Foto de portada: Santiago Navarro F
En medio de un constante hostigamiento por el crimen organizado, el pueblo indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ubicado al oeste de México, sostiene una férrea lucha legal ante los tribunales para que le reconozcan parte de su territorio. Este mes de agosto la justicia de Michoacán decidirá sobre el último recurso jurídico que han interpuesto los comuneros de Ostula, que es el amparo directo 463/2023, a través del cual buscan reiniciar con el litigio.
Es un caso que lleva más de una década, un conflicto por límites entre los indígenas de Ostula y los llamados pequeños propietarios que dicen ser los verdaderos dueños de las tierras, “quienes han sido parte de organizaciones criminales” han denunciado los comunitarios de Ostula en distintos comunicados.
El conflicto agrario ante los tribunales “se trata de determinar cuál es la línea que separa las tierras de Ostula y de las pequeñas propiedades de La Placita (localidad del municipio de Aquila)”, dice el abogado de los comunitarios, Carlos González.
El litigio ha sido un camino muy empedrado en el que la justicia ha sentenciado en varios momentos a favor de las personas de La Placita, a donde pertenecen los pequeños propietarios, pero, la defensa legal de la comunidad nahua se ha respaldado en un decreto presidencial del año 1964 que les otorga el derecho sobre 19 mil 32 hectáreas. Además, también presentaron los títulos primordiales de los años 1800, emitidos durante la colonia española que establecen los límites de este territorio indígena.
Tras los últimos jaloneos del litigio se identificó que el plano topográfico en el que se basan los pequeños propietarios estaba errado. Fue así que el abogado de Ostula presentó un nuevo plano con las dimensiones rectificadas de todo el territorio indígena, realizadas por un perito independiente, a petición del Tribunal Unitario Agrario número 38, del estado de Colima, a donde se lleva el juicio agrario.
“Entonces el Tribunal toma una decisión acertada, ellos ya sabían que el plano de la comunidad estaba mal, entonces les dicen a los peritos, van a ubicar a la comunidad de acuerdo a los puntos físicos inamovibles, como el océano, montañas y ríos”, complementa el abogado.
En la búsqueda de la rectificación también tomaron en cuenta puntos inamovibles como las cúpulas de las principales iglesias, monumentos, así como los ríos. El margen de error era mínimo para fallar. Con estas pruebas pudieron comprobar que, incluso, “70 hectáreas de esta comunidad están en manos de la comunidad vecina (La Placita). Son más de 2 km de más que le están quitando a la comunidad”, además de las tierras que disputan los pequeños propietarios, detalla para Avispa Mídia el abogado Carlos González.
A pesar de las pruebas que ha ido sumando la defensa legal de este pueblo indígena, el pasado 11 agosto del 2023, el Magistrado Jorge Arturo Bernal Lastiri, del Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima, determinó ejecutar una “rectificación forzosa de límites” en favor de los pequeños propietarios. Esto implicaba la participación latente de la Guardia Nacional y el Ejército. Más 600 indígenas armados, de la guardia comunal, se movilizaron para resguardar su territorio. Posteriormente fue suspendida esta acción legal.
Los comunitarios nahua pidieron a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera su caso, pero decidió no atraer el litigio, dejándole a los comunitarios de Ostula el recurso de amparo directo para tratar de revertir la sentencia del juicio 78/2004 que reconocen como dueños de estas tierras a los pequeños propietarios. Este amparo directo es el 463/2023 que tendrá que resolver este mes de agosto el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito de Morelia, Michoacán.
Si el Tribunal falla a favor de Ostula, se ejecuta una “reposición del procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de Colima”, dice el abogado, lo que significa que el litigio reinicia su curso considerando la equidad y la justicia en la resolución del conflicto, permitiendo que todas las partes involucradas puedan presentar sus argumentos y pruebas bajo las condiciones legales apropiadas. En este caso, los comuneros buscan que se tomen en cuenta las medidas rectificadas.
Así que la defensa legal espera obtener un fallo a favor para volver a presentar elementos que derivan de la rectificación de medidas de las tierras indígenas. De obtener un resultado negativo, “ya no habría instancias nacionales. Tendríamos que recurrir a alguna instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aclara el abogado.
Las tierras en disputa
Las tierras en disputa son al menos 1,200 hectáreas del total de todo el territorio indígena que comprende al menos 19 mil 32 hectáreas. Son altamente productivas, donde se cultiva el tamarindo, plátano, diversos tipos de mango, coco y flor de jamaica, entre otros frutos. Estas tierras con abundante agua fueron recuperadas por los comunitarios en el año 2009 de las manos de personas vinculadas en su momento al cártel de los Caballeros Templarios.
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Para los indígenas es imborrable la memoria y, uno de ellos, que omite su nombre por seguridad, dice “esta zona era ocupada por el cártel de los Caballeros Templarios, como una base de operaciones. Por esta playa entraban lanchas a descargar drogas”.
La recuperación no ha sido fácil pues ha costado la vida de 40 comuneros y al menos seis desaparecidos. Esta comunidad es conocida como la Encargatura de San Diego Xayakalan, en memoria del comunero y profesor Diego Ramírez, quien fue una de las personas que inició con la defensa de estas tierras.
Hoy habitan al menos 70 familias y más de 100 niños indígenas que, desde que recuperaron esta parte de su territorio, han hecho vida. Muchos infantes han nacido acá, van a la escuela recién construida, a la iglesia y acompañan a sus padres al cultivo de árboles frutales.
Siempre están alertas con su Guardia Comunal conformada por personas elegidas en las 24 Encargaturas, similar a las agencias municipales. Son decenas de personas que se van rotando para dar seguridad las veinticuatro horas a Xayacalan y al resto de las comunidades.
No es para menos, pues lo comunitarios han denunciado un hostigamiento constante por “el Cártel de Jalisco”, principalmente en la Encargatura de la Cofradía, que fue brutalmente atacada con drones el pasado mes de julio. Así lo afirmaron en un comunicado.
Además, en esta Encargatura existen al menos dos concesiones mineras: la 223431 que pertenece a Ternium y la 217537 de Servicios Minero Metalúrgicos de Occidente, S.A. de C.V., juntas suman más de 2 mil 500 hectáreas que pretenden explotar.
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Solo en el municipio de Aquila, a donde pertenece Ostula, Ternium concentra más de 147 mil hectáreas de 17 concesiones vigentes. Pero en todo Aquila hay alrededor de 52 concesiones vigentes para explotar principalmente hierro, según información solicitada a la Secretaría de Economía.
