Vista aérea de una zona deforestada en Pará (Brasil). Foto: Alberto César / Greenpeace.
Mientras que en los lugares centrales del capitalismo hay espacios para la negociación, en las regiones periféricas donde operan las transnacionales la estrategia básica para acallar a los colectivos que resisten, compuestos por los estratos sociales más explotados, es la violencia sistemática
En los últimos 20 años las empresas con sede en España han llevado a cabo un intenso proceso de internacionalización que ha hecho que 62,4% de la facturación de las compañías del IBEX 35 - principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico -, se genere en el exterior. “Desde que comenzó el proceso de internacionalización en los años 90, las empresas españolas pusieron la mirada en América Latina en un período caracterizado por la adopción de políticas económicas neoliberales en el marco del proceso de globalización”, dice el informe El Ibex 35 en guerra contra la vida: transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina, un análisis Ecofeminista, realizado por Ecologistas en Acción, una organización española.
Mientras en España se fomentaban fusiones, reestructuraciones y privatizaciones de compañías que aumentaron de tamaño y capital, en América Latina se imponían reformas estructurales basadas en la privatización, la liberalización de los mercados y la apertura a la inversión extranjera directa. “Esto hizo posible que las empresas españolas accedieran al control de los sectores estratégico de los países latinoamericanos – bancario, eléctrico, de telecomunicaciones, hidrocarburos, construcción etc – y que de esta región obtuvieran entre un tercio y la mitad de sus ganancias anuales”.
En los últimos años se ha producido un direccionamiento de las inversiones hacia Europa y han comenzado a expandirse, todavía menos, en África, Asia Oceanía. Pese todo, América Latina continúa siendo un objetivo geoestratégico para los intereses de las transnacionales españolas. A día de hoy España es uno de los primeros inversionistas en la región. “Los beneficios económicos obtenidos por las grandes corporaciones se sostienen sobre la generación de importantes impactos sociales y ecológicos, y sobre la vulneración de derechos humanos”.
En la primera parte del informe se describen tres conflictos provocados por la acción de empresas españolas: 1. La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol; 2. La construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala; 3) El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que involucra a varias empresas entre ellas a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.
Los tres conflictos incluidos en el informe, explica la organización española, permiten detectar la existencia de patrones comunes en la actuación de las empresas analizadas. “Para empezar, su inserción en los países donde operan ha estado marcada por la posición de privilegio que les otorga un poder económico desmedido, una notable influencia mediática, una relación de connivencia con los actores estatales, y una legislación cada vez más favorable a sus intereses”.
Por otro lado, es más que evidente que la acumulación de su riqueza es posible gracias a la apropiación geoestratégica de bienes comunes naturales que con frecuencia se ubican en áreas protegidas, territorios indígenas, y zonas megadiversas de especial fragilidad ecosistemica y socio-cultural. “Hay que enfatizar, por lo tanto, que la implementación de megaproyectos por parte de las transnacionales españolas está intrínsecamente vinculada al surgimiento de conflictos socio-ecológicos y a la generación de graves impactos en los territorios y en las comunidades donde se asientan. Contaminación y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y fragmentación de ecosistemas, y perdida de biodiversidad son algunos de los impactos ecológicos provocados por las empresas de forma sistemática en todos los casos analizados”.
Mientras que en los lugares centrales del capitalismo hay espacios para la negociación, en las regiones periféricas donde operan las transnacionales la estrategia básica para acallar a los colectivos que resisten, compuestos por los estratos sociales más explotados – pueblos indígenas y negros, mujeres, sectores empobrecidos - es la violencia sistemática.
El Atlas Global de Justicia Ambiental ha catalogado hasta la fecha 2316 conflictos socio-ecológicos propagados por todos los continentes. Así, las transnacionales son capaces de mantener sus ganancias a través de la implementación de megaproyectos mineros, petroleros, dirigidos a alimentar el metabolismo de la economía global, cuyos costes sociales y ecológicos recaen con mucha frecuencia sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Si bien el análisis de los casos seleccionados está orientado a mostrar el accionar de las empresas españolas en los territorios donde operan, “no queremos dejar de mencionar la connivencia político-económica en el Estado español”, dice el informe. Solamente en las compañías incluidas en el informe se puede encontrar una ingente cantidad de casos de puertas giratorias entre el poder corporativo y político. “Por citar un ejemplo, Gas Natural Fenosa tiene en su historial más de 30 casos de puertas giratorias, entre los que destacan dos expresidentes de gobierno – Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe Gonzales -, exministros y decenas de exdiputados y secretarios de Estado”.
Ecofeminista
Ningún conflicto socio-ecológico es neutral al género, como tampoco lo es a la clase, el origen étnico o la cultura, puntualizas las Ecologistas en Acción.
En la segunda parte del informe, ella se centraron en analizar cómo la penetración de las grandes corporaciones en los territorios y en las vidas de las comunidades conlleva una reactualización del patriarcado. “La masculinización de las formas de decisión, la profundización de estereotipos sexistas, la conformación de estructuras laborales patriarcales, la responsabilidad feminizada de sostener la vida ante la ruptura de los ciclos de reproducción, o la intensificación del control social de los cuerpos de las mujeres son, como argumentaremos, condiciones necesarias para que las transnacionales implementen sus megaproyectos”, sostienen.
