Por lo menos 15 organizaciones mexicanas vinculadas a la defensa del territorio manifestaron en la última semana su rechazo a la decisión de la empresa minera canadiense Almaden Minerals Ltd. de solicitar un proceso de arbitraje contra el Estado mexicano. La solicitud de la minera ocurre después que la comunidad nahua y ejido Tecoltemi, del municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, lograra la cancelación definitiva de dos concesiones para explotar oro y plata a cielo abierto en este municipio, afectando a por lo menos 20 comunidades nahuas.
El proceso de arbitraje fue solicitado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un mecanismo del Banco Mundial.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó, después de ocho años de batalla legal, las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, argumentando que las actividades de la empresa habían afectado el derecho humano al territorio, a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento de las comunidades nahuas.
Almaden Minerals Ltd. exige al Estado mexicano una indemnización de 200 millones de dólares por no concretarse su proyecto minero. Ha anunciado también que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), concluyeron a través de diversas evaluaciones que la minera ocasionó en la zona graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos. “Las actividades de Almaden Minerals Ltd. han generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa”, sostienen las organizaciones en un comunicado.
Exigen, junto con la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, organización que llevó a cabo la lucha contra la minera, que las autoridades mexicanas consideren para el procedimiento de arbitraje las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que la empresa minera generó en el territorio.
Demandan que las autoridades competentes - Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador -, atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, así como la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.
Solicitan, además, al Tribunal de Arbitraje del CIADI facilite que la Unión de Ejidos presente su opinión escrita como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente.
“Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerlas Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”, agregan las organizaciones.
