En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre.
Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial.
Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador.
“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó.
Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.
Por ejemplo, sigue la voluntad de mantener las facultades del control migratorio en la Guardia Nacional, la colaboración no oficial con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y esto provocará contextos de mucha violencia, lamentó Vidal.
Propuesta civil
Redes, organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensoras, que acompañan a la población en situación de movilidad humana en México, lanzaron la iniciativa “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024-2030”, dirigida a las personas al frente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de esta nueva administración, y al sector privado.
La idea es generar un consenso para construir políticas y medidas en materia de migración y asilo que se centren en la protección y garantía de derechos y no en la contención de la migración. El documento de 53 páginas busca colocar en la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y mexicanas residentes en el extranjero.
Los ejes van desde la construcción de una política de integración sostenible mediante la cual los derechos de las personas en contextos de movilidad sean respetados, protegidos y garantizados; el fortalecimiento del sistema de asilo; la atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad; la eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias y alternativas a la detención.
Además de la prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad; la desmilitarización del control migratorio, la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; la transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo, y atención integral a la violencia basada en género.
El fortalecimiento de la política exterior en materia de migración y asilo, así como de acciones binacionales para avanzar hacia la garantía y el respeto de los derechos de las personas mexicanas en el exterior y en situación de retorno en México; y, por último, el reconocimiento del cambio climático y de los desastres como causa estructural e irreversible de la movilidad forzada.
Lo anterior se integra a un programa urgente para atender y entender el contexto actual, donde las violaciones de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana son la regla y no la excepción. Por ello, en los 11 ejes se incluyen recomendaciones para que sean implementadas en la nueva legislatura del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.
La justicia, un reto
La citada iniciativa fue presentada después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunciara que el nuevo comisionado del INM será el actual gobernador interino de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
El poblano y ahora morenista es conocido por haber iniciado su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI); en el 2014 apoyó reformas como la polémica Ley Bala que establecía el uso legítimo de la fuerza por parte de policías y que más tarde fue derogada.
“Él antes era empresario, después entra a la política por azares del destino y acaba en la gubernatura de Puebla”, dijo el representante del Frayma cuestionando la experiencia de Céspedes en materia de movilidad humana y protección internacional. Aunado a que Puebla no cuenta con oficinas de la Comar [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados].
Al parecer se trata de un nombramiento que obedece a aparatos políticos dentro de Morena, para ser un “administradormás del INM”, agregó Vidal.
“Seguimos en una situación particularmente compleja, como para poner a una persona que no tiene una experiencia acreditada en la materia, cuando somos un país que por su dinámica migratoria tiene muchos otros perfiles de dónde escoger, por así decirlo”, consideró el defensor.
El nuevo Comisionado del Instituto Nacional de Migración enfrentará retos y las consecuencias de decisiones que se tomaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la facultad que por primera vez se le otorgó a una corporación policiaca de corte militar en el control migratorio.
En este tiempo, las organizaciones documentaron masacres, asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos cuyas recomendaciones aún no han sido atendidas. Además de un aumento en la violencia sexual ejercida sobre todo contra mujeres adolescentes migrantes y del tráfico de personas por parte de los cárteles.
Por otro lado, y también generador de violencias, está la corrupción de alto nivel en el interior del INM y la vinculación con las grandes estructuras del crimen organizado sobre todo en la frontera sur de México. La situación ha sido denunciada públicamente por el defensor de derechos humanos Luis García Villagrán que ha dado cuenta de los cobros excesivos de los trámites migratorios que por ley son gratuitos.
No hubo transformación
El 8 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum anunció al nuevo comisionado del INM, también dijo que la investigación contra el actual titular, Francisco Garduño Yáñez, continúa, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha encontrado nada en su contra.
Yáñez enfrenta un proceso judicial por la muerte de 40 personas por el incendio al interior de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023. Pese a la gravedad del hecho nunca fue retirado del cargo.
La Fundación para la Justicia que acompaña el caso del incendio explicó que tras los hechos era necesario que Yáñez se retirara del INM, porque la investigación sigue en curso y se busca objetividad tanto de las instituciones de migración como de procuración de justicia.
“Ahora se espera que el juicio que sigue tenga el objetivo de llegar a esclarecer lo que pasó en la estación migratoria, con todas responsabilidades”, dijo Yesenia Valdez del área de Defensa Integral de la Fundación.
Después de un año del incendio, de acuerdo a Enrique Vidal, el caso es un claro ejemplo de que el acceso a la justicia que tienen las personas migrantes es nulo en México y de la deplorable gestión que ha tenido Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República.
“Este tipo de hechos con graves violaciones a derechos humanos siguen sin avanzar. Al ser corporaciones tan verticales se debe reconocer la cadena de mandos y la responsabilidad de, al menos, por omisión o por negligencia”, explicó Yesenia Valdez.
De acuerdo a la documentación de las organizaciones aquí mencionadas, la negación u omisión de responsabilidades ocurre o se repite cuando algún elemento del Ejército mexicano o la Guardia Nacional comete algún delito contra migrantes.
