Solo diez medios de comunicación concentraron el 45.05% del presupuesto de publicidad oficial del gobierno de México en el año de 2023 y otros 414 medios agrupan el restante 54.95% del presupuesto, sumando un total de 2,559.83 millones de pesos.
Entre los principales beneficiarios de estos recursos se encuentran La Jornada, con el 9.46% del total, Televisa con el 9.09%, y Medios Masivos Mexicanos con el 8.02%. Juntos, estos tres medios sumaron 680 millones de pesos, lo que representa el 26.57% del total. Además, entre los diez principales medios que recibieron recursos del gobierno mexicano están TV Azteca, 4.18%, La B Grande, 3.89%, Organización Editorial Acuario, 2.47%, Compañía Editora del Mayab, 2.22%, Milenio Diario, 2.10%, Agencia Digital, 1.95%, Stereorey México, 1.66%.
Los gastos fueron reportados en el Sistema de Comunicación Social del gobierno y analizados por las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. “Uno de los temas centrales [de las promesas de Andrés Manuel López Obrador] era la regulación de la publicidad oficial, un recurso utilizado históricamente por los gobiernos para influir en la línea editorial de los medios de comunicación”, sostienen en un informe.
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Sin embargo, “los avances en la regulación de la publicidad oficial han sido mínimos. El presupuesto destinado a este rubro se redujo, pero la falta de un marco regulatorio robusto ha permitido que la distribución siga siendo discrecional (…), lo que perpetúa el riesgo de que estos recursos se utilicen para premiar o castigar a medios de comunicación según su cobertura de las actividades gubernamentales”.
En relación a las dependencias de gobierno, 112 gastaron publicidad oficial. Diez de ellas gastaron el 80.51% (2,060 millones). El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron las dependencias que más gastaron en publicidad oficial, acumulando en conjunto 1,452 millones de pesos, lo que representa el 56.73% del total.
El sexenio
Casi a punto de cerrar su sexenio, a finales de septiembre, la concentración de recursos en pocos medios y falta de criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de recursos fueron la tendencia de todo el periodo el cual gobernó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señalan las organizaciones.
Entre 2019 y 2023, 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. Diez de ellos concentraron el 48.57% de los recursos, mientras que los 911 medios restantes se repartieron el 51.43%.
Televisa, La Jornada, y TV Azteca son nuevamente los medios que concentran la mayor parte de la publicidad oficial. Televisa recibió el 10.43% del total, La Jornada el 9%, y TV Azteca el 8.71%. Juntos, estos tres medios acumularon 4,079 millones de pesos, lo que representa el 28.13% del presupuesto total destinado a publicidad oficial.
Lo que es cierto es que los recursos destinados a la publicidad oficial se redujeron en relación al gobierno de Enrique Peña Nieto, el antecesor de AMLO. Fueron ejercidos un total de 14,500.39 millones de pesos en el último sexenio, lo que representa una diferencia de 78.70% respecto del gobierno de Enrique Peña Nieto, en sus primeros cinco años de gobierno, con 68,079 millones de pesos.
Falta de control
Las organizaciones destacan que uno de los principales problemas es la ausencia de una ley que regule de manera integral la publicidad oficial. “Aunque en 2018 se aprobó la Ley General de Comunicación Social (LGCS), ésta ha sido ampliamente criticada por su ineficacia para garantizar la equidad y la transparencia. Esta ley ha sido calificada como un esfuerzo insuficiente para controlar el uso de recursos públicos en este ámbito, y permite que el gobierno mantenga un control considerable sobre la prensa a través de la distribución de contratos de publicidad”, resaltan.
Sin embargo, tras años de un proceso jurídico, iniciado en 2019, Artículo 19 logró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 8 de septiembre de 2021, que ordena al Congreso de la Unión reformar la ley para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. El Poder Legislativo tiene hasta septiembre de este año para llevar acabo la reforma.
