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Uno de los planes del gobierno mexicano para la Península de Yucatán, donde 46.9% de la población se identifica como maya, es la construcción de un corredor urbano a lo largo de los 1,500 km de las vías del Tren Maya. De acuerdo con un informe de la ONU Habitat, programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la región tiene un porcentaje de urbanización del 64%, 13 puntos por debajo de la media nacional, que es 77%. El gobierno mexicano contrató al órgano internacional por 6.8 millones de dólares para asesorar en dicho cambio territorial en el sureste.
La lógica de la ONU Habitat es que, cuanto más urbanizada es una región, más desarrollada está. “Diversos estudios internacionales han comprobado que el grado de urbanización en un territorio sirve como indicador del bienestar de su población”, sostiene el órgano internacional para justificar su trabajo.
Hasta el momento, el Tren Maya proyecta la construcción de 19 estaciones y 11 paraderos en cinco estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. El objetivo es que alrededor de cada estación del tren se construya lo que llaman “comunidades sustentables”. El presidente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, sostiene que el objetivo es que con eso “haya una detonación de actividades económicas, sociales y culturales”.
La regulación de este cambio territorial se está dando por medio de la creación y reformas de leyes de ordenamiento territorial en los municipios y estados por donde va a pasar el Tren Maya. “Estamos viendo planes en toda la península, tratando de hacer el cambio de uso del suelo, la densificación urbana, la densificación de la infraestructura, la entrada de parques industriales y eólicos”, sostiene Romel González, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Campeche.
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La reestructuración fue acordada entre el gobierno federal, municipios y los gobiernos estatales que están en la ruta del tren. El 20 de diciembre de 2020, firmaron un acuerdo de colaboración en el cual los estados se comprometen a regular y hacer dicho cambio. “Fonatur aparece como asesora de los municipios para la elaboración de los planes de ordenamiento, pero básicamente es ella que desarrolla la propuesta”, sostiene Ángel Sulub, maya de Quintana Roo, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Un ejemplo es Calakmul, municipio del estado de Campeche, que guarda un yacimiento arqueológico prehispánico maya en el núcleo de la reserva de la biosfera de Calakmul, abarcando más de 700, 000 hectáreas. En la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo urbano de Calakmul “dicen que lo que predomina en el municipio es el 3D (Distante, Disperso y Desconectado) y quieren transformar en 3C (Compacta, Conectada y Coordinada)”, describe González.
Para la investigadora del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Casandra Reyes, la región debe ser pensada como una reserva, no como una urbe. “La ONU Habitat está hecha para funcionar en las urbes, entonces tiene sus preceptos donde todos tienen que tener su casa de interés social, tienen que tener acceso a restaurantes, que puedan caminar a la tienda, es decir, que todo esté conectado. Son conceptos que pueden tener sentido para organizar ciudades pero no tiene nada que ver en sitios rurales, en reservas como Calakmul”, sostiene.
Reyes intentó participar del proceso de construcción del plan de ordenamiento territorial, pero “no dejaron”. Está difícil intentar “incidir en estos proyectos”, a pesar del discurso del gobierno de que estos planes son construidos con la participación de la sociedad.
Sulub igualmente sostiene que los programas de ordenamiento se hacen a “las espaldas de las comunidades, en total opacidad”.
Desarraigo
Un documento de la ONU Habitat hace la proyección del crecimiento de distintas localidades o municipios donde va a pasar el Tren Maya. Bacalar, por ejemplo, debe crecer más de 100% en 10 años. Pasaría de 40 a 85 mil habitantes.
Para Sergio Prieto Díaz, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), las dinámicas poblacionales internas y externas en esta región ponen un punto de atención en los impactos migratorios. Esta articulación de megaproyectos va a ocasionar el “desarraigo de personas que viven en los territorios, atrayéndolos a nuevos centros urbanos y mercados de trabajo y consumo”, analiza. “En el fondo estamos hablando de la gente abandonar sus raíces”.
Las consecuencias de este reordenamiento ya empezaron, alerta Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Una de las principales es la especulación de las tierras que antes eran ejidos. “Hay un desplegado de coyotes de las empresas que están llegando a las comunidades para ofrecer dinero. Traen contratos de usufructos ya hechos, solamente con unas rayas para la gente poner el nombre del ejido, del presidente ejidal. Vienen con dinero, la gente está firmando sin saber realmente que es lo que firman. Hay un despojo fatal”, dice.
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La construcción de ciudades y polos de desarrollo “va a generar un problema que vemos surgir desde ahora, como comunidades abandonadas y la segregación urbana”, agrega González.
La urbanización de la región hace parte del plan de Desarrollo Integral de la Regional Sureste de México que, según el gobierno federal “representa una estrategia nacional de largo alcance”.
El ordenamiento territorial que se está impulsando en la Península de Yucatán con el Tren Maya fue uno de los temas discutidos durante el seminario Megaproyectos del Sureste, promovido por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
