En portada: Mujeres zapotecas en protesta con la minera Cuzcatlan. Foto:Santiago Navarro F.
La minera canadiense Fortuna Silver Mines, desde sus oficinas en Canadá, ha anunciado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “ha otorgado una extensión de 12 años a la autorización de impacto ambiental” de la mina San José operada por su filial, la minera Cuzcatlán, en Oaxaca, México, cuyas operaciones comerciales iniciaron en 2011.
El órgano ambiental había negado la solicitud de extensión de las operaciones en julio de 2021. “Fortuna hizo una apelación (…). La Semarnat reevaluó la solicitud y concedió la prórroga (…)”, anunció la empresa en un comunicado a finales de diciembre de 2021.
Hasta el momento, Semarnat no ha declarado públicamente su decisión de conceder la extensión del plazo de la explotación. El último informe público sobre el caso fue realizado por el órgano en noviembre de 2021, en la cual anunciaba que realizaría un proceso de consulta indígena con las comunidades zapotecas impactadas por la explotación minera.
“La Semarnat trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca, como parte del procedimiento de Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), promovida por la compañía minera Cuzcatlán”, declaró el órgano en aquella ocasión.
A partir de las publicaciones en los medios de comunicación, reproduciendo los pronunciamientos de la empresa, las comunidades afectadas por la explotación minera exigieron el esclarecimiento por parte de Semarnat, ya que existían acuerdos establecidos entre ellas y representantes de la Secretaría como, por ejemplo, que fueran presentados a las comunidades estudios para determinar si existe contaminación en las aguas utilizadas por las comunidades.
En una conferencia de prensa realizada el 19 de enero de 2022, autoridades agrarias y municipales de comunidades afectadas - Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec - pidieron al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador un “informe veraz y oportunamente a las comunidades de Valles Centrales, sobre la situación actual de las solicitudes de la minera [para la extensión del plazo de explotación]”.
El equipo de Avispa Midia obtuvo el documento de Semarnat (oficio SGPA/DGIRA/DG-06101-21), firmado por la Dirección General de Impacto y Riesgo de la Secretaría (DGIRA), direccionado a la representante legal de Cuzcatlán, Rocío Martínez Lozano con fecha del 14 de diciembre de 2021, el cual “autoriza de manera condicionada, el proyecto en sus aspectos ambientales”.
La prorrogación del proyecto fue concedida por 12 años, siendo que “el tiempo de vida útil será de 10 años” y dos años más para las actividades de cierre.
De acuerdo con el documento resolutivo, el nuevo plazo de vigencia de la explotación minera “comenzará a surtir efectos a partir del día hábil siguiente de que sea recibida [por parte de la empresa] la presente resolución”.
“No quieren consulta”
Si bien Semarnat había garantizado a las comunidades que la consulta era parte del proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) formulada por la empresa, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental argumentó en su documento resolutivo que “dado los antecedentes respecto a la realización de la consulta indígena se concluye que no existe la disposición por parte de las comunidades involucradas para llevar a cabo dicha consulta”.
La conclusión de la Dirección General fue basada en una evaluación que le fue enviada por parte de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST). Según el documento de Semarnat, la postura por parte de autoridades municipales y agrarias integrantes del Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, “en la cual niega la realización de la consulta por parte de Semarnat”, fue pronunciada durante una audiencia realizada el 25 de septiembre de 2021 en Oaxaca.
No obstante, la Dirección General no consideró la decisión y opinión de la UCPAST quien manifestó la necesidad de “respetar la decisión de la comunidades y pueblos indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto, tutelando sus derechos humanos a la autonomía y libre determinación”. Las comunidades demandaban a Semanart la negación de cualquier permiso ambiental que permitiría la continuidad de la explotación de plata y oro en la región.
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Cuando la Dirección General de Impacto y Riesgo sostuvo en su resolución que no era necesario realizar la consulta “dado los antecedentes”, hace referencia al hecho de que los pueblos rechazaron la forma como el gobierno estaba proponiendo llevar el proceso, por ser una “propuesta de consulta exprés, que no preveía proporcionar información necesaria y suficiente para cumplir con la etapa de consulta previa (…)”, manifestaron los pueblos en un comunicado.
También argumentaron que la propuesta de Semarnat no garantizaba la participación de todas las comunidades afectadas, “con el argumento de que únicamente se consultaría a las comprendidas dentro de un área denominada Sistema Ambiental Regional, mismo que fue definido por la empresa minera”.
