Diez pueblos zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca se reunieron, en los días 10 y 11 de diciembre, en asamblea comunitaria regional y reafirmaron su rechazo al proyecto minero de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Todas las diez comunidades presentaron sus actas de asamblea en las cuales declaran cada una de ellas territorio prohibido a la minería y, además, presentaron las firmas de sus ciudadanos en contra del proyecto.
Cuzcatlán llegó a San José del Progreso sin consultar a los pueblos zapotecas y sin informar los riegos de contaminación a su suelo, agua y aire. Inició sus operaciones comerciales, explotando oro y plata, en el año 2011. Ahora Cuzcatlán quiere expandir su negocio para más 10 años.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) anunció en noviembre que está preparando un proceso de consulta en la región. Sin embargo, los pueblos rechazan la consulta del gobierno, por ser una “propuesta de consulta expres, que no preveía proporcionar información necesaria y suficiente para cumplir con la etapa de consulta previa (…)”.
Además, no garantiza la participación de todas las comunidades afectadas, “con el argumento de que únicamente se consultaría a las comprendidas dentro de un área denominada Sistema Ambiental Regional”, sostienen las comunidades en un comunicado.
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Las comunidades decidieron, entonces, hacer su autoconsulta, y exponer desde sus vivencias los impactos sociales y ambientales que han vivido durante diez años de explotación minera.
“Decimos a la Semanart que desde nuestro legítimo derecho de libre determinación hemos informado a nuestros ciudadanos y ciudadanas de los efectos que la minería ha traído a nuestros territorios a partir de nuestras vivencias: sufrimos la imposición de la división comunitaria ocasionada por sus actos de compra de voluntades y corrupción de autoridades, violencia y muerte de nuestros hermanos defensores de derechos humanos, contaminación del agua de nuestros ríos y nuestros cultivos con el polvo que genera la minera, la disminución de los mantos freáticos por lo que cada día es más difícil la obtención de agua para nuestros cultivos y consumo humano”, dicen.
Los pueblos viven la incertidumbre de saber si su subsuelo ha sido excavado o no por Cuzcatlán, ya que la explotación es subterránea y, a pesar de las solicitudes de información, la empresa no lo revela. De manera que las comunidades piden que se “dé a conocer los lugares donde ha operado la empresa minera realizando excavaciones y rellenos, ya que ésta situación afecta directamente al manto freático de las comunidades”.
Las diez comunidades demandan de la Semanart la negación de cualquier permiso ambiental que permita la continuidad de la explotación de plata y oro en la región.
Ofensiva
Denuncian que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, “a través del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”, presiona de diferentes formas para que se extienda la vigencia de la concesión minera y pueda seguir operando.
Además, “denunciamos la actuación de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y la legisladora Yeidckol Polevnsky ya que realizan gestiones que favorecen los intereses de la empresa minera sin importarles poner en riesgo a las comunidades zapotecas”.
Las diez comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
