En portada: Activistas franceses de Attac pintan con spray la sede parisina de Bayer AG para protestar por su producción de pesticidas dañinos para el medio ambiente en París, el jueves 14 de marzo de 2019. Foto de AP - Francois Mori
La empresa Monsanto -adquirida en 2018 por el grupo farmacéutico alemán Bayer AG- no sólo danza en la polémica por producir, vender y distribuir herbicidas que podrían ser cancerígenos; pues, prácticas cuestionables de almacenamiento de información personal de varias figuras y la multa que se les impuso por dicha acción los ha convertido en acreedores de miradas de todo el mundo.
Contextualizando la situación, Monsanto es, a nivel mundial, el principal productor de glifosato, una sustancia cuyo uso ha sido cuestionado fervientemente dado que podría resultar cancerígena. Por ende, innumerables debates se han desatado para determinar si el herbicida en cuestión debería ser vetado o no de los campos del mundo.
La ya de por si controversial situación se intensificó en Francia (2019), cuando fue traído a la luz el hecho de que Bayer-Monsanto poseía un fichero en el que figuraban políticos, periodistas, activistas e incluso empleados de la misma empresa que se encontraban -o podían declararse- en contra de los productos fabricados por la empresa. Los ficheros se constituyen con datos tales como número telefónico (móvil y fijo), dirección de correo electrónico y redes sociales, lugar de trabajo (y puesto que desempeñan dentro de este) y una calificación (que va del 1 al 5) referente al nivel de influencia que podrían ejercer sobre la sociedad al emitir una opinión -a favor o en contra- acerca de los productos Bayer-Monsanto.
Las siete demandas hacia Monsanto, principalmente dirigidas por implicados, llevaron este caso al escrutinio del regulador francés CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades), quien después de un arduo análisis decidió hace dos días que Monsanto debería de pagar una multa de 400 mil euros, pues pese a que la información de los agraviados fue recabada de manera legal por los subcontratistas, la irregularidad radicó en que Monsanto no cumpliera con la obligación de informar a las personas registradas en su fichero de que su información se encontraba documentada y almacenada por ellos.
En total fueron 200 actores los que conformaban el fichero franco; no obstante, un fichero que engloba a toda la Unión Europea encasilla aproximadamente 1400 nombres.
La postura adoptada por Bayer respecto a la multa es rígida. La empresa cuestiona el castigo y se muestra abiertamente en desacuerdo con la penalización, refiriendo que en ningún momento se usaron medios ilícitos para conseguir la información de los personajes, ya que toda esta se encontraba pública.
Es indudable que la moneda que dará una respuesta contundente a prescindir al uso de glifosato sigue en el aire y por ende las disputas continuarán. Al menos en México, un decreto federal ordena que para el 2024 los campos mexicanos tienen que estar totalmente libres de glifosato; sin embargo, existe una guerra legal por amparos de algunas empresas que se niegan a abandonar estas practicas nocivas.
Con información de En Vivo, El Economista y Agencia EFE.
