por Darío Aranda
La forma de aprobar los transgénicos en Argentina es poco transparente e incompleta, desoye convenios internacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas. Así lo confirma una investigación de la Auditoria General de la Nación (AGN), que confirmó lo mismo que denuncian desde hace décadas organizaciones campesinas y socioambientales: el Estado argentino aprueba los transgénicos en base a estudios de las mismas empresas que los venden (el Estado no realiza análisis propios), no se tienen en cuenta los impactos sociales y ambientales, y se pone en riesgo la biodiversidad. En Argentina se aprobaron 60 transgénicos y ocupan más de 30 millones de hectáreas.
“Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados”, es el nombre del informe de 210 páginas de la AGN. Analizó la actuación entre 2015 y 2018 del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente. Cuenta con un apartado especial sobre la forma que se aprueban los transgénicos en Argentina, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia).
“Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los OGM”, afirma la Auditoria General de la Nación, y detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena (instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología).
Detalla que la Dirección de Biotecnología (a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia) suministró a la AGN información “en formato borrador” y “ambigua” referida al proceso de autorización de los transgénicos. Y cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase del proceso para la autorización de transgénicos.
Desde hace años que académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales cuestionan que el Gobierno aprueba los transgénicos en base a lo publicitado por las compañías. Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) presentan una soja o maíz transgénico. Aportan al expediente supuestos estudios de inocuidad y los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si las empresas dicen la verdad o no.
“La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada”, destaca la Auditoría. Y ni siquiera existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información: “No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante”.
Desde 1996 a la actualidad se aprobaron en Argentina 60 eventos transgénicos (soja, maíz, papa, algodón, cártamo y alfalfa). Las empresas beneficiadas son Syngenta, Bayer-Monsanto, Bioceres/Indear, Dow Agroscience, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras. La aprobación de semillas transgénicas es el primer paso de una cadena que luego incluye desmontes, desalojos, uso masivo de agrotóxicos, agotamiento de suelos, concentración de tierras en pocas manos.
Carla Poth es docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento. Su tesis doctoral hizo foco en la forma de aprobar los transgénicos en Argentina y no tiene dudas: “El marco regulatorio de aprobación de OGM es muy deficiente pero no por ignorancia, sino por complicidad. La conformación de la Conabia, con cámaras empresarias y científicos afines, priorizan los intereses y ganancias privadas por sobre los afectados por estas tecnologías. No hay una sola voz crítica dentro de la Conabia”.
La investigadora recordó que al momento de aprobar un transgénico el Estado no considera el uso de agrotóxicos que acompaña la semilla, no mide el impacto ambiental (en bosques, animales, aire, agua, suelos) y tampoco se evalúa el impacto en los alimentos. “La Conabia tiene una mirada cortoplacista, totalmente afín al mercado, donde se prioriza la necesidad comercial y no de la población”, afirmó Poth.
La AGN confirma que la Conabia actúa en las sombras, sin ningún tipo de participación ciudadana: “Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población”. Tan desprolija es la forma de aprobar los transgénicos que la Auditoría cuestiona que ni siquiera se especifica qué dependencias del Senasa (Servicio de Sanidad Agroalimetaria) y del Inase (Instituto Nacional de Semillas) deben controlar la experimentación de OGM (resolución 701/11 del Ministerio de Agricultura). Tampoco se explica cuáles son los aspectos a controlar y los criterios a tener en cuenta. La AGN afirma que, ante las irregularidades y los baches de información, “se afecta la transparencia del procedimiento (de aprobación)”.
El informe de la AGN, fechado en Mayo pasado, también confirma que los transgénicos se aprueban en base a estudios de las mismas empresas: “En el procedimiento de evaluación de OGM de segunda fase se encontró que dicha evaluación no incluye pruebas experimentales (en laboratorio) y sólo se realiza documentalmente, a través de una comparación bibliográfica con lo informado por el solicitante”.
Cuestiona que la Dirección de Biotecnología, espacio clave para las multinacionales del agro, “no cuenta con un manual de procedimientos para la realización de evaluaciones ni con una base de datos e información bibliográfica utilizada para el análisis de riesgos y sus componente”. También cuestiona que al momento de aprobar un transgénico “no se contempla en los mismos el impacto social”. Y denuncia que en ningún momento se realizan audiencias públicas para obtener miradas de otras disciplinas del conocimiento.
La Conabia es fundamental en la aprobación de transgénicos. Es el ámbito que realiza la “evaluación técnica-científica” de las semillas presentadas. Se creó en 1991 y durante 23 años (2014) fue secreta su composición. Nadie podía saber quiénes autorizaban las semillas clave del agro. El periódico Mu (de la Cooperativa La Vaca) obtuvo en 2014 el listado secreto: de 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
La Auditoría General de la Nación suma ahora un dato insólito: el quórum de la Conabia se obtiene con sólo cinco integrantes presentes. Un puñado de personas puede decidir qué nueva semilla inundará los campos argentinos. La AGN cuestiona que la Dirección de Biotecnología no proveyó el listado de integrantes actuales.
La Auditoría resalta la preocupación de la ausencia total de control por parte Estado luego de la aprobación de los transgénicos. Lo que se aprueba en las oficinas del Ministerio de Agricultura luego no es evaluado por su impacto real en los campos: “El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los organismos genéticamente modificados (OGM) posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas”.
Además de violar leyes nacionales, la forma de aprobar los transgénicos incumple tratados internacionales. En las conclusiones de la Auditoría se destaca: “Argentina no ha adoptado los dos instrumentos internacionales de referencia. El Protocolos de Cartagena y el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pese a la importancia que tienen las actividades con transgénicos en todo el territorio nacional”.
La AGN solicita que la Dirección de Biotecnología y la Conabia hagan públicas las decisiones respecto a los pedidos de aprobación de transgénicos, que dé participación a la ciudadanía y realice consultas púbicas. Solicita que se dé especial participación, incluso con representantes dentro de la Conabia, a los pueblos originarios y a comunidades locales “a los fines de considerar la perspectiva social en las evaluaciones impacto” de los transgénicos. También remarca la necesidad de la inclusión de aspectos ambientales en todo el proceso de aprobación de transgénicos. Destaca que la aprobación de OGM pone en riesgo la biodiversidad del país.
