El 29 de enero la consulta fue retomada en su fase deliberativa, después de haber sido paralizada por medidas sanitarias contra el Covid-19. La convocatoria fue hecha por el presidente municipal Juan Jesús Martínez Rasgado, cinco días antes de la asamblea.
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“Nosotros en el día de hoy [10 de febrero] estamos solicitando a la Sener la reposición del procedimiento de consulta, desde la fase inicial de acuerdos previos”, sostuvo el zapoteca Edgar Marín Regalado del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales.
Regalado afirmó que no existen informaciones públicas suficientes para que se pueda deliberar sobre la instalación del parque. “Nosotros hicimos varias solicitudes de información por escrito a las distintas dependencias gubernamentales que están participando de esta consulta. Solicitamos información a la Sener, al INPI, a Semarnat y nadie nos contestó. Entonces si no tenemos información no podemos deliberar”.
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La consulta indígena, iniciada hace cuatro años para la instalación del parque eólico de EDF, ha sido un tema de violaciones constantes a los derechos humanos de la comunidad de Unión Hidalgo, sostuvo Juan Antonio López, abogado de Prodesc.
“Tanto es así que existe una sentencia que determinó que efectivamente existieron violaciones cuando se intentó imponer en 2017 este proyecto, delante de una simulación de consulta. En dicha sentencia se ordenó realizar una consulta bajo los parámetros internacionales. Sin embargo, esta consulta que ahora realiza la Sener ha adolecido de nuevo de estas violaciones”, afirma López.
Regalado y Guadalupe Ramírez, también del Colectivo, denunciaron que luego de la asamblea del 20 de enero los ataques y amenazas en contra de los miembros del colectivo han incrementado a niveles alarmantes e hicieron un llamado al gobierno de México para atender está situación de manera inmediata a fin de garantizar su seguridad e integridad.
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Horas después de estas declaraciones, Regalado sufrió, el jueves (10), un ataque armado cuando regresaba a su casa en Unión Hidalgo.
Demanda en Francia
El Colectivo también anunció su decisión de presentar, por intermediación del ProDESC y del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), una demanda contra la EDF en los tribunales franceses. La demanda fue admitida y está en proceso en un tribunal civil en París.
Cuando se presentó esta demanda el tribunal determinó no conceder la suspensión del proyecto, como demandaba la comunidad. “La demanda la admite, el juicio inicia, pero niega la suspensión [del proyecto hasta que resolviera la demanda]. Por eso estamos presentando recurso de apelación correspondiente en contra de esta decisión”, explicó López.
Si es aprobado, “este recurso de apelación crearía un precedente clave en el tema de la justiciabilidad de las leyes de debida vigilancia a nivel global”, dijo López.
ONU
Cuatro relatores de Naciones Unidas presentaron de manera conjunta cartas de alegación a la empresa EDF, así como a los gobiernos de Francia y México, correspondientes al impacto de los parques eólicos sobre los derechos humanos de la comunidad de Unión Hidalgo.
Las cartas mandatan a la empresa y a los gobiernos a prevenir o mitigar cualquier impacto sobre los derechos humanos de los proyectos que financia.
Tribunal agrario
Todo el terreno donde se pretende instalar el parque eólico está sobre propiedad social. Existe un decreto presidencial de 1964 que determina que estas tierras son comunales. Desde esta fecha, hasta ahora, no ha existido un procedimiento para cambiar la calidad de la tierra, por lo tanto, sigue siendo propiedad comunal, explica López.
“Las empresas junto con autoridades municipales, estatales y algunos notarios públicos, han intentado mediante actos de corrupción o mediante actos ilegales crear pequeños propietarios”, añadió.
En el caso del parque eólico de la empresa Demex, ya en funcionamiento en Unión Hidalgo y que utilizó los mismos recursos “ilegales” o de “corrupción”, “hemos presentado demandas en tribunales agrarios pidiendo nulidad de todos los contratos de arrendamiento. Es culpa de las autoridades y de las empresas que están pagando notarios públicos para que hagan este tipo de acciones. También hemos denunciado a los notarios públicos”, explicó López.
