Con datos del informe sobre Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil, publicado anualmente por el Consejo Indígena Misionero (CIMI por sus siglas en portugués), se realizó un mapa virtual donde se mapeó los asesinatos de 1071 indígenas en las últimas tres décadas, que a su vez han incrementado con el ritmo que la deforestación y apropiación de tierras por parte del Estado para dar paso a la minería, megaproyectos de desarrollo y la agricultura industrial, como la soya.
CIMI fue creado en el año de 1972 en el auge de la dictadura militar en este país. Es un organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB por sus siglas en portugués) y da acompañamiento a los pueblos indígenas. El día 27 de septiembre lanzó un mapa virtual llamado CACI, que significa "dolor" en Guaraní, sigla utilizada para la "Cartografía de Ataques Contra Indígenas". En esta cartografía han mapeado los asesinatos de indígenas desde 1985.
Desde el 2016, CIMI administra y actualiza los datos de CACI a medida que se publican los nuevos informes. En el informe de CIMI son 68 registros de asesinatos de indígenas ocurridos en 2017, catalogados a partir del registro de noticias transmitidas por la prensa, informaciones de jefes indígenas y documentaciones hechas por las comunidades. Los tres estados con mayor índice de asesinatos son Roraima, Amazonas y Mato Grosso do Sul. Paradójicamente estos estados están entre los principales productores de soya, además de Rondônia, Acre, Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahía, Minas Gerais, São Paulo y Santa Catarina.
Los 68 registros hechos por CIMI es menor que la cantidad de muertes violentas registradas por la Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), órgano del gobierno federal, no mismo ano, que contabilizó 110 asesinatos.
CIMI denuncia en su informe que en los últimos años se ha producido un aumento en el número de tipos de violencia, entre ellos el suicidio. “Las informaciones sistematizadas evidencian que sigue dramática la cantidad de registros de suicidio (128 casos), mortalidad en la infancia (702 casos) y de las violaciones relacionadas al derecho a la tierra tradicional y la protección de ellas”.
"Esta edición del Informe explicita una realidad de absoluta inseguridad jurídica en lo que se refiere a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el país”, denuncian en el informe.
Responsables
El presidente de CIMI, Dom Roque Paloschi, es categórico en responsabilizar a las estructuras jurídicas y políticas de los tres poderes de esta nación sobre los asesinatos de los indígenas. “El Estado brasileño se ha constituido, a través de sus gobernantes, en el principal promotor de las violencias contra los pueblos indígenas. La negligencia premeditada de los que viven dentro de los poderes públicos, por acciones y omisiones, son las semillas nefastas generadoras de la muerte y de la miseria de aquellos que claman por Justicia en nuestro país”, señala el misionero en el informe de CIMI.
Para Roque Paloschi la mera existencia de los pueblos originarios se ha convertido en una pesada carga para los que administran el país sudamericano. Los diversos gobiernos se han empecinado en la explotación, expropiación y expansión no solo de la agricultura industrial, sino el extractivismo y el nuevo modelo de economía verde, sobre todo en territorio indígena. “En la base de este proceso de explotación están los empresarios del agronegocio, del latifundio y los ruralista (Frente Parlamentario Agropecuario), de las mineras, de las madereras. Estos transformaron el poder Ejecutivo en su finca de negocios y el Legislativo en el granero de argumentaciones, tesis, provocaciones y leyes anti-indígenas”, asevera Roque Paloschi.
Este informe es presentado a tan solo unos días de las próximas elecciones en Brasil donde una vez más los ciudadanos de este país sudamericano elegirán a su próximo presidente. Las tendencias han acalorado el clima político entre los que piden que vuelvan a gobernar los militares, que se han formado con la doctrina militar estadounidense y francesa. Su candidato favorito es Jair Messias Bolsonaro, ex capitán de paracaidistas en el ejercito, defensor de la dictadura y en contra de los pueblos originarios, los negros y la comunidad gay.
Por otra parte están los ciudadanos que tenían las esperanzas de que Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT) gobernara de nuevo a este país. Al no tener opción, ya que Lula no puede concurrir a las elecciones porque continúa encarcelado, la tendencia se inclina hacia Fernando Haddad, que pertenece a la clase media urbana de São Paulo. Hijo de comerciantes libaneses, se formó en Derecho en la prestigiosa Universidad de São Paulo, militante del Partido de los Trabajadores (PT).
“Los verdugos de los pueblos indígenas están, más que nunca, asentados dentro del Estado, y desde allí actúan despiadadamente contra aquellos que son los originarios hijos del mismo Brasil. Aquellos que por Ley Mayor debían ser respetados, protegidos y valorados. Al contrario de lo que la ley manda y la justicia clama, ellos están siendo debilitados y dilapidados”,
AGREGA EL PRESIDENTE DE CIMI.
La antropóloga Lucia Helena Rangel y el misionero Roberto Antonio Liebigot también participan en el Informe de CIMI y denuncian que el objetivo de la bancada ruralista es acabar con los pueblos originarios, porque la devastación de la tierra es la muerte para aquellos que dependen de ella. “Las realidades de los pueblos indígenas en Brasil son diversas. Hay pueblos en situación de aislamiento, o sea, no han establecido ningún contacto con la sociedad. Hay pueblos de contacto reciente, hay pueblos que desde hace décadas se relacionan con las estructuras de Estado, con la sociedad y las diferentes realidades sociales. Hay pueblos que poseen una efectiva comprensión de las estructuras sociales, políticas y jurídicas del Estado. Hay pueblos que decidieron retomar sus vínculos de pertenencia a las tradiciones y cultura originarias y luchan por derechos específicos y diferenciados. También hay comunidades que migraron de sus territorios tradicionales a las ciudades y viven en el contexto de la urbanización. Hay comunidades que tienen sus vidas construidas en barracas y campamentos a orillas de carreteras”, argumenta Rangel y Liebigot.
Para los integrantes del CIMI hay puntos en común y diferencias entre los pueblos originarios, y esas similitudes residen principalmente en la violación de sus derechos humanos fundamentales, como el derecho y goce de su territorio y a sus formas de vida tradicional. “Las violencias contra los indígenas tienen su origen en estos puntos en común, que generan: suicidios - dramáticamente acentuados en los últimos años; muerte en la infancia; desnutrición infantil; muerte por desasistencia; la invasión de los territorios por madereros, ganaderos, empresarios de la especulación inmobiliaria responsables de una intensa devastación de los bienes ambientales; confinamientos en áreas inapropiadas para la vida, sin agua potable, saneamiento básico y vivienda; asesinatos; amenazas de muerte; accidentes de peatones; golpes; el prejuicio, el racismo y la discriminación”, denuncia Rangel y Liebigot.
