Como en la Segunda Guerra Mundial o como en Vietnam, el napalm estadounidense quemó los cuerpos de cientos de indígenas en Brasil, en pueblos que no tenían ni ejército ni armas; el objetivo era ocupar sus tierras. Los pueblos indígenas de este país fueron quienes más sufrieron las atrocidades de la dictadura militar (1964-1985), apoyada por los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de Brasil, la Comisión Nacional de la Verdad, creada por el Gobierno Federal en el año 2012 para investigar los crímenes políticos cometidos por el Estado durante la dictadura militar, presenta las cifras de indígenas asesinados que pueden ser 20 veces más, que los militantes de izquierda registrados hasta el momento de forma oficial.
A diferencia de lo ocurrido con otras víctimas de crímenes de Estado de esa época, los indígenas no han recibido ningún tipo de reparación o indemnización por los hechos; ni siquiera eran considerados víctimas del régimen militar. «Desde el norte al sur y de este a oeste, se registraron [con las Comisiones estatales de la Verdad] las acusaciones de genocidio, asesinato de líderes y defensores de los derechos de los indígenas, esclavitud, masacres, envenenamiento de las aldeas, desalojos forzosos, represión, prisiones secretas para indígenas, bombardeos a las aldeas, tortura y trato denigrante», explica Marcelo Zelic, vicepresidente del Grupo Tortura Nunca Mais-SP, una de las organizaciones que componen la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia, creada para proporcionar documentos e información a la Comisión Nacional de la Verdad.
El jefe guaraní Timoteo Popyguá, de la comunidad El dorado, estado de São Paulo, relata que sus padres y abuelos, que vivían en un municipio de la región de Manguerinha, en el estado de Paraná al sur de Brasil, fueron víctimas del régimen militar. Popyguá relata que su familia fue desalojada de sus tierras y que los que consiguieron quedarse sufrieron la reducción drástica de su territorio y eso, para él, es una forma de violencia hacia los pueblos que tienen una «cultura de vida en amplitud». «Mis padres fueron víctimas de abusos, encadenados en los troncos. La razón era la tierra», dijo. «Tiene que haber una reparación por la pérdida de nuestro territorio y de nuestra cultura».
Actualmente, los documentos oficiales producidos por la Comisión de Amnistía –órgano distinto a la Comisión de la Verdad–, instalada en 2001 por el Ministerio de Justicia con el fin de analizar los requerimientos de amnistía política; enumera 457 víctimas de los militares, asesinados o desaparecidos. Pero la suma de los casos que podrían ser determinados por la Comisión de la Verdad, registran ocho mil indígenas asesinados entre 1964 y 1985 y se registra que otras mil personas pertenecientes a organizaciones políticas también corrieron la misma suerte.
«Para los indígenas afectados por la dictadura militar cabe la reparación. Una reparación del mismo modo que se hizo con los familiares de los asesinados y desaparecidos de las organizaciones políticas o como se dio a los presos políticos. Debe ser constituida una legislación para la reparación colectiva de estos pueblos. Se deben de demarcar sus tierras como señal de respeto a estos pueblos y contra todas las violencias que ellos siguen sufriendo hoy en día», argumenta Zelic.
Los números presentados –alerta Zelic– no engloban la totalidad de los casos ocurridos durante el período militar, por lo que deben ser entendidos como un número parcial, ya que los datos oficiales sobre las poblaciones indígenas están mal definidos y los militares alegan que muchos documentos fueron destruidos. Los datos más fiables se obtuvieron en estudios de campo llevados a cabo por investigadores, antropólogos e indigenistas.
«De hecho, la discusión no debe girar en torno al número de muertos, porque es una cuenta absolutamente imposible de hacer con precisión, ya que la mayoría de los pueblos no tiene siquiera un censo de población. Lo que tenemos que discutir es la acción del Estado en su proceso de desarrollo y cómo este proceso ha afectado a los pueblos indígenas. Y estos procesos tienen lugar a partir de 1940 y se extienden con las políticas de desarrollo llevadas a cabo hasta el día de hoy por el Estado. La reparación incluye también el cambio de conducta del Estado», defiende Zelic.
Dan Mitrione: «El maestro de la tortura» en tierras brasileñas
Fue la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) la que creo en el estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, dos prisiones para indígenas, bajo la responsabilidad de la Policía Militar de ese estado. Uno era Krenak, en el municipio de Resplandor, y el otro se llamaba Fazenda Guaraní, en Carmesia.
Las prisiones eran como campos de concentración, a donde fueron enviados los nativos de varios estados de Brasil considerados por el Estado como peligrosos. Los obligaron a un régimen de trabajo forzado y fueron colocados en prisiones individuales, aislados unos de otros. Fueron sometidos a palizas y torturas. Aunado a esto, existían las prisiones clandestinas en todo el país, inclusive algunas fueron construidas en territorio indígena.
