Eran las cinco de la madrugada del día 31 de mayo cuando las mujeres campesinas preparaban café para comenzar la jornada en sus parcelas. De pronto, el estruendo de una ráfaga de ametralladoras de uso exclusivo del ejército las tomó por sorpresa.
Más de 500 personas armadas y con dos trascabos avanzaban derribando las casas de madera, de adobe y de lámina. La lluvia de balas obligó a huir a las mujeres y niños hacia el monte, mientras los hombres intentaban reorganizarse para hacer frente a esta agresión, pero fueron casi doce horas en que este grupo armado continuó disparando a diestra y siniestra por doquier.
El objetivo era desalojar a los indígenas zapotecos que habitan la localidad de Rebollero y Rio Minas, pertenecientes al núcleo agrario denominado San Pablo Cuatro Venados, que se ubica a tan solo media hora de la ciudad de Oaxaca, al sur de México.
Los medios locales de Oaxaca, casi en sintonía, anunciaban de forma apresurada e irresponsable la noticia, asegurando que los comuneros de Cuilápam de Guerrero habían desalojado a presuntos paracaidistas y usurpadores de tierras.
En la misma sintonía, Eric Carrasco Vásquez, presidente de Bienes Comunales de Cuilapam, aseguró, en conferencia de prensa el mismo día, que “un grupo de comuneros (de Cuilápam) se dirigieron a sembrar sus tierras pero al llegar al paraje denominado la Redonda y la barranca de San Juan Dios, fueron recibidos a balazos por quienes se quieren adueñar”, así lo sostuvo en su conferencia unas horas después de los acontecimientos.
El equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de investigar lo que pasó en los predios que supuestamente han sido invadidos. Y la realidad encontrada fue diferente a la divulgada por los medios de comunicación locales.
La sorpresa fue que la comunidad de Rebollero y Rio Minas fue totalmente arrasada. Se contabilizaron 24 casas derribadas y quemadas. El maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras también les rosearon gasolina y les prendieron fuego. Ropa, camas, zapatos se encontraban regados por doquier. Quebraron las únicas dos celdas solares de donde obtenían su energía los habitantes de esta comunidad. También les robaron sus vacas, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua, todo lo que pudieron.
“Destrozaron nuestro molino que compramos las mujeres. Cooperamos durante cinco años para comprarlo y hoy, lo destruyen así no más, en un ratito”, comparte con gran tristeza Claudia Mondragón.
“Dicen que quieren la tierra. Pero están quemando el maíz que es sagrado, quemaron todo, hasta nuestro cultivo. Si realmente quieren la tierra, se quedarían y sembrarían, pero quieren la tierra para lotearla y venderla”, asevera una mujer de 60 años que se presentó como María Santiago.
El equipo de este reportaje pudo constatar que cientos de cartuchos percutidos y cajas nuevas que los contenían estaban tirados por doquier en toda la comunidad donde el grupo armado hizo acto de presencia. Los calibres eran para fusiles AR15, Ak47 y 9 milímetros, todos de uso exclusivo del ejército mexicano.
Anteriormente ya se había dado un intento de desalojo, en abril del 2018, por parte de las autoridades de Cuilápam de Guerrero. A diferencia de las dos veces anteriores, esta vez “iban acompañados de cholos o pandilleros. Se veía que eran delincuentes que nunca antes habíamos visto. Creemos que las contrataron. Y aquí esta involucrado Flavio Sosa. Nos preguntamos quién les dió las armas, las municiones, la maquinaria y el dinero para hacer esto”, dijo José Ramírez de la comunidad de Cuatro Venados.
Al parecer, el personaje político llamado Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de Comuna-Oaxaca -conocido por su oportunismo por usar como trampolín político la revuelta social del año 2006 ocurrido en esta entidad federativa- tiene un gran interés en resolver el conflicto entre los “invasores”.
El 12 mayo de este año, Sosa anunció frente al palacio municipal de Cuilápam de Guerrero, junto con el comisariado de bienes comunales de aquel municipio, que estaban molestos y “en cualquier momento podrían tomar acciones para resolver la problemática”. Esto sucedió días atrás de la agresión a manera de amenaza y hoy las personas acusadas de “invasoras” se encuentran sin hogar.
Pero cualquiera que se adentra hoy a este territorio que comparten Cuilápam y Cuatro Venados puede observa otro paisaje, uno que contrasta con las versiones oficiales.
El territorio de Cuilápam está todo loteado y con anuncios de “se vende lote”, con pocos árboles y un aspecto desértico. Mientras que en el lugar donde habitan los acusados de “invasores” corre el agua bajo los bosques preservados por la comunidad.
La defensa de estas tierras por parte de los 90 comuneros no sólo es porque ahí cultivan y tienen sus hogares, sino porque son la memoria viva de sus ancestros
Estas personas, que les han llamado paracaidistas e invasores, forman una comunidad compuesta por 90 comuneros y ciudadanos pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados, distrito de Zaaachila, Oaxaca, donde pagan su predial y donde la mayoría tiene a sus familiares como hermanos, primos, sobrinos.
