La madrugada de este martes (15), un centenar de elementos de la Guardia Nacional y la Policía del estado de Puebla desalojaron las instalaciones de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, espacio de encuentro fundado por la organización Pueblos Unidos tras la ocupación de las instalaciones de la empresa Bonafont.
Las comunidades nahuas, organizadas como Pueblos Unidos de la región Cholulteca, clausuraron las instalaciones de la empresa el pasado 8 de agosto del 2021, después de cinco meses de mantener cerradas las operaciones de la planta. La razón de sus acciones se debe a que durante 29 años la empresa trasnacional extrajo diariamente 1 millón 600 mil litros de agua en dicha planta, lo cual provocó la escasez del líquido en las inmediaciones.
Te puede interesar → Comunidades toman planta Bonafont para convertirla en casa de los pueblos
“Con desmedida presencia de las fuerzas públicas, los tres niveles de gobierno, una vez más, despojan y reprimen a los pueblos que desde hace casi un año cerramos la planta embotelladora Bonafont, del corporativo DANONE”, denunciaron a través de comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena
Prevalece interés de empresas
Tras la clausura de la planta embotelladora, sus instalaciones se transformaron en la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, espacio de encuentro, organización e intercambio de saberes desde donde se impulsan proyectos comunitarios.
En las instalaciones ubicadas en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C Bonilla, se realizaban foros con organizaciones nacionales e internacionales en temáticas relacionadas con la construcción de autonomía y en defensa del territorio y el ambiente. También se compartían talleres educativos y de comunicación comunitaria, además de que se planeaba la construcción de espacios autónomos para salud y educación.
Después del operativo policiaco-militar, esta mañana el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que “fue un juez de competencia penal quien decretó la restitución en favor de la empresa Bonafont de la planta de su propiedad y se llevó a cabo una diligencia judicial”.
Durante conferencia de prensa también indicó que la empresa restablecerá sus operaciones de manera normal.
Por su parte, Pueblos Unidos denunció el desalojo el cual responde a favor de los intereses de la empresa trasnacional. “Los pueblos construimos vida sobre sus ruinas, con proyectos de salud, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas. Ahora el gobierno responde por los intereses de esta empresa y facilita que el despojo de agua reinicie”, reiteran los Pueblos Unidos en su comunicado.
Cabe destacar que, durante el tiempo en que se mantuvo abierta la Casa de los Pueblos, existieron campañas de criminalización y agresiones contra los integrantes de Pueblos Unidos. Resalta la detención arbitraria, el pasado 21 de noviembre, de dos miembros de la Radio Comunitaria Zacatepec.
De acuerdo con el comunicado publicado por los Pueblos Unidos, dichas agresiones ocurrieron durante una la asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal, el perredista José Cinto Bernal, después de que el recién electo presidente municipal intentó abrir la Alcaldía Auxiliar sin consultar a la población.
