Los movimientos estudiantiles y populares, campesinos, organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua, que componen la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, llamó el jueves (31) a intensificar la resistencia contra la represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. “Hacemos un llamado a intensificar las diferentes formas de protestas pacífica: intensificar la lucha por la autonomía universitaria, reforzar y reorganizar tranques (barricadas), reforzar centros de acopio y reforzar expresiones de solidaridad y apoyo”, sostiene la Alianza en un comunicado. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha confirmado, hasta la tarde del 31 de mayo, que el saldo ha aumentado a 108 muertos, en 43 días de represión del Estado a las protestas.
El llamado de la Alianza fue hecho un día después del ataque a una gigantesca manifestación en el día de las madres en Nicaragua, 30 de mayo, encabezada por las madres de las victimas de la represión de abril (movimiento “Madres de Abril) en el país. El ataque ha dejado 88 heridos y al menos 16 muertos en diferentes ciudades del país, según el recuento actualizado el 31 de mayo del CENIDH.
“La simulación del gobierno del Presidente Daniel Ortega ha alcanzado niveles de perversión inconcebibles. Por la mañana su gobierno firmaba un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas hasta ahora, y por la tarde atacaba violentamente una marcha multitudinaria convocada por las madres de jóvenes ejecutados en el contexto de las protestas”,
ERIKA GUEVARA ROSAS, DIRECTORA PARA LAS AMÉRICAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL.
Las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril en respuesta a las reformas gubernamentales que subieron las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social, y al mismo tiempo recortaron las prestaciones.
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Sólo en los cinco primeros días de protesta, la Cruz Roja Nicaragüense habría atendido a más de 400 heridos, de los cuales 235 ameritaron ser trasladados a unidades de salud, de acuerdo con el informe Disparar a Matar: Estrategias de Represión de la protesta de Nicaragua, presentado el 29 de mayo por la Amnistía Internacional (AI). Asimismo, 311 del total de las atenciones habrían sido brindadas en Managua, principalmente en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), una de las zonas que registró el mayor número de agresiones contra manifestantes en todo el país.
Con base en material audiovisual presentado por la AI, se corroboró igualmente el uso de armas de fuego por parte de la policía los primeros días de la protesta en las inmediaciones de la UPOLI. Las imágenes muestran a un grupo de policías (fuerzas antimotines y Policía Nacional) con escopetas y dos armas de fuego. Al menos en una ocasión la Policía detonó munición letal, a pesar de que no se percibe ninguna amenaza en contra de ellos. Este hecho habría ocurrido durante la noche.
Entender el contexto
El contexto político de Nicaragua huye de la tradicional categorización en el rol político de las fuerzas de izquierda o derecha. Para parte de lo que se considera izquierda política institucionalizada de América Latina, las protestas en Nicaragua siguen el guión de un golpe impulsado por los Estados Unidos contra Ortega, actual líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), heredero del movimiento sandinista que derrocó a la dinastía Somoza del poder en Nicaragua en 1979.
En entrevista para TeleSur, por ejemplo, analistas internacionales, como Sandino Asturias, Adolfo Pastrán y Ernesto Wong, indican que las protestas se encuentran en un nuevo plan injerencista de Estados Unidos, como una reedición del guión de derecha que se ha utilizado en Venezuela para provocar un cambio de gobierno.
Pero la realidad actual es mucho más compleja. Rigo del Calvario López, entrevistado por Avispa Midia, formó parte de la guerrilla sandinista en los años 1970. Hablar del sandinismo para este viejo ex-guerrillero en tiempos del presidente Daniel Ortega es un tema de nostalgia y de rabia.
“El ser sandinista era aprender de los principios del general Augusto César Sandino, que entre los años 1926 y 1933 dirigió la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Él no quiso ser ni terrateniente ni presidente. Nosotros en el programa original del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) agregamos que no queríamos ser ni empresarios ni millonarios y ni mucho menos presidentes. Sucedió todo lo contrario, se hicieron terratenientes, presidentes, empresarios y millonarios. Sólo utilizan la bandera rojinegra para cobijarse, y eso no es ser sandinista”,
COMPARTE CALVARIO.
Además, la ola de violencia por parte del Estado que es injustificable y mucho menos, defendible. Nicaragua ha estado gobernada durante tres mandatos consecutivos por el presidente Daniel Ortega, desde 2007. Su esposa, Rosario Murillo, ostenta el cargo de vice-presidenta desde enero de 2017. Durante los últimos años, de acuerdo con el informe de la AI, los síntomas de deterioro de la situación de derechos humanos han sido cada vez más visibles. “Al respecto, en la víspera de las elecciones presidenciales del 2016, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el retroceso que Nicaragua estaba experimentando ‘rápida y peligrosamente a algunas de las épocas más oscuras vividas en el país en decenios’”, consta en el documento.
Un equipo de Avispa Midia intentó, en las vísperas de las elecciones, entrar en Nicaragua, pero las autoridades de migración, al tomar conocimiento de que era un equipo de periodistas internacionales, negó la permanencia en el país.