Las comunidades decidieron, entonces, hacer su autoconsulta y exponer desde sus vivencias los impactos sociales y ambientales que han vivido durante 10 años de explotación minera.
Diez pueblos zapotecas se reunieron en asamblea comunitaria regional, los días 10 y 11 de diciembre, y reafirmaron su rechazo al proyecto minero de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Las diez comunidades presentaron sus actas de asamblea en las cuales han declarado territorio prohibido a la minería y, además, presentaron las firmas de sus ciudadanos en contra del proyecto.
“Decimos a la Semanart que desde nuestro legítimo derecho de libre determinación hemos informado a nuestros ciudadanos y ciudadanas de los efectos que la minería ha traído a nuestros territorios a partir de nuestras vivencias: sufrimos la imposición de la división comunitaria ocasionada por sus actos de compra de voluntades y corrupción de autoridades, violencia y muerte de nuestros hermanos defensores de derechos humanos, contaminación del agua de nuestros ríos y nuestros cultivos con el polvo que genera la minera, la disminución de los mantos freáticos por lo que cada día es más difícil la obtención de agua para nuestros cultivos y consumo humano”, afirmaron.
Otras dos comunidades zapotecas, San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, también se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena de Semanart. En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a las titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunicaron a los representantes del gobierno que ya habían decidido no permitir en sus territorios el proyecto minero.
“Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta”, dijeron las comunidades en un comunicado.
Sin considerar la decisión de las comunidades, la DGIRA, en sus conclusiones, subrayó que, en caso de que las comunidades cambien su postura, y se decida que “es factible desarrollar la Consulta Indígena con base en los protocolos de la legislación aplicable y los estándares mínimos del Convenio 169 (previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada) respecto de las obras y/o actividades que conforman el proyecto, esta pueda ser llevada a cabo por la Semarnaten coordinación con las autoridades competentes”.
Contaminación
Otra de las promesas no cumplidas por Semarnat fue la presentación a las comunidades de estudios para determinar la contaminación de la región por parte de la minera.
De acuerdo con el documento resolutivo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) presentó un análisis técnico a la DGIRA. El órgano advierte que “en fechas recientes, las inconformidades se han extendido a las comunidades vecinas derivado de las denuncias por la afectación al medio ambiente, en particular el accidente ocurrido en la presa de jales, respecto del cual se alega que ha contaminado el agua para uso humano, agrícola y ganadero, en particular con la contaminación del ‘Rio Coyote”.
Dicha opinión tampoco fue llevada en consideración en la decisión de Semarnat.
Una investigación realizada por Avispa Midia reveló estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en los cuales se determina que el Río Coyote fue contaminado con los jales de la minera Cuzcatlán en 2018, los cuales contenían metales pesados por arriba de lo que permiten las normas ambientales.
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Las comunidades solicitaron que fuera proporcionada por parte de Semarnat información “clara y suficiente” de las afectaciones ambientales resultado de la actividad minera.
También pidieron a Semarnat que diera a conocer los lugares donde ha operado la empresa minera realizando excavaciones y rellenos, ya que ésta situación afecta directamente al manto freático de las comunidades que se encuentran en la superficie.
Ninguna de las solicitudes fue atendida.
Las comunidades de San Pedro Apóstol, Ocotlán, San Pedro Mártir y Ejido de San Pedro Apóstol se pronunciaron haciendo referencia a los acuerdos establecidos en una reunión el 6 de octubre con la secretaria del medio ambiente, María Luisa Albores. “Ahí se comprometió a una serie de compromisos que, como decimos, solo se cumplen a medias y de forma superficial, nada que se haga algo que realmente se meta a revisar las afectaciones de la minera”.
Obras sin permiso
Para emitir los permisos para las operaciones de explotación de oro y plata, Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), presentada por la minera Cuzcatlán, cuyo proyecto fue denominado “Actualización de Obras y Actividades”.
De acuerdo con la definición del propio gobierno mexicano, la MIA-R “es un documento con base en estudios técnicos (…) [que] analizan y describen las condiciones ambientales previas a la realización del proyecto con la finalidad de evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas obras (…) pudieran causar al ambiente (…)”.
Contraviniendo a la definición de lo que sería una Manifestación de Impacto Ambiental, la MIA de Cuzcatlán fue realizada no para “analizar las condiciones ambientales previas a la realización del proyecto”, sino para legalizar 73 obras, ya realizadas y en operación, ejecutadas sin previa autorización en materia de impacto ambiental.