Además, en 1969 el Estado creó la Guardia Rural Indígena (GRI), un auxiliar para reprimir y contener el descontento en las aldeas indígenas. Reclutaron indígenas que fueron sometidos a tres meses de entrenamiento con el Batallón Escuela de la Policía Militar de Minas Gerais.
Un documento realizado por la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia, titulado Comisión Nacional de la Verdad y los Pueblos Indígenas: a un paso de la omisión, plantea la siguiente pregunta: ¿quiénes son los militares que trabajaron con los indígenas durante los tres meses? Los realizadores de dicho documento, a través de una serie de investigaciones en archivos oficiales, llegaron a la figura de Dan Mitrione, «El Maestro de la Tortura».
Daniel A. Mitrione, agente de la CIA, fue enviado por los Estados Unidos en la década de los 60’s, para entrenar a la policía de América Latina, principalmente a los policías de la dictadura brasileña y a los uruguayos en el «arte» del interrogatorio, la tortura y la represión de los movimientos sociales revolucionarios. Mitrione llegó por parte de la Oficina de Seguridad Pública de la Agencia de Estados Unidos para El Desarrollo Internacional (USAID).
En su estancia en Brasil, Mitrione entrenó a la Policía Militar del estado de Minas Gerais, responsable de las prisiones hechas para los indígenas y de la formación de la Guardia Rural Indígena. «La exhibición de un extracto de una película hecha por el fotógrafo alemán Jesko PUTKAMER, encontrada por Marcelo Zelic, muestra un desfile de uniformados de la GRI, aplaudidos por los presentes en ese momento, incluidos los militares, en el que dos indígenas sostienen a un prisionero en un “pau de arara” (técnica difundida por la CIA), como evidencia de las técnicas represivas aprendidas por el Guardia Rural Indígena», dice el informe.
El documento también destaca la información contenida en el libro Hidden Face of Terror, de AJ Lagguth, para contextualizar el origen de la presencia de Dan Mitrione en Brasil y cómo la creación de la Guardia Rural Indígena y el Reformatorio Krenak se relacionan con el hecho.
«A principios de la década de 1960, los Estados Unidos estaban más convencidos que nunca de que sus técnicos –ingenieros, agrónomos, la policía– eran detentores de conocimientos vitales que deberían ser transmitidos a las naciones menos progresistas del mundo. En Washington, Byron Engle estaba a cargo de la organización de un equipo de trabajo capaz de entrenar a la policía de Asia, África, y especialmente en América Latina», dice el informe de la Comisión Nacional Indígena de la Verdad y la Justicia, y concluye: «Por ahí viene Dan Mitrione. La creación de la Guardia Rural Indígena es la réplica del curso que dio a la policía de Minas Gerais».
En el año 2006, el historiador Carlos Fico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), descubrió documentos en un archivo en Washington, que confirmaban la participación de los Estados Unidos en el golpe militar que sufrió el pueblo de Brasil en 1964. Uno de los documentos se titula Un plan de contingencia para Brasil y fue elaborado con ayuda de Lincoln Gordon, embajador durante el golpe. EEUU ayudó a los golpistas a hacer frente a lo que llamó «una intervención comunista». El Departamento de Estado de este país bautizó a la operación con el nombre de Brother Sam.
A esto se suma una denuncia realizada en el año 1997 por el grupo brasileño de derechos humanos Tortura Nunca Mais, el cual documentó que por lo menos 20 militares fueron graduados de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos (SOA por sus siglas en inglés) y mejor conocida como la escuela de la tortura. El grupo sostuvo que por lo menos dos instructores de la SOA estuvieron relacionados directamente con la represión y las violaciones de derechos humanos, incluyendo encarcelamientos falsos y torturas por métodos tales como la picana eléctrica, la asfixia y la inyección del «suero de la verdad».
Intereses económicos de la dictadura
Después del golpe militar que se produjo en 1964, miles de hectáreas de tierras indígenas quedaron en manos de grupos económicos. Así lo revela un documento publicado por la Asociación de Ex Presos Políticos Antifascistas, enviado al II Tribunal Penal Internacional Bertrand Russell en 1974 a Roma y Bruselas, y firmado por un grupo de antropólogos que no revelaron su identidad dada la persecución que sufrieron en el momento.
En 1970 se inicia el movimiento real de la ocupación de tierras adquiridas por los grupos económicos en años anteriores, estimulados por los organismos internacionales de crédito, afirma la denuncia. El Banco Mundial destinó, a partir de 1970, 40 millones de dólares para financiar las inversiones en la ganadería en el país. El gobierno federal estableció incentivos fiscales: 50% de exención del impuesto sobre la renta y otras instalaciones para los que se dedican a invertir en la Amazonia. Además de eso, estaba a cargo de la infraestructura y la creación del Plan de Integración Nacional (PIN) para la construcción de un sistema de carreteras.