“No son hechos aislados y no son hechos que suceden de la nada, sino que son propicios a partir de un contexto mismo en donde se faculta la portación de armas para control migratorio y donde se faculta a los funcionarios públicos a tener a personas en privación de libertad como en el caso de Juárez”, agregó Enrique Vidal.
Por ello, otro de los grandes pendientes en el INM es la capacitación desde los derechos humanos en todo el sistema operativo que tiene contacto con las personas en movilidad, para evitar el constante maltrato.
Yesenia Valdez recordó que después del incendio hubo recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del INM y se realizaron algunos cambios que se centraron en modificar la imagen de las estaciones migratorias, cuando en la realidad necesita un cambio en el trato a las y los migrantes.
¿Qué gente y con qué formación cuentan los elementos que realizan los operativos?, cuestionó, “parece que la reacción es tratar a cualquier persona como enemigo, no están capacitados para tratar a personas en movilidad (...), seguimos siendo un país que violenta a los migrantes y se ha vuelto muy inseguro para cualquier persona que quiera cruzar o llegar a los Estados Unidos, ya no solo por la delincuencia organizada sino por los elementos de seguridad y el propio Ejército”, lamentó la representante de Fundación para la Justicia.
Otro de los casos más graves de la administración de Yáñez sucedió el 22 de enero de 2021 con la masacre de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas. Después de tres años, la FGR no ha determinado consignar la carpeta de investigación y no hay un solo detenido o procesado, aunque se conocen los nombres de los probables responsables.
Yáñez llegó al INM en junio de 2019, cuando México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en Chiapas y el despliegue de la Guardia Nacional en las márgenes del río Suchiate.
En la iniciativa de los “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024-2030”, señalan que de los 32 titulares de las oficinas de representación del INM [que tienen la función de realizar los trámites migratorios], 15 tienen formación militar, lo cual equivale al 43.7%.
Crimen y defensores
La pasada administración dejó a las organizaciones de la sociedad civil y defensores fuera del diálogo sobre el tema migratorio, su labor no es reconocida y padecen violencia directa por el acompañamiento de personas en movilidad.
“Nos exponemos a una realidad muy fuerte”, dijo Enrique Vidal al señalar que el control territorial, económico y social que el crimen organizado ha tenido en la frontera sur de México los vulnera.
“Disminuye el costo político del Estado porque ya no es el Estado represor, sino que existe permisividad por parte del Estado para que el crimen organizado pueda tener estos niveles de control”, lamentó.
Esta situación de violencia ya ha cobrado víctimas, una de ellas es Luis García Villagrán. Luego de años de acompañar a personas migrantes y denunciar públicamente todas las irregularidades del gobierno federal en el contexto migratorio, las amenazas por su labor incrementaron.
“Me secuestraron junto con mi esposa por la zona de Tecpatán (Chiapas). Le pagaron 3 millones al cártel de Sinaloa para matarme. Me lo dijeron abiertamente y me dieron un año para salir de Chiapas”, dijo el defensor para Avispa Mídia.
Villagrán comentó haber perdido la confianza en FGR o la Fiscalía de Chiapas, pues en su momento fue perseguido y difamado por sus elementos. “No es que no crea en las instituciones, pero, primero, el Estado me quiso matar en un atentado; segundo, inició una investigación contra mí y, tercero, el Estado mexicano y el Cártel de Sinaloa son los mismos”, dijo.
Al no poder realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades, se irá de Chiapas con apoyo de organizaciones que protegen la integridad de periodistas y defensores. En esta ocasión las amenazas también fueron directas contra su familia.
“Así le hicieron a Irineo Mujica, a Ramón Verdugo (perseguidos y amenazados), al padre Marcelo (asesinado), todos defensores de DDHH en Chiapas, y a Ricardo Lagunes que está desaparecido. Así les hicieron a todos, es una estrategia de los poderes fácticos para primero poner en duda la credibilidad del activista o del defensor que señala cosas muy precisas de corrupción y con el odio de la sociedad justifican un encarcelamiento, una desaparición, un asesinato”, precisó Villagrán.
¿Y la Comar?
En este contexto, tampoco hay claridad sobre la persona que será titular en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que desde el 1 de octubre se encuentra sin un responsable. Sin embargo, para las organizaciones es importante que la Comisión mantenga una autonomía de gestión como órgano desconcentrado.
Si la Comar pasa a ser parte de la Secretaría de Gobernación, los criterios de protección internacional estarían sujetos a la política interior mexicana y no de acuerdo a criterios técnicos de protección internacional de los marcos respectivos, explicó Enrique Vidal a propósito de la salida Andrés Ramírez como titular de la Comar, desde el pasado 30 de septiembre.
A más de un mes, no hay nombramiento del nuevo titular de la Comar lo que hace dudar a las organizaciones sobre la situación de la Comisión, que se encarga de atender, proteger, brindar asistencia, entre otros servicios, a las personas que necesitan protección internacional.
La Comar se ha visto rebasada en los últimos años con el ingreso de miles de personas migrantes en la frontera sur de México. Por mencionar un ejemplo, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, solo en el 2023, 140,812 personas presentaron una solicitud de asilo, y se registraron 778,907 eventos de detención migratoria.
Hasta ahora la información desde la presidencia es la posible reducción de presupuesto para Comar y el INM.
