desastres fósiles”.
Versión oficial minimiza accidente
Mientras Pemex comunicó el mismo día el incidente y lo minimizó como un “conato de incendio”, las organizaciones sostienen que dos trabajadores perdieron la vida, hay un desaparecido y nueve más resultaron heridos. “Los dos trabajadores se suman a la lista de más de 360 personas que han fallecido en siniestros de Pemex desde 2009”, aseveran mediante comunicado.
Ante ello, exigen una respuesta y accionar de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en el sector petrolero, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA).
Entre sus responsabilidades, a la ASEA le corresponde regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en terminos de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente.
No obstante, las organizaciones indican que, “a pesar de ser directamente responsable de regular y sancionar a Pemex, [ASEA] demuestra reiteradamente su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir estos desastres”.
Por esta situación, demandan que las autoridades informen con claridad sobre lo ocurrido en la plataforma Akal-B, así como los impactos y medidas que adoptarán para prevenir la repetición de estos incidentes.
