Por: Olga Mendoza, Organización Kanuliaa Jieru.
Desde el día 7 de octubre del año 2017 más de 80 autoridades tradicionales Wayuú, líderes indígenas de las comunidades Wiwa y Kankuamos de la Sierra Nevada, Awa del Nariño, campesinos y afro descendientes de las comunidades de Tabaco y Matitas, han sostenido una larga protesta pacifica en el territorio ancestral de Katsaliamana, en la Guajira, Colombia. El objetivo ha sido el reclamo al Estado colombiano el respeto de la consulta previa a las comunidades indígenas, recuperar la autonomía territorial y el retorno del agua como medio fundamental para la independencia alimentaria. En esta región se encuentra La mina El Cerrejón, situada en la península de La Guajira, al noreste de Colombia, con una superficie total de 69.000 hectáreas. Es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En 1980 empezaron las obras de acondicionamiento, en ese momento bajo el liderazgo del gigante petrolero estadounidense Exxon. Actualmente son propietarias de la mina, a partes iguales, las compañías Anglo American, BHP Billiton y Glencore plc.
KATSALIAMANA Resiste.
En el transcurso del año 2018, el señor José Silva, presidente del movimiento Nación Wayuú, ya ha sido víctima de tres atentados contra su vida. Por otro lado, Matilde López Apshana y Ramón Viecco, también han sufrido intentos de asesinato. La respuesta del Estado, ha sido quitar la Unidad de Protección a algunos miembros de este movimiento, por considerar que no hay suficientes PRUEBAS.
Desde hace casi dos años, el Movimiento Indígena Nación Wayuú comenzó un proceso de resistencia en el territorio ancestral de Katsaliamana, en la Guajira, en donde buscaban que se respetaran sus derechos a la consulta previa en la administración de los recursos estatales para la atención a la primera infancia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta situación se presentó ya que este movimiento se hizo consciente de las millonarias sumas que eran entregadas a los operadores, contrastando con las condiciones de desnutrición que imperan en la zona y en donde a pesar de los recursos, se convive con una crisis económica, social y ambiental, que tiene una explicación multicausal, entre las que principalmente se encuentran:
La actividad minera en la región, que ha alterado sus métodos tradicionales de subsistencia y de abastecimiento de agua (las comunidades denuncian que se han secado y contaminado más de 26 fuentes de agua por la actividad minera). Todo esto ha originado un rompimiento del tejido social, que los ha llevado a buscar asistencialismo y ha creado una dependencia del Estado y de organizaciones, haciendo que su autonomía como comunidad decrezca.
La represa de El Cercado: que prometió llevar agua a nueve municipios de la región, los cuales siguen esperando desde el 2010, año en que se terminó la represa, a que la segunda parte del proyecto se lleve a cabo, sin que esto ocurra. Esta agua está siendo utilizada para riego en la región, violando el derecho fundamental del agua a las comunidades, quienes deberían ser las primeras en contar con el líquido vital. Por otra parte, según denuncias del periodista Gonzalo Guillén, el agua represada sirve también a los intereses de la multinacional El Cerrejón, quien la usa para apagar el polvillo del carbón en la explotación minera.
También la corrupción Estatal, que permite que las regalías se esfumen y que los implicados no respondan por los recursos que desaparecen.
La Corte Constitucional en sentencia T 302 del 2017, declara el estado de cosas incostitucionales en la Guajira, y le exige al Estado la atención inmediata de la crisis, mediante la garantía al acceso al agua, y a la solución estructural de la dramática situación que vive esta etnia del país. Es octubre del 2018, y la situación sigue como viene siendo denunciada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y distintos investigadores, periodistas y activistas desde el 2014.
Todas estas situaciones vienen afectando a las comunidades hasta el punto de generar la muerte masiva por desnutrición de menores de edad (En el trascurso de 2018 las comunidades denuncian más de 60 casos, sin contar con los niños que conviven con este flagelo sin morir). El movimiento NACIÓN WAYUU ha participado ampliamente de procesos jurídicos y de acompañamientos a las comunidades en la defensa de sus derechos fundamentales en estos temas, y sin embargo, la respuesta han sido los múltiples atentados, secuestros y asesinatos que han vivido sus líderes.
“La resistencia continúa, y se seguirán elevando las denuncias correspondientes, hasta tanto no se consiga dar cumplimiento a todas y cada una de las sentencias, leyes y demás mecanismos constitucionales e institucionales para que se restituyan los derechos de la etnia Wayuu en el departamento de la Guajira, superando la crisis a la que venimos siendo sometidos como etnia. No queremos el asistencialismo estatal ni organizacional. Queremos de nuevo nuestra autonomía, y es por ella que seguiremos luchando. Seguiremos denunciando a nivel nacional e internacional, en donde nuestras voces han empezado a tener fuerza, y en donde el apoyo de organizaciones nos da un ánimo para continuar”.
ASÍ LO EXPRESÓ UN VOCERO DEL MOVIMIENTO REACCIONANDO A LA CONTINUA VIOLENCIA EN LA CUAL DEBEN CONVIVIR.