La violación del derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica ha sido una acción reiterada del gobierno del presidente Daniel Ortega, que diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado. La represión violenta de marchas y el hostigamiento sufrido por representantes, líderes y lideresas de las comunidades campesinas ha sido también porque se oponen al megaproyecto del Gran Canal Interoceánico, fueron y siguen siendo objeto de reiteradas denuncias de organizaciones nicaragüenses y de Amnistía Internacional.
AI hace un recuento en su informe sobre los primeros hechos. El 16 de abril de 2018 el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobó la reforma al sistema de seguridad social, la cual fue ratificada al día siguiente por el presidente Daniel Ortega a través del Decreto Presidencial 2018, publicado en La Gaceta Oficial de 18 de abril del 2018.
Entre otras modificaciones, la reforma suponía un aumento en las cotizaciones al seguro social de las personas empleadoras y trabajadoras, y una contribución adicional del 5% en el caso de las personas pensionistas. Estas medidas fueron consideradas por los sectores afectados como un agravio a sus derechos. La falta de consulta y de transparencia en la negociación de las modificaciones al esquema de la seguridad social acrecentó el descontento. Como consecuencia, miles de personas se manifestaron en señal de protesta en Managua y otras ciudades del país como Bluefields, León, Estelí, Ciudad Sandino y Masaya.
Desde el primer día de protestas, el 18 de abril de 2018, la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y las acciones de violencia ejercida por grupos afines al gobierno o parapoliciales contra los manifestantes, mayoritariamente estudiantes, fueron denunciadas a través de las redes sociales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Ese día se registró un ataque por grupos parapoliciales contra estudiantes en la Universidad Centroamericana (UCA).
El 19 de abril de 2018, estudiantes de diversas universidades se sumaron a las protestas. El día finalizó con un saldo de al menos tres personas fallecidas, entre las que estaban un estudiante y un agente policial, y decenas de heridos. Las marchas se multiplicaron en otros departamentos de Nicaragua y se reportó que las autoridades bloquearon la transmisión de al menos cuatro medios de comunicación.
Universidades como la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Agraria (UNA) se tornaron en bastiones desde los cuales cientos de jóvenes se protegieron de las agresiones de la fuerza pública y grupos parapoliciales. El 21 de abril de 2018, se informó del asesinato del reportero Ángel Gahona en Bluefields, y otros nueve periodistas heridos.
Al día siguiente se reportaron ataques de la Policía Nacional contra estudiantes resguardados en la UPOLI. Como resultado, seis personas fueron lesionadas y una más muerta. Ese mismo día, el presidente Daniel Ortega anunció la revocación de las reformas al sistema de seguridad social, sin pronunciarse sobre la muerte de las personas manifestantes. Desde entonces la represión viene en aumento.
Las estrategias de represión
Entre los elementos mencionados por la AI como parte de esta estrategia de represión están: el discurso oficial de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, así como de la estigmatización por parte de los niveles más altos del gobierno de las personas que se manifiestan públicamente; la utilización de grupos parapoliciales con el fin de cometer ataques, ampliar su capacidad represiva, y operar con mayor facilidad al margen de la ley; el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de sus cuerpos antimotines; la posible ejecución extrajudicial de personas, tanto a través de la Policía como de grupos parapoliciales; los posibles actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación a través de la falta de realización de diligencias iniciales básicas y cruciales para el éxito de la misma; la denegación de la atención médica en hospitales públicos; así como los intentos de control de la prensa, con el fin de ocultar la realidad y limitar la libre expresión.
A continuación, se detallan algunos de estos puntos, basados en el informe de AI.
Negación de la represión por parte del Estado
El día 19 de abril de 2018, tras reportarse las primeras tres personas fallecidas a manos de las fuerzas del Estado, la vice presidenta Rosario Murillo, expresó ante los medios de comunicación que los grupos de personas que se manifestaban, eran grupos “minúsculos” que atentaban “contra la paz y el desarrollo, con intereses y agenda política, egoísta, tóxica, (y) llena de odio, [...]” los cuales habían fabricado las muertes denunciadas ese día, como estrategia contra el gobierno. Expresó también que “estos corazones enfermos, cargados de odio, y pervertidos, no pueden sembrar el caos y negar a todas las familias nicaragüenses la tranquilidad que gracias a Dios tenemos”.
Asimismo criticó la manipulación de los medios de comunicación expresando que eran “los promotores de violencia, que con cobardía y premeditación se ocultan de las cámaras que ellos mismos llevan”, y alertó que el gobierno no permitiría provocaciones.
El día 21 de abril, el presidente Ortega, se pronunció por primera vez de manera pública sobre las protestas asegurando que los inconformes eran “asesinos, que andan con armas de guerra, cuando caen en combate con el Ejército o con la Policía, entonces, pobrecitos, hay que ir a los Derechos Humanos, para pedir por ellos”. Y sentenció que las protestas estaban siendo manipuladas por “grupúsculos políticos que aprovechan cualquier pretexto para sacarle provecho político”.
