El pasado lunes (20), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) otorgó un permiso ambiental a la empresa petrolera brasileña, Petrobras, para iniciar perforaciones en fase de exploración de petróleo en la cuenca sedimentaria de la desembocadura del río Amazonas, que se extiende desde el estado de Amapá hasta Río Grande del Norte. Los órganos ambientales del Estado justifican que estás operaciones se realizarán a una distancia de 500 kilómetros del gran caudal. Dos días después de aprobar esta licencia, se pidió ajustar los permisos para autorizar otros tres pozos que no estaban contemplados.
De acuerdo con declaraciones de Petrobras, la sonda que será utilizada en esta exploración ya se encuentra en la región del denominado bloque FZA-M-059, donde se aprobó perforar y explorar el pozo Morpho y donde se pidió incluir a los pozos denominados Manga, Maracujá y Marolo, que se encuentran en aguas profundas del estado de Amapá, aproximadamente a 175 kilómetros de la costa. Está previsto que la perforación comience “de inmediato”, puntualizó la empresa.
Acorde a un comunicado de Ibama, la perforación inicial tendrá una duración estimada de cinco meses. La petrolera ha aclarado que en esta fase no se extraerá petróleo, sino que se recabarán datos geológicos para evaluar la existencia de hidrocarburos en cantidades comercialmente viables.
Por su parte la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, ha defendido el proyecto destacando que su importancia gira en torno a una cuestión de “soberanía energética” y “seguridad energética” para Brasil. Además, insiste en que la distancia hacia la cuenca Amazónica no afecta directamente el bioma Amazónico.
En contraposición, Suely Araújo, ex presidenta del Ibama y actual coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima, arremetió contra esta determinación asegurando que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “acaba de enterrar su pretensión de liderazgo climático en el fondo del océano, en la desembocadura del Amazonas”.
Esta concesión petrolera se ha liberado justo a unos días de que se lleve a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), por primera vez en la región Amazónica, en Belém, estado de Pará, una ciudad que también es utilizada como base por Petrobras.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas han respondido muy rápidamente, sobre todo, quienes se preparan para la 30 edición de la COP han alertado que, mientras Brasil se proyecta como anfitrión y líder de esta cumbre, contradictoriamente avanza de manera acelerada en expandir la industria petrolera en este ecosistema crítico para el planeta entero.
Por otra parte, la coalición Observatorio del Clima, tachó la autorización de "doble sabotaje", ya que por un lado se sigue apostando en el uso de combustibles fósiles y, con ello, a un mayor calentamiento global que a su vez se contrapone con el objetivo central de la COP30: la eliminación progresiva de este tipo de combustibles.
Esta decisión compromete gravemente la credibilidad de las negociaciones climáticas y el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5° grados centígrados. Un estudio citado por la organización ambientalista AIDA alerta que la quema del petróleo existente en la desembocadura del río Amazonas podría liberar hasta 4.7 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO₂), una cantidad mayor que todas las emisiones acumuladas por Brasil en los últimos cinco años.
Esta licencia no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de expansión de la frontera extractiva. En junio de 2025, la Agencia Nacional de Petróleo adjudicó 19 bloques en la misma región a grandes multinacionales como Chevron, ExxonMobil y la Corporación Nacional de Petróleo de China, además de la brasileña Petrobras.
Denuncia legal
Al menos ocho organizaciones y redes de ambientalistas han recurrido a una demanda legal contra la emisión de esta licencia, alegando al menos tres vicios en el permiso del Bloque FZA-M-59, concedida por Ibama tras cuatro años de presión y en contra de sus propios dictámenes técnicos.
Estas organizaciones, que tienen un peso político importante en el país y representan a indígenas, quilombolas (comunidades descendientes de africanos que se rebelaron y huyeron de la condición de esclavos), pescadores y el movimiento climático global, entablaron una acción judicial de alto calibre contra el Congreso, Ibama y la empresa Petrobras. El objetivo: anular de inmediato la licencia de operación del Bloque FZA-M-59, en la desembocadura del Amazonas. Del mismo modo, pretenden paralizar las perforaciones que, según la petrolera, ya comenzaron.
Los tres pilares que sostienen la acción judicial, alegan que el proceso ignoró por completo la presencia y los derechos de pueblos indígenas y comunidades tradicionales. No se realizó el Estudio de Componente Indígena, exigido incluso por el órgano de gobierno, Fundación Nacional del Indio (Funai).
Así mismo, los activistas argumentan que se violó flagrantemente el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, garantizado por el Convenio 169 de la OIT, ya que la región de influencia del proyecto alberga tierras indígenas, territorios quilombolas, colonias de pescadores, reservas extractivas y rutas de navegación esenciales para estas poblaciones.
El corazón técnico de la denuncia se centra en los estudios de modelización de derrames presentados por Petrobras. Según los demandantes, la empresa usó datos hidrodinámicos desactualizados del año 2013, a pesar de tener información más reciente. El modelo no considera factores críticos de la región, como las corrientes subsuperficiales y los sedimentos en el agua. La falla más grave identificada es que, en un escenario de explosión, el 20% del petróleo se hundiría, impactando directamente el Gran Sistema Arrecifal Amazónico, un ecosistema único y vital que sirve como criadero de peces para la economía local.
La demanda enmarca el proyecto en el contexto global de la crisis climática. Citando a la Agencia Internacional de la Energía, recuerda que no se deben autorizar nuevos proyectos de combustibles fósiles para mantener la meta de 1.5° grados centígrados de calentamiento global. El Bloque FZA-M-59, donde se ubica el pozo “Morpho”, es apenas la punta de lanza de una nueva frontera petrolera, con otros 27 bloques en diferentes fases de licitación. Abrir esta frontera, argumentan las demandantes, “es impulsar más emisiones en plena emergencia planetaria".
