Entre los días 26 y 29 de julio se organizaron en Lima protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
En las movilizaciones participaron delegaciones de las regiones andinas donde hubo el asesinato de 49 personas, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras concretarse el golpe de Estado contra Pedro Castillo direccionado desde el Parlamento por la ultraderecha, en alianza con la oligarquía empresarial y las fuerzas militares-policiales.
Una consigna relevante fue la sanción penal para los responsables de las masacres en Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín. Desde los barrios populares de la capital se organizaron marchas hacia el centro de la ciudad, vigiladas por cientos de policías. Fueron detenidas cuatro personas.
Por un lado, se archivó la imputación de genocidio contra Boluarte, mientras que el 30 de julio la Fiscalía de la Nación denunció a la mandataria de homicidio calificado y lesiones graves contra las víctimas.
Las voces en defensa de los territorios, la agricultura y los guardianes de la Amazonía se escucharon en las marchas por la capital, en un contexto de arremetida de la megaminería en comunidades campesinas y de emergencia en los pueblos originarios por la violencia del crimen organizado y la desprotección del Estado.
En la capital hizo eco el rechazo a maniobras legislativas para controlar los órganos electorales. En los siguientes meses, el Congreso decidirá las contrarreformas constitucionales promovidas para dominar los órganos judiciales y el próximo proceso electoral, programado para 2026.
Las bancadas autoritarias, con el fujimorismo a la cabeza, impulsan la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar a jueces, fiscales y la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, pretenden modificar la elección de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE, y someter a procesos de antejuicio y juicio políticos a las autoridades electorales, lo que amenaza su autonomía.
En mayo la aprobación de Boluarte era del 5% y del Parlamento del 6%, de acuerdo a sondeos del Instituto de Estudios Peruanos.
Fotos: Fran Florián
