Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí - quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas - se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores -también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
Por su parte, Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, ante el anuncio de las autoridades aseveró que el cierre de la acción penal es producto de la lucha social. “Si nosotros no hubiéramos seguido yendo a la fiscalía, a días de haber sido golpeados, de haber sido torturados por policías, con esguinces, con contusiones, ellos hubieran seguido con esta carpeta. Este caso expresa la magnitud de la criminalización a la lucha social que el gobierno está dispuesto a usar contra los defensores del territorio”, sostuvo Castillo.
Pese a que miembros de organizaciones sociales celebraron el anuncio que detiene la criminalización de los activistas, también aseguraron que aún está pendiente el seguimiento a las denuncias presentadas por las agresiones, tortura sexual y robo que elementos policiacos cometieron contra las y los manifestantes.
Reparación
Para el activista Diego García los actos de represión de septiembre pasado son parte de un proceso contra la lucha social de colectivos y organizaciones en la CDMX, donde el uso del Cuerpo de Granaderos -elementos antimotínes, cuya extinción fue anunciada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2018-, continúa “operando con plena impunidad, sigue haciendo uso excesivo de la fuerza pública”.
En un breve mensaje tras la audiencia, García aseveró que aún queda pendiente el castigo a los funcionarios por su acto de omisión ante las agresiónes contra los manifestantes llevadas a cabo por “el grupo de choque comandado desde la alcaldía de Xochimilco”, y también por la brutalidad policiaca que se ejecutó horas más tarde en la alcaldía Tlalpan, a donde fueron trasladados los manifestantes heridos y detenidos en Xochimilco.
“Exigimos también se esclarezca lo que tiene que ver con el grupo de choque: ¿quién lo comandó?, ¿de parte de quién llegaron?, ¿quién los financió y quién dio la orden?, eso no puede quedar impune”, reclamó García.
La joven Mayahuel, miembro de Radio Zapote, enfatizó que pese al cierre de las investigaciones contra los activistas, los servidores públicos responsables continúan impunes, lo que representa un peligro para quienes se manifiestan por la defensa del territorio al sur de la ciudad. “El coordinador de seguridad, que fue quien dio la orden para que se retirara la policía de Xochimilco, Darío Corrales, sigue todavía trabajando para la alcaldía”, denunció sobre el funcionario que permitió la operación del grupo de choque.
Además, entre las demandas de reparación, Diego García compartió que están exigiendo el seguimiento a las denuncias por robo, ya que los elementos policiacos sustrajeron cámaras, celulares y equipo de comunicación de integrantes de medios independientes y alternativos quienes acudieron a la alcaldía de Tlalpan para coberturar la represión.
Karen Castillo puntualizó que documentaron el monto de los equipos robados, a más de cinco medios y periodistas, el cual asciende a 200 mil pesos, ante lo cual presentaron denuncias ante la Fiscalía de Asuntos Especiales.
Castillo, quien también fue agredida, resalto que darán seguimiento a las denuncias interpuestas por la violencia de los elementos policiacos quienes cometieron actos transfóbicos, insultos racistas y, contra las mujeres, desnudos forzados que constituyeron actos de tortura sexual.