«Para los numerosos indígenas habitantes de una extensa región y que inevitablemente serían alcanzados por el frente de la expansión, fue definida una actuación que la presidencia de la FUNAI traduce de la siguiente manera en la Orden n.01/N, de 25/01/1971: La asistencia hacia los indígenas, que debe ser lo más completa posible, no pretende y no puede obstruir el desarrollo nacional o los ejes de incursión para la integración de la Amazonia», dice el documento.
«Todo el proceso de las prisiones indígenas y el campo de concentración étnica está vinculado a la liberación de la tierra para los dueños de las haciendas. El militarismo llegó junto con la implementación de los agronegocios, con la política de integración nacional y también industrial, como fue el caso de la aplicación de Aracruz Celulosa, en el estado de Espírito Santo», dijo Benedito Prezia, de la Pastoral Indígena de Sao Paulo.
Contacto de muerte
La denuncia enviada al II Tribunal Bertrand Russell, en 1974, relata los casos de un sinnúmero de grupos étnicos de la Amazonia que fueron diezmados o sufrieron las consecuencias de la política de desarrollo del gobierno brasileño. También informa sobre las tácticas utilizadas por las empresas y por la FUNAI en una perspectiva de «pacificación» de los nativos.
En 1970, por ejemplo, se establece el primer contacto con un grupo de Paracanãs en valle del río Pacajás, en el norte de Brasil. United States Steel, monopolio estadounidense del acero, había acabado de obtener, en sociedad con la compañía estatal Vale do Rio Doce, la concesión para explotar los yacimientos de hierro en esta área. «No es de extrañar el interés mostrado por United States Steel en la “pacificación” de Paracanã. Dio intenso apoyo a la expedición de la FUNAI, y un helicóptero descendió en un claro abierto por los taladores de bosques en tierras indígenas».
En el helicóptero viajaban agentes de la FUNAI y un director de la empresa. «Cuando los Paracanã llegaron al encuentro, había 25 personas, tres de los cuales estaban con gripe. Antes de pasar seis meses del encuentro, 40 indígenas habían muerto a causa de la gripe». Después de este primer contacto, otras enfermedades se han identificado en los indígenas, como las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis.
Otro caso citado por el documento que identifica la acción directa de las empresas que entraron en contacto con los nativos, es sobre la etnia Tembes, situada entre la frontera de los estados de Pará y Maranhão. «Ellos se sentían seguros con el avance de la expansión económica, ya que tenían en sus manos el título de su territorio. No obstante, la FUNAI respaldó a King Ranch, una gran empresa agrícola estadounidense, certificando que no existían indígenas en la región [Este era un documento exigido por la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM) para autorizar proyectos favorecidos por incentivos fiscales]». Inmediatamente después, la compañía comenzó a pedir, junto al gobierno de Pará, la anulación de la posesión del título de las tierras de la etnia Tembe.
Zelic, en su testimonio ante la Comisión de la Verdad, retoma como ejemplo otro caso, el exterminio de dos aldeas Pataxó en el estado de Bahía, noreste de Brasil, con el objetivo de tomar sus tierras para la implantación de haciendas de cacao y la cría de ganado. Para asesinar a los indígenas utilizaron el método la inoculación intencional del virus de la viruela.
Más empresas involucradas
Según el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y los pueblos indígenas: a un paso de la omisión, por los menos las siguientes empresas fueron beneficiadas con el proyecto del régimen militar de ocupación de la Amazonia. Éstas son: Swift, AndersonClayton, Volkswagen, Goodyear, Nestlé, Mitsubishi, Mappin, Bordon, Ludwig, Codeara, Camargo Correa, Bradesco, Bamerindus.
Uso de napalm
El primer informe de la Comisión Estatal de la Verdad de Amazonas, titulado «El genocidio del pueblo con derecho Wiamiri Atroari», describe la táctica de «redadas», expediciones de matanza de indígenas que ocurrieron hasta finales de la década de los 70’s, especialmente en los estados del norte, Amazonas y Acre. «Muchos de los episodios de “redadas” contaron con la participación directa de los funcionarios públicos», afirma el documento.
Una de las tácticas empleadas fue el uso de napalm. En su testimonio ante la Comisión de la Verdad de Sao Paulo, la periodista Memélia Moreira, quien cubrió durante el régimen militar el genocidio perpetrado por el Estado a los pueblos indígenas, dijo que en una de sus coberturas en el territorio Wiamiri-Atroari –que estaba en la ruta de la construcción la carretera BR-174, entre 1967 y 1977–, encontró evidencia de la utilización de napalm.
