La restricción en el Perú de organismos genéticamente modificados (OGM) en el sector agrícola, regulado por la Ley 28911, fue un logro de las organizaciones de agricultores en defensa de la biodiversidad obtenido en 2011 y prorrogado en 2021.
La norma establece la moratoria que impide el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente.
“La ley tiene por finalidad fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM”, señala en su segundo artículo la ley.
Sin embargo, un proyecto de ley busca levantar la moratoria y permitir la producción del maíz y algodón transgénico en el Perú. La iniciativa, presentada por parlamentarios de partidos políticos conservadores, en 2024, es respaldada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Ministerio de Agricultura, con el argumento de atender dificultades de la pequeña y mediana agricultura. Se pretende que el proyecto sea debatido próximamente por el pleno del Congreso.
El maíz es el cultivo más importante en extensión para el Perú, con alrededor de 520 mil hectáreas. Se siembran sobre todo dos variedades, el maíz amarillo duro y el amiláceo, de los que dependen directamente unas 82 mil familias. El primero se destina en su mayoría a la alimentación de pollos, cuya carne es la de mayor consumo en el país.
La propuesta pone en peligro, precisamente, la agricultura familiar, a los pequeños productores, que en el Perú representan el 97% del total de unidades agropecuarias. La seguridad alimentaria del país es resguardada por 2,5 millones de agricultores familiares, quienes proveen hasta un 60% de los alimentos de consumo nacional.
“Los transgénicos crean un modelo altamente industrial, no para el consumo humano, es una falacia, sobre todo es para crianza de animales, para la ganadería industrial, no sabemos si es ignorancia o nos quieren engañar cuando dicen que es para combatir el hambre”, declaró para Avispa Mídia el presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), Eusebio Vásquez.
En ese sentido, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) advierte que el uso de transgénicos compromete los derechos, ingresos y alimentación de los agricultores.
"Las semillas transgénicas promueven el monocultivo, afectando los medios de vida y sustento de los agricultores, principalmente aquellos que abastecen los mercados locales; afectan la disponibilidad de alimentos diversos para el consumo humano, que son la base para tener y promover una alimentación variada y buena”, añade la organización.
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Semillas nativas contra modelo devastador
El dirigente de los productores ecológicos señala el peligro de que se generen condiciones de dependencia de las semillas modificadas.
“Promovemos el uso de semillas nativas, el cuidado de la biodiversidad. Los transgénicos se venden en paquete, con su activador y pesticidas, los insumos se multiplican. No es como la semilla nativa. Aunque no cultives en un terreno, por los vientos, la polinización el maíz, la papa serán alteradas y podrían exigir pagos por el uso de semillas a los agricultores”, observa el especialista en agroecología.
En el campo peruano, el 80% de agricultores utiliza sus propias semillas, año tras año cuidadas, seleccionadas. Las semillas nativas aportan casi la totalidad de la producción agraria.
"Podrían afectar los derechos colectivos a la autonomía, acceso a semillas viables como recursos renovables de nuestra biodiversidad; libre intercambio de semillas; pérdida de oportunidades en biocomercio por la existencia de patentes basadas en recursos de nuestra biodiversidad vía biopiratería; salud humana, problemas de acceso a la distribución de beneficios derivados del uso de diversidad nativa”, observa Conveagro.
Las organizaciones de agricultores indican que las "verdaderas prioridades de la agricultura familiar son la falta de asistencia técnica, tecnificación del riego, conectividad, seguridad jurídica, acceso a créditos y a mercados con precios justos".
A su vez, promueven una ley que proteje las semillas nativas, como medida para reforzar la lucha contra el modelo de agricultura transgénica impulsado desde los poderes del Estado.
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La región
En América del Sur, de un lado, el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile tienen restricciones a las plantaciones de OGM.
De otro lado, Brasil y Argentina son el segundo y tercer productor de cultivos transgénicos en el mundo, después de Estados Unidos. En producción de soya modificada, Brasil desplazó a Estados Unidos en el primer lugar.
En Argentina más de la mitad de territorios cultivables está cubierta de soya transgénica, la que principalmente se exporta a China para alimentación de animales y fabricación de ultraprocesados.
Entre Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil conforman un corredor de la soya que abarca 94 millones de hectáreas, según un informe de Acción por la Diversidad publicado en 2020.
Para el tratamiento de los cultivos en los cinco países en conjunto se emplean cada año 1.500 millones de toneladas de agrotóxicos, entre ellos el glifosato.
El desastre ocasionado en los territorios fumigados, suelos, fuentes de agua, salud y medio ambiente en estos países es una advertencia para la región.
Por mencionar una consecuencia en la salud pública, en las localidades argentinas fumigadas con estos pesticidas la mortandad por cáncer en la población joven es 2,5 veces mayor que en el resto del país, de acuerdo a un estudio del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, publicado en 2023.