A pesar de que el número de personas fallecidas en el marco de la represión policial aumentaba cada día, ni el presidente Ortega ni la vice presidenta Murillo lamentaron las muertes de los participantes de la protesta. Ello, hasta el día 30 de abril de 2018, cuando el jefe de Estado expresó su solidaridad con las personas que perdieron a un ser querido en los actos de violencia, y llamó a guardar “un minuto de silencio, recordando a los fallecidos, [...] pero sobre todo, comprometiéndonos a que la violencia no vuelva a instalarse en nuestra Patria.
Parapoliciales
AI ha recibido información confiable que indica que el gobierno nicaragüense ha utilizado grupos de personas particulares armados o grupos parapoliciales, que actúan en coordinación, o con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, en especial la Policía Nacional. Según tal información, el gobierno estaría utilizando esta táctica “de choque” a través de particulares, como una estrategia de ataque que dificulta la posterior identificación de los responsables de violaciones de derechos humanos y multiplica su capacidad represora.
Académicos y personas defensoras de derechos humanos definen estos grupos Parapoliciales (comúnmente conocidos como “turbas sandinistas”) como grupos de simpatizantes del partido en el gobierno de composición diversa, conformados entre otros, por integrantes de la actual “Juventud Sandinista” y grupos de los llamados “motorizados”, debido a que se transportan en motocicleta y realizan agresiones portando cascos. Estos grupos se identifican en ocasiones con camisetas u otras prendas de vestir alusivas al gobierno.
A través del análisis de imágenes y vídeos, la recolección de más de 30 testimonios de testigos y víctimas de hechos de violencia, y de la documentación de casos, AI ha tenido conocimiento de que estos grupos parapoliciales, habrían sido utilizados por el gobierno para generar caos, llevar a cabo amenazas y agresiones y operar al margen de la ley a la que está sometida la fuerza pública en el marco del control de manifestaciones, incluyendo el posible asesinato de personas.
La aquiescencia estatal con la que estos grupos actúan se manifiesta, en primer lugar, en el hecho de que la mayoría de los ataques se cometen por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos y, en segundo lugar, en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva, sino que permite su huida y dispersión.
Omisión de los exámenes médicos
En relación a la conducción de las autopsias, de los nueve casos documentados por AI, en cuatro no se habría practicado la autopsia. Dos de los casos en los que sí se llevaron a cabo, sus autopsias fueron realizadas 13 días después de su asesinato, tras la exhumación de los cuerpos, y gracias a la insistencia de las familias.
Sin resguardo de pruebas
Resguardar y preservar correctamente la escena del crimen es uno de los aspectos más importantes para asegurar una investigación imparcial y efectiva. El estándar internacional señala que en este tipo de casos, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación.
Sin embargo Amnistía Internacional observó que en la mayoría de los casos documentados, la escena del crimen no habría sido preservada (cuando ello era posible), ni se habría levantado evidencia de forma pronta, exhaustiva ni garantizando la cadena de custodia.
En al menos dos casos, las familias denunciaron para Amnistía Internacional que se había eliminado la evidencia en la escena del crimen. Según los videos analizados por la organización, a la mañana siguiente de los asesinatos de Orlando Pérez y Franco Valdivia, varias personas limpiaron con una manguera y cubos de agua los rastros de sangre y demás evidencia.
En el caso del joven Cristhiam Cadenas, cuyo cuerpo habría sido hallado al interior de un edificio incendiado en la ciudad de León, la Policía no habría preservado la prueba (las vestimentas), ni garantizado la cadena de custodia. Al momento de la entrevista con Amnistía internacional, su hermano Alexander Sarria Cadenas, explicó que la policía le mostró el pantalón de su hermano semi quemado por un lado, y un cuerpo quemado e inidentificable por otro. A pesar de que Alexander Sarria identificó la ropa, no estaba plenamente seguro de que se tratara de su hermano, ya que no se le practicó un examen de ADN para verificar la identidad. Además, según Alexander, el cuerpo se encontraba sin piernas, brazos, ni dentadura.
Sin embargo, el médico forense le refirió que había fallecido por inhalación de humo sin ofrecer mayor explicación.
Censura
La censura, los ataques y las amenazas a los medios de comunicación y periodistas, por parte de las fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, fueron reportadas reiteradamente durante las protestas. En ese sentido, el 19 de abril de 2018, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telecor), habría ordenado sacar del aire el Canal 100% Noticias, el Canal 12, el Canal 23 y el Canal 51. Asimismo, una radio en León, Radio Darío, fue incendiada el 20 de abril.
Diálogo Nicaragua
Las conversaciones que movimientos y organizaciones sostienen con el gobierno de Ortega fueron suspendidas por la Iglesia católica, que actúa en el proceso como mediadora y testigo, después de la masacre del Día de las Madres. “En su momento, aceptamos ir a un Diálogo Nacional a pesar que no habían condiciones, ni voluntad política del régimen, lo que se expresa en el tiempo perdido en discusiones estériles sin entrar a los temas torales del diálogo: Justicia y Democratización”, manifestó la Alianza en su comunicado.
“Seguimos creyendo que el Diálogo Nicaragua sigue siendo una vía para encontrar una salida pacífica a la crisis. No obstante, después de los últimos acontecimientos, solo será posible seguir dialogando si se cumplen las condiciones planteadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y si se cuenta con garantes internacionales independientes”.