Existen documentos que avalan su pertenencia a este territorio, como sus actas de nacimiento, donde se estipula que efectivamente nacieron en San Pablo Cuatro Venados.
Avispa Midia obtuvo copias de las 90 actas que constatan la veracidad de los testimonios. El equipo del reportaje también obtuvo las correspondientes 90 copias de las actas de posesión de sus tierras, emitidas entre los años 2010 y 2011 por el Comisariado de Bienes comunales de Cuatro Venados que, en ese momento, estaba integrado por Adolfo Vázquez Bautista, Inocencio Torres Luis, Genaro Ramírez y Federico Morales.
Además, existe un dictamen antropológico realizado por Guillermo Alberto Padilla, formado como antropólogo jurista en la Universidad de Berkeley California y quien sostiene que el municipio de Cuatro Venados esta compuesto por 10 localidades, incluyendo la de Rebolledo, Los Arquitos y el Rio Minas, donde habitan los supuestos “invasores”.
El intento de desalojo viene de lejos
Los comuneros de Cuatro Venados se vieron en la necesidad de tener preparados estos documentos para defenderse y defender su territorio.
En julio del 2017, por primera vez la policía municipal y algunos comuneros de Cuilápam invitaron cordialmente a los comuneros a una reunión. Al llegar al lugar citado, el síndico municipal de Cuilápam les dijo que la plática seria en la Dirección de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Al llegar a este lugar, el síndico los presentó como personas detenidas. Pero al final, el Ministerio Publico no encontró delito alguno por cual inculparlos y asumió que en todo caso era un tema de la jurisdicción de la Junta Local de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca.
Fue en esta supuesta reunión donde los indígenas Zapotecos se enteraron que los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam y de Cuatro Venados habían realizado un convenio dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual llegaban a un acuerdo sobre sus límites y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam es donde viven estas 90 personas que hoy son consideradas como invasoras. En ningún momento se celebró una asamblea para llegar a este acuerdo con los comuneros que habitan esta área y, por tanto, no existe un acta de asamblea, la máxima autoridad por usos y costumbres que conscierne a tierras comunales.
La defensa de estas tierras por parte de los 90 comuneros no sólo es porque ahí cultivan y tienen sus hogares, sino porque sus ancestros las han defendido y cuidado. Por ello se encuentran organizados, cultivan de forma colectiva y han construido todo a base de mucho esfuerzo.
Tentativa de desalojo es un delito
Después de enterarse del acuerdo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam y de Cuatro Venados, los ciudadanos y comuneros interpusieron, en septiembre del año 2017, el amparo número 007808/2017 ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, donde apelaron a que este acuerdo entre Cuilápam y Cuatro Venados no es válido.
El argumento de los comuneros es que en ningún momento se realizó una asamblea como establecen los usos y costumbre, y jamás se consultó a los comuneros involucrados. Este recurso jurídico de acto de reclamo aborda específicamente la sentencia emitida el 25 de agosto del año 2016 por parte del Tribunal Superior Agrario, quien avaló el convenio celebrado entre las comunidades de Cuilápam y San Pablo Cuatro Venados.
Los indígenas zapotecos desde este momento se encuentran a la espera del recurso de revisión Número. 326/2201-21 de su demanda. Mientras no se resuelva esta revisión, cualquier desalojo es ilegal. Por tanto, las personas quienes perpetraron estas acciones violentas están incurriendo en un delito.
Los intereses en Cuatro Venados
A este escenario se suma la disputa por el agua que corre por esta comunidad de Cuatro Venados y que cruza por Cuilápam y otras comunidades. También hay interés por parte de dos grandes proyectos que tienen presencia en esta zona: es la existencia de dos concesiones mineras que pretenden explotar oro.
“Hay mucho dinero moviéndose desde hace tiempo. Las autoridades de nuestro pueblo han sido compradas, pero porque también hay otros intereses más grandes y que también tiene que ver con el agua”,
señala María Santiago.
Las concesiones son la 217590, expedida en el año 2012, la cual abarca un área de 132 hectáreas y está ubicada en el lote de Cuatro Venados. También está la concesión 246664, expedida en el año 2013 con una extensión de 1,400 hectáreas. Hasta estas fechas las dos concesiones pertenecían a la empresa Canadiense Arco Resources Corp.
En este mismo territorio existe el área de ampliación de las dos concesiones que podrían ser parte de un mismo proyecto, ya que los estudios de la empresa de capital canadiense sostienen que la veta más importante se encuentra en un polígono de 3,631 hectáreas que cubren cinco kilómetros de longitud de una veta de cuarzo mesotérmica con oro, con calidades de hasta 12.6 g / t de oro.
La actividad minera en este territorio implicaría el uso de millones de litros de agua para el lavado del mineral y, a su vez, se requeriría un depósito para concentrar los desechos tóxicos.
“Nuestra principal lucha era defender los límites de la tierra. Pero ya no podemos pensar en defenderlas sin pensar en lo que pasaría si explotan estas minas. Nuestra lucha ahora es por la defensa del agua y por expulsar a estos empresarios”,
sostiene Maria.