«Ví, la recogí y guardé una cápsula de Napalm», relató la periodista que fue ponente del IV Tribunal Bertrand Russell, en 1980 en Holanda, durante la cual Brasil fue declarado culpable de violación de los derechos humanos. «Ellos fueron bombardeados por lo menos dos veces en 1975 y 1976. Muchas de las veces, los indígenas, que no hablaban muy bien el portugués, querían referirse a la muerte, señalando en dirección al cielo».
El napalm es una sustancia gelatinosa que contiene ácido napténico y palmítico mezclado con éter de petróleo o un combustible similar, puede alcanzar temperaturas de inflamación entre los 800 y 1,200 grados centígrados (1,500 2,200 Fh). Cuando cae sobre las personas, la gelatina se pega a la piel, el pelo y la ropa causando quemaduras severas hasta llegar a los huesos. El napalm fue desarrollado en 1943, en un laboratorio secreto en la Universidad de Harvard, Massachusetts, por un equipo dirigido por el químico Louis Fieser. Fue utilizado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y de forma masiva en Vietnam.
Egydio Schwade, teólogo y coordinador de la Comisión de la Verdad en la Amazonia, que en la época de la construcción de la BR-174 fue secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), denuncia que al menos 2,000 indígenas Wiamiri Atroari murieron durante el periodo de la construcción de la autopista. «Padres, madres y niños murieron, aldeas destruidas por el fuego y por las bombas. La gente resistía y corría por el bosque en búsqueda de refugio en las aldeas vecinas. Ésta fue la geografía política y vivencial experimentada por los pueblos desde el inicio de la construcción de la BR-174», dice el informe de la Comisión de la Verdad en la Amazonia.
Schwade trabajó con proyectos indígenas en la educación, utilizando el método de Paulo Freire, a mediados de 1980. El exterminio siempre apareció en diferentes formas de expresión del pueblo Wiamiri Atroari. «Con los primeros dibujos y cartas que se elaboraron con dicho método, proyectaron las armas que Kamna –así le llamaban a los blancos– utilizó para asesinarlos. Aviones, helicópteros, bombas, armas de fuego, los cables eléctricos y las enfermedades extrañas. Comunidades enteras desaparecieron después de que los helicópteros militares sobrevolaban o aterrizaban en sus aldeas», aporta el informe.
La aparición del napalm también fue relatada al teólogo por los nativos. En junio de 1985, sentado en la calzada frente al edificio de la FUNAI en Brasilia, en compañía de dos Waimiri Atroari, uno de ellos le preguntó al profesor Egydio Schwade: «¿Qué es lo que el hombre civilizado hecha del avión que quema el cuerpo de la gente?» Y se esforzó en explicar un hecho que ocurrió en un pueblo donde vivió gran parte de su familia.
Ya durante la construcción de la BR -174, de acuerdo con el documento, las empresas mineras solicitaron y obtuvieron permisos que autorizaban la minería en tierras Wamiri-Atroari. Con la finalización de la BR-174, la empresa Paranapanema se apresuró a iniciar actividades en la zona. En 1979, el grupo invadió el territorio indígena y luego «conquistó la ley» mediante funcionarios y servidores corruptos de la FUNAI y el Ministerio de Minas y Energía. En 1981, el Presidente de la República, João Figueiredo, fragmentó la parte este de las Tierras Indígenas Wiamiri-Atroari. En 1982, la FUNAI concedió la autorización para la construcción de una carretera de acceso a las minas de la empresa Paranapanema en tierras indígenas Wiamiri-Atroari.
Comisión Nacional de la Verdad
La Comisión Nacional de la Verdad asume los crímenes contra los pueblos indígenas como uno de sus 13 ejes. El informe final debe ser entregado a la recién reelegida presidenta Dilma Rousseff el día 10 de diciembre de 2014. Los trabajos de investigación de la comisión deben generar recomendaciones al gobierno brasileño para la reparación integral del daño a las víctimas del régimen militar.
El capítulo indígena del informe se envió a la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia, antes de ser entregado a la presidencia. El documento ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Según Marcelo Zelic, innumerables denuncias no fueron incluidas en el informe y muchos otros casos, entre ellos la participación de los funcionarios públicos, no fueron investigados. «Es asombroso el tamaño de la omisión de la Comisión con respecto a violaciones contra los pueblos indígenas», critica Marcelo Zelic.
Para él, hay muchos hechos que aún no han sido comprobados acerca de los crímenes cometidos por el régimen militar y sugiere la necesidad de dar continuidad a las investigaciones. «Todavía tenemos un largo camino por recorrer hacia la verdad del exterminio indígena que debe ir más allá de los plazos establecidos por la Comisión de la Verdad», explica el miembro de la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia.
