Apenas el 7 de septiembre se celebraba con bombos y platillo un fallo histórico por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Arturo Zaldívar, quien informaba que, además de despenalizarse el aborto en Coahuila, a partir de esa fecha se consideraba inconstitucional en la república mexicana penalizar el aborto autoinducido o consentido. Por este evento, las expectativas de las colectivas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres eran altas. Esperaban los movimientos necesarios en cada una de las 26 entidades donde aún no se permitía la Interrupción legal del embarazo (ILE) o siquiera la despenalizaba.
La temática quedó ligeramente silenciada hasta el jueves, 28 de octubre, cuando el Congreso de Baja California se reunió de urgencia para sufragar respecto a dos directrices: despenalizar el aborto en la Constitución Estatal y despenalizar el aborto en el código penal (y algunas leyes secundarias).
De los 25 legisladores conformantes de la legislatura de dicha entidad, dos se ausentaron (Ramón Vázquez Valadez y Gloria Arcelia Miramontes Plantillas), de manera que las elecciones tuvieron que llevarse a cabo con 23 funcionarios, necesitándose 15 sufragios para realizar las alteraciones pertinentes en cada uno de los compendios de leyes.
Con los resultados de la votación, se consiguió modificar tanto el artículo 136 del código penal como la Ley de Víctimas y la Ley de Salud, quedando las mujeres (y personas gestantes) eximidas de cargos delictivos en caso de decidir voluntariamente interrumpir sus embarazos (sin ser discriminadas por motivantes y contexto, mientras sea antes de las 12 semanas de gestación). Además, a partir de ahora, las instituciones públicas de salud de Baja California habrán de brindarles el servicio de interrupción del embarazo, de forma gratuita, digna, confidencial y de calidad cuando se lo soliciten.
Sin embargo, el resultado del sufragio demostró que la voluntad de los legisladores es no apoyar del todo el bienestar, ni los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (y personas no gestantes). Los diputados conservaron intacta la constitución Estatal, salvando un fragmento clave del artículo 7 de la misma, en el cual se cita “esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. Es decir, en aquel estado se sigue considerando como “bebé” o ser humano al producto, incluso si aún es una mórula se le protege como ser humano.
Seis de treinta y dos
Aunque a veces parece imposible plantear el aborto legal como un acto de reconocimiento a la autonomía de las mujeres y personas gestantes como seres independientes que necesitan decidir libremente sobre sus propios cuerpos y futuros, esto no desanima a quienes luchan por extender este derecho a lo largo de todo México, al contrario, las alienta a exigir con mayores fuerzas las reformas imprescindibles al grito de la sororidad, y esto se puede comprobar observando la evolución de las reformas a través de los años.
Si bien el país entero no se tornó verde en la brevedad esperada, no se puede negar que en los 10 primeros meses del 2021 se observó un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En 2007 la Ciudad de México era la única entidad federativa en la cual el aborto estaba legalizado. Pasaron 12 años para que Oaxaca -en septiembre del 2019- le hiciera segunda y, posteriormente, en un abrir y cerrar de ojos Hidalgo (junio del 2021) y Veracruz (julio del 2021) se volvieron estados con ILE, en tanto Coahuila (agosto del 2021) y Baja California (octubre del 2021) se hermanan como entidades donde la interrupción voluntaria del embarazo ya no está criminalizada.