Los comuneros que hoy defienden su territorio no sólo son considerados por Cuilápam como invasores, sino también por la propia autoridad comunal de Cuatro Venados, porque representan a la disidencia que está organizada y que tiene claro el objetivo de su lucha. “¿De qué nos sirve defender nuestras tierras, si estos proyectos de minería avanzan? Después nuestra agua se va a contaminar, no servirá ni para Cuatro Venados, ni para Cuilápam y mucho menos para las demás comunidades”, señaló Agustín Bautista.
La autoridad actual de Cuatro Venados ha estado empeñada en reducir el apoyo a los disidentes y por tanto ha establecido un impuesto para las personas, incluyendo familiares de ellos que habitan en la cabecera municipal, para que no les dirijan la palabra ni que establezcan algún dialogo con ellos.
“Les han obligado a pagar entre 5 y 7 mil pesos a quien hable con nosotros. No quieren que nos organicemos. Estas autoridades han cooptado con programas y con una miseria de dinero a las personas, hablando que la minería es buena y que traerá desarrollo. Tienen dormido a nuestro pueblo, pero no perdemos la esperanza de despertarlos”, asevera la señora Claudia.
El saldo
El 1 de junio, un día después del ataque a la comunidad, mujeres y hombres regresaron a sus hogares. Las mujeres han intentando rescatar algún que otro trasto que les pudiera servir. Con tristeza recogen uno a uno cada grano de maíz que pueden levantar entre los cartuchos percutidos.
Las acciones ocurridas el 31 de mayo son características de actos paramilitares. Afortunadamente no hubo muertos. Todas las pérdidas fueron materiales pues se encargaron de acabar con todo lo que pudiera permitir sostener una vida en este lugar. Quemaron hasta las gallinas que cuidaban de forma colectiva las personas. Pero ademàs las autoridades de Cuilápam de Guerrero se atrevieron a sostener ante los medios que fueron “los mismos invasores (comuneros) que quemaron sus casas”.
Las primeras notas de los medios locales de comunicación han servido para justificar una nueva entrada para terminar de derribar lo que quedaba. “Pero no nos han quebrado nuestra moral, nuestra fuerza y vamos a luchar con todo lo que sea necesario para defender nuestra madre tierra. Y si hay muertos aquí, el Estado será el responsable, también Flavio Sosa y las autoridades de Cuilápam, porque son quienes han dado las armas, las municiones y el dinero para actuar así”, responsabiliza un ex-comisariado de bienes comunales de Cuatro Venados, quien por seguridad prefirió mantenerse en anonimato.
Entre los comuneros que habitan la comunidad atacada hay dos ex-comisariados. La mayoría, como es costumbre en territorios comunales, ha prestado servicios comunitarios y ha asumidos cargos en años anteriores en la cabecera municipal de Cuatro Venados. “No entiendo porque la autoridad quiere desconocernos. Toda la gente aquí nos conoce, hemos nacido aquí y aquí hemos vivido y aquí seguiremos viviendo, no nos vamos a ir”, dice Pedro Martínez.
Los comuneros que han sido considerados como invasores buscarán la solidaridad de los pueblos vecinos para defender el agua y para que los proyectos mineros no se lleven acabo. “Van acabar con la vida de todos los Valles Centrales y no sólo con nuestras comunidades. Tomemos como ejemplo la situación de nuestros hermanos de San José del Progreso, donde la comunidad está quebrada y con los primeros indicios de cáncer”, denuncia Pedro.
Estos comuneros también tiene el respaldo de otros pueblos en Oaxaca y de México, porque son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y, juntos, van resistiendo contra los proyectos de despojo.
“Porque, como dicen nuestros hermanos, esto es una guerra contra los pueblos originarios y hay que hacer frente de forma organizada. No vamos a detenernos, mientras más nos golpean, más fuertes nos hacemos”, declara Pedro.
Mientras el equipo de Avispa Midia realizaba el recorrido para este reportaje, sin motivo alguno, del lado de Cuilápam, comenzaron a disparar hacia donde estábamos. Las ráfagas continuaron por los menos durante dos horas. Al salir de esta zona, aún se escuchaban los disparos a lo lejos. Las mujeres tomaron a su hijos y los han resguardado en casas de otros familiares. Los hombres se mantienen en el lugar bajo la lluvia y el sol para cuidar que no entren de nuevo a sus tierras.
Aquí las pequeñas señales de solidaridad se hacen gigantes. Un taco, un vaso de agua, hasta un saludo cuenta en este lugar. Entre lágrimas, una mujer dice:
“Levantaremos de nuevo nuestras casas, aunque sea de cero. El gobierno nunca nos ha dado nada y no pedimos nada, solo exigimos que nos dejen en paz, que nos dejen vivir y cultivar nuestras tierras”.
Los nombres de las personas citadas en este reportaje fueron cambiadas por motivos de seguridad.
Fotos de Avispa Midia
