En portada: Vías férreas en el municipio de Palenque, Chiapas. En el lugar se pretende construir la primera estación del "tren maya".
Por falta de certeza en la Manifestación de Impacto Ambiental, realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el tramo tres del proyecto “tren maya”, la Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres suspensiones definitivas.
“Existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto denominado Tren Maya”, sentenció la Jueza Cuarto de Distrito, quien concedió la suspensión ya que la parte quejosa demostró su interés legítimo al habitar los municipios correspondientes a las obras.
Los amparos fueron presentados por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya. El tramo suspendido comprende obras entre Calkiní, Campeche hacia Izamal, Yucatán.
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La juez también argumentó las suspensiones debido al peligro de los impactos en la construcción del tren pues “tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones y no solo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales”.
Para sustentar su decisión, la juez aplicó el principio de precaución, debido a que reconoce las limitaciones de la ciencia para establecer certeza sobre los riesgos que enfrenta la naturaleza en consecuencia a las obras del tren y por lo tanto vigila o restringe ciertas actividades potencialmente riesgosas para el medioambiente.
“Por consiguiente, la mera existencia de una manifestación de impacto ambiental no otorga certeza absoluta de que todas las variables han sido consideradas o si la interpretación sobre los efectos del actuar del estado en determinado proyecto será efectivamente los plasmados en un documento de tal naturaleza”.
De este modo, la juez subrayó que en el caso de “incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión, debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza”.
Como consecuencia de la sentencia, se responsabiliza a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, y a la misma secretaría “por cualquier acto que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o cualquier otro particular involucrado realice en ejecución del acto reclamado, ya que podrían ser constitutivos del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de modo que se daría vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales correspondientes”.
La sentencia implica que Fonatur debe cesar trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonas de los territorios del Estado.
De acuerdo a un comunicado firmado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Colectivo Chuun T’aan Maya e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., “estas tres nuevas suspensiones definitivas se suman a las que en diversos momentos han obsequiado jueces federales en Campeche, Yucatán y Chiapas y que exhiben las irregularidades con las cuales se ha manejado este proyecto”.
Apenas el pasado febrero, el juzgado Tercero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva de las obras del tren maya en municipios de Mérida, Chocolá e Izamal debido a los daños ambientales y la ausencia de consulta con las comunidades involucradas en el trazo del megaproyecto.
En el mismo mes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó a Fonatur por no aclarar el uso de más de 135 millones de pesos en las obras del “tren maya”.
En días recientes, Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, en entrevista para medios nacionales, aseguró que todos los recursos obtenidos a través del “tren maya” serán para el ejército mexicano y los cerca de mil 500 kilómetros de ferrocarril pasarán a ser patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo a Pons, dicho megaproyecto es de “seguridad nacional, porque hay zonas de conflicto en el sureste del país, en donde operan cárteles, grupos de trata de personas y de venta ilegal de ganado, por lo que la participación de los militares disminuiría el impacto que dichas actividades tendrían sobre el proyecto”.