De acuerdo con la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) las obras irregulares fueron detectadas por una inspección de vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) - de acuerdo al Acta No. PFPA/26.3/2C.27.5/002-17 - que puso algunas sanciones y amonestaciones administrativas, pero no obligó a la empresa a cerrar, sino le pidió la elaboración de una MIA para la regularización de todas las obras.
Una de las 73 obras, por ejemplo, es el laboratorio de metalurgia. La empresa informó inicialmente a las autoridades ambientales que construiría oficinas, pero “el área no se destinó para habilitar oficinas, sino para habilitar un laboratorio de metalurgiadonde se realiza la preparación de muestras para el control del proceso de beneficio de minerales”, en el cual se manejan substancias químicas contaminantes.
Un segundo ejemplo es el almacén de residuos peligrosos, “donde se concentran, por ejemplo, grasas, gastadas, aceites quemados, estopas y trapos impregnados, botes de aceites, grasas y otros aditivos, etc”.
Un tercer ejemplo es la pileta que se ubica en la parte baja de la presa de jales, cuya operación consiste en captar los escurrimientos de los jales secos que se pudieran generar por efecto de las lluvias. Las aguas que se colectan son enviadas a la presa de jales con ayuda de una bomba eléctrica.
En el acta de inspección hecha por Conagua en las instalaciones de la minera Cuzcatlán, conforme apunta investigación de Avispa Midia, algunos días después del derrame de jales en el río El Coyote, en 2018, los técnicos del órgano ambiental relatan que debido a las lluvias se rebasó la capacidad de esta pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de jales secos.
“Los dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la empresa, según consta en el expediente de este caso, documentado en la investigación.
No se consideró afectaciones de flora y fauna
En el documento resolutivo de Semarnat consta parte del análisis técnico de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) sobre la MIA de la minera Cuzcatlán. Uno de los puntos subrayados por el órgano es que “tampoco se describen las afectaciones a la flora y fauna causadas por las obras no autorizadas”.
En sus conclusiones para justificar la aprobación de la MIA, la Dirección General de Impacto y Riesgo sostiene que “si bien, no se consideraron las posibles afectaciones a la flora y fauna presentes en los sitios donde se desarrolla el proyecto,en virtud de que las obras y actividades ya se encuentran en operación, en este sentido, se condicionará a la promovente [Cuzcatlán] para establecer un programa de monitoreo constante del comportamiento de las especies presentes en la zona”.
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La DGVS apunta también que, en cuanto a la vinculación del proyectocon los ordenamientos jurídicos, ambientales y de planeación, Cuzcatlánpresenta argumentos que son “inadecuados y faltos de claridad”. Aunado a ello, la MIA presentadano considera el traslape de la minera con las regiones, “áreas o sitios prioritarios para la conservación de especies y hábitat”, que si bien no son obligatorios “pudieran ser de relevancia para considerarse adecuadas, tomando en cuenta que el estado de Oaxaca es el estado con la mayor biodiversidad del país”.
La Dirección General de Vida Silvestre señaló todavía que “falta detallar cada una de las medidas que prevengan, mitiguen, compensen o remedien cada uno de los impactos generados”.
¿Error tipográfico?
Fortuna Silver Mines, desde Canadá, sostuvo por medio de un comunicado publicado el 4 de febrero que recibió un aviso de la Semarnat en el cual el órgano ambiental comunica que ha cometido un error tipográfico en la ampliación del plazo de explotación de la Mina San José. Es decir, que la prórroga es de 2 años y no 12 años como consta en el documento resolutivo.
Minera Cuzcatlán “considera que el aviso fue emitido por la oficina local [de Oaxaca] de Semarnat por error”, dijo la empresa en su comunicado.
La minera Cuzcatlán “está trabajando con las autoridades para resolver este asunto. Asimismo, minera Cuzcatlán ha iniciado un proceso judicial en la Corte Federal para impugnar y revocar dicho error tipográfico”.
Avispa Midia solicitó a la Semarnat una entrevista para aclarar el tema. Después de diversos intentos fue direccionada para el área de gestión de la secretaría. Según informó la funcionaria Rocío Palacios, esta área direccionó la solicitud de entrevista al área de comunicación social de Semarnat. Otra funcionaria, Érica Flores, dijo que no había previsión de respuesta debido al gran volumen de trabajo. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
